La Ley 23.492 de Punto Final argentina, entra en vigor el 22 de Febrero de 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas (que involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos) que tuvieron lugar durante la dictadura militar genocida del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de 1976-1983.
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