El 29 de diciembre de 1990, en Buenos Aires, se producía uno de los hechos mas vergonzosos de la política argentina, ese día el Presidente Carlos Saúl Menem firmaba los indultos a guerrilleros de los años '70 y a los militares condenados en los juicios a las juntas. (EH)

Luego que Alfonsín formara la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) y promoviera el Juicio a las Juntas del gobierno de facto y a los militares acusados de crímenes de lesa humanidad parecía que un manto de justicia cubriría la nación. En el exterior se tomó esta política de derechos humanos como revolucionaria y ejemplificadora, inspiró decenas de procesos similares en el mundo como el de Yugoeslavia, sin embargo en el país se comenzó a diluir rápidamente. Los planteos militares a Alfonsín derivaron en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida pero lo peor estaba por venir. El flamante presidente Carlos Saúl Menem no estaba dispuesto a soportar un nuevo levantamiento militar, pero lejos de enfrentarlos con firmeza, echó por tierra lo poco que quedaba de los juicios a las juntas. El 7 de octubre de 1989 da un primer paso indultando a los guerrilleros que figuraban como muertos o desaparecidos, a guerrilleros uruguayos, a militares de rangos bajos y medios que habían quedado excluidos de las leyes de punto final y obediencia debida, a los militares sublevados de Semana Santa, Monte caseros y Villa Martelli, y a los condenados por delitos en la conducción de la Guerra de Malvinas incluidos Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo. Los medios hegemónicos no se comprometieron con el momento histórico y hablaban por medio de las palabras del presidente, al que apoyaban abiertamente, y en sus páginas se leía la palabra "pacificación" como si fuera mágica y no un deseo aspiracional vacío. La sociedad pareció anestesiada, escasas movilizaciones y protestas le dieron el marco a la estocada final a la justicia. El 29 de diciembre de 1990, el presidente Carlos Saúl Menem firma los decretos 2741/42/43/44/45/46-90 en los que indultaba a los guerrilleros de izquierda y derecha Mario Eduardo Firmenich, Norma Kennedy y Duilio Brunello, al ex-ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, a los genocidas Guillermo Suárez Mason, Ramón Camps y Ovidio Riccheri, y a los integrantes de las juntas Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando Lambruschini. Hubo que esperar hasta 2003 para que se diera el primer paso para que la política y la justicia pagaran su deuda con la sociedad, el primero fue que el Congreso nacional declarara la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, esto hizo que se reabrieran varios juicios. Estos nuevos procesos llegaron a la Cámara de Casación penal que dio el golpe de knock out a la impunidad cuando declaró que los indultos concedidos en delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales, esto fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia que obligó a los condenados a cumplir las penas aplicadas.