El 20 de junio de 2007, la provincia de Mendoza sancionó la emblemática Ley 7.722, una norma clave en la legislación ambiental argentina.

Esta ley prohíbe el uso de sustancias químicas peligrosas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en los procesos de minería metalífera, incluyendo cateo, prospección, exploración, explotación e industrialización. Su objetivo principal es proteger los recursos naturales, especialmente el agua, y garantizar que toda actividad minera cumpla con principios de sustentabilidad ambiental. Además, establece que los proyectos mineros deben contar con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ratificada por ley, y que los municipios y organismos como el Departamento General de Irrigación deben participar activamente en la evaluación. La Ley 7.722 ha sido objeto de intensos debates y movilizaciones sociales, convirtiéndose en un símbolo de la defensa del agua en Mendoza.