Cuando Alejandro Orfila asumió la gobernación de Mendoza, el 6 de febrero de 1926, no solo inició la tercera y última etapa del radicalismo lencinista: también intentó transformar una provincia dominada por la vid en una potencia minera y petrolera. Su administración retomó las políticas sociales impulsadas por José Néstor Lencinas, pero dirigió una mirada estratégica hacia el subsuelo mendocino, donde el petróleo aparecía como una posible fuente de empleo, ingresos fiscales y diversificación económica. La Dirección de Minas, Petróleo y Geología quedó en manos de Francisco J. Muñiz, empresario con intereses mineros, mientras el ministro de Industrias y Obras Públicas, José E. Aguilar, anunció que los hidrocarburos serían uno de los grandes ejes de la política económica provincial. Existía, sin embargo, un obstáculo decisivo: el Código de Minería impedía que las provincias exploraran o explotaran directamente esos recursos. Por eso, el gobierno debía atraer compañías y sindicatos privados que poseyeran capital suficiente para perforar pozos verdaderos y no limitarse a acumular concesiones sobre el papel. Orfila se encontró con un escenario escandaloso: alrededor de dos millones de hectáreas habían sido solicitadas para realizar cateos, pero apenas el 2 % habría sido explorado. Detrás de numerosas peticiones no existían máquinas, trabajadores ni perforaciones, sino especuladores que obtenían derechos mineros para negociarlos posteriormente. Para terminar con aquel mapa de “pozos fantasma”, el 16 de abril de 1926 pidió a la Legislatura suspender durante un año la entrega de nuevos permisos, reservar zonas estratégicas para la Provincia y destinar hasta $50.000 moneda nacional a estudios geológicos realizados por especialistas argentinos o extranjeros. El proyecto nunca consiguió tratamiento legislativo, pero anticipó una idea poderosa: el petróleo mendocino debía investigarse con planificación y no entregarse a quienes solamente buscaban hacer negocios con las concesiones. El 16 de diciembre de 1926, mediante el Decreto 850, el gobierno dispuso incentivos de hasta $15.000 para fomentar actividades vinculadas con el petróleo, el hierro y el carbón. En 1927, el Decreto 378 concentró aún más la ayuda en los hidrocarburos, considerados una industria que exigía inversiones superiores. Las solicitudes procesadas por la repartición minera pasaron de 11 en 1926 a 55 durante 1927. Sin embargo, la documentación examinada por los investigadores no permite comprobar que aquellos subsidios llegaran efectivamente a entregarse: pudieron ser insuficientes para tentar a empresas capaces de afrontar perforaciones costosas y de alto riesgo. La ofensiva estatal también alcanzó a quienes mantenían minas abandonadas o adeudaban el canon. El gobierno ordenó rematar 24 explotaciones declaradas vacantes: siete estaban vinculadas con petróleo y diecisiete con esquistos bituminosos, distribuidas entre El Sosneado, Malargüe, Cacheuta, Potrerillos, El Challao, San Ignacio y San Isidro. Los edictos fueron publicados, pero el día de la subasta no apareció un solo oferente. Orfila también intentó recuperar las 237 pertenencias de la Compañía Petrolífera de Cacheuta, que poseía pozos inactivos desde 1913 y acumulaba una deuda calculada en $130.350. La empresa recurrió a la Justicia y consiguió conservar sus derechos, frustrando la intervención provincial. En medio de tantos proyectos paralizados, una compañía logró pasar de las promesas al terreno: Río Atuel S.A. Minera e Industrial. Desde 1926 explotó petróleo en El Sosneado, en el sur de Mendoza, donde llegó a disponer de cinco pozos en producción y otros dos en preparación. Ese año habría extraído aproximadamente 2.000 metros cúbicos, volumen superior al registrado en explotaciones de Jujuy y Salta. El crudo era trasladado penosamente en carros o camiones hasta la estación Pedro Benegas, en San Rafael, y luego procesado para obtener aceites lubricantes destinados a los mercados mendocino y porteño. La nieve, las temperaturas extremas, los caminos deficientes y la distancia ferroviaria convertían cada barril en una conquista. El petróleo incluso comenzó a imaginarse como la materia capaz de transformar las calles y rutas provinciales. San Rafael fue una de las primeras ciudades mendocinas en experimentar con el empetrolado, y Orfila proyectó utilizar el crudo de El Sosneado para mejorar el camino que la comunicaba con la capital. La Provincia también adquirió productos y camiones regadores destinados a extender ese sistema sobre decenas de kilómetros de accesos. La apuesta más audaz llegó en 1928: crear la Sociedad Anónima Petrolera El Sosneado, una empresa mixta integrada por el Gobierno de Mendoza y Río Atuel. La Provincia aportaría $8 millones moneda nacional y participaría en un directorio de cinco miembros. La compañía tendría una duración de cincuenta años y podría explorar, perforar, extraer, destilar y vender combustibles en los mercados local y nacional. Pero el proyecto tampoco fue tratado por la Legislatura y quedó sepultado por la intervención federal que puso fin al gobierno lencinista en diciembre de 1928. Orfila no consiguió convertir inmediatamente a Mendoza en una gran potencia petrolera. Los subsidios no dejaron resultados comprobables, las subastas quedaron desiertas, la especulación continuó y la empresa mixta nunca nació. Sin embargo, su gobierno comprendió algo antes que muchos: una economía sostenida casi exclusivamente por la vitivinicultura necesitaba nuevas fuentes de riqueza. Aquellos intentos, entre aciertos, fracasos y enormes ambiciones, prepararon el escenario para el convenio firmado con YPF en 1932 y para el desarrollo posterior de una industria que transformaría definitivamente la economía mendocina. #AlejandroOrfila #HistoriaDeMendoza #PetróleoMendocino #ElSosneado #SanRafael #Malargüe #Cacheuta #Lencinismo #OroNegro #YPF #HistoriaArgentina #IndustriaPetrolera #PatrimonioMendocino #Efemérides #MendozAntigua #MendozaHistory #ArgentineHistory #OilHistory #PetroleumIndustry #BlackGold #EnergyHistory #IndustrialHeritage #HistoricalMendoza
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