El sábado 4 de octubre de 1952, en una Mendoza donde cada canal, hijuela y compuerta podía decidir el futuro de miles de hectáreas productivas, una decisión administrativa alteró una de las reglas con las que se venían financiando las obras menores de riego. Aquel día quedó fechado el Decreto-Acuerdo Nº 4.483, una disposición citada expresamente en la Memoria del Departamento General de Irrigación de 1952 y recuperada décadas después por investigaciones de la Universidad Nacional de Cuyo y CONICET. Para comprender su importancia hay que retroceder hasta 1941: la Ley provincial Nº 1.420 había creado un Fondo Permanente destinado a financiar obras menores fundamentales para el sistema hídrico —tomas, compartos, pequeños diques aforadores y distribuidores, impermeabilización de canales secundarios y otras intervenciones—. Los regantes contribuían según las hectáreas inscriptas y el Gobierno de Mendoza debía efectuar cada año un aporte equivalente al reunido por los particulares. Durante el primer peronismo aquel sistema no desapareció: fue ampliado y modificado. En 1948 se aumentaron los aportes y se reorganizó territorialmente la distribución de los recursos; posteriormente, la Ley Nº 1.981 introdujo nuevas reformas e incluso estableció que los regantes reembolsaran el 80% del valor de las obras de mejoramiento. Pero en 1952 ocurrió el cambio decisivo: dentro de una política de “racionalización administrativa”, el Gobierno provincial dejó sin efecto la cláusula que lo obligaba a desembolsar anualmente una suma idéntica a la aportada por los regantes. La investigación histórica vincula expresamente esa medida con el Decreto-Acuerdo Nº 4.483 del 4 de octubre de 1952 y señala como una explicación parcial el desfavorable contexto económico provincial. Y detrás de aquella decisión aparecen cifras realmente sorprendentes: mientras en 1946 el monto estimado asignado a obras menores había sido de $994.200 moneda nacional, en 1952 alcanzó los $11.700.000, es decir, casi 11,8 veces más en términos nominales. La distribución de ese último año muestra además una transformación territorial extraordinaria: $3.501.800 fueron destinados al río Diamante; $3.465.800 al río Mendoza; $1.500.500 al Atuel; $1.275.600 al Alto Tunuyán; $1.267.000 al Bajo Tunuyán y $684.800 a otras intervenciones. Traducido a porcentajes, el Diamante representó aproximadamente el 29,9% del total, el río Mendoza el 29,6% y el Atuel el 12,8%; pero el dato más revelador surge al sumar los dos grandes ríos del Sur: Diamante y Atuel reunieron juntos alrededor del 42,75% de los fondos provinciales para obras menores de aquel año. Era una modificación profunda respecto de décadas anteriores. En 1941, el río Mendoza había absorbido más de la mitad del presupuesto disponible para estas obras; para 1952, las investigaciones muestran que esa supremacía había cedido y que los ríos sureños encabezaban la distribución, reflejando la creciente importancia agrícola y productiva de San Rafael y General Alvear y la voluntad estatal de extender la infraestructura hacia zonas que hasta entonces habían tenido menor protagonismo. Todo esto ocurría durante la gobernación peronista de Carlos Horacio Evans, iniciada en 1952, en un momento de reorganización de la política hidráulica provincial y de mayor articulación con organismos nacionales. El contexto humano y político resulta todavía más impresionante: aquel decreto fue dictado exactamente 70 días después de la muerte de Eva Perón, ocurrida el 26 de julio de 1952. Mientras el país todavía atravesaba las consecuencias políticas y emocionales de aquella desaparición, Mendoza discutía cómo financiar, repartir y sostener el recurso que desde hacía generaciones condicionaba su propia existencia. El Decreto-Acuerdo 4.483 puede parecer apenas un número perdido entre miles de expedientes, memorias y disposiciones oficiales, pero detrás de esas cuatro cifras había algo mucho mayor: quién aportaba el dinero, qué regiones recibían las obras y hacia dónde comenzaba a desplazarse el mapa productivo del agua mendocina. En una provincia construida literalmente alrededor del riego, cambiar las reglas de financiación era también cambiar una parte de las reglas del territorio. Fuentes: UNCuyo, CONICET y Boletín de Estudios Geográficos Nº 106; estudios de Cecilia Raffa, Ivana Hirschegger y Laura L. Ortega sobre obras públicas, riego y política hídrica mendocina durante el primer peronismo. #MendozAntigua #Mendoza #HistoriaDeMendoza #4DeOctubre #Riego #Agua #DepartamentoGeneralDeIrrigación #Irrigación #RíoDiamante #RíoAtuel #RíoMendoza #Tunuyán #SanRafael #GeneralAlvear #Peronismo #CarlosEvans #HistoriaArgentina #PatrimonioHistórico #MemoriaMendocina #MendozaHistory #ArgentineHistory #IrrigationHistory #WaterHistory #HistoricalMendoza #ArgentinaHistory
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