La mañana del martes 11 de septiembre de 1973 quedó grabada para siempre en la historia latinoamericana. Salvador Allende Gossens, médico, dirigente socialista y presidente constitucional de Chile, llegó al Palacio de La Moneda mientras la Armada ya se había sublevado y las Fuerzas Armadas y Carabineros avanzaban para destituirlo. Allende había alcanzado la primera mayoría en las elecciones presidenciales de 1970, con alrededor del 36,3 % de los votos, y luego había sido elegido constitucionalmente por el Congreso Nacional. Tres años después, el país estaba quebrado por una profunda polarización política, inflación, desabastecimiento, huelgas, violencia callejera, acciones de grupos extremistas de izquierda y derecha y una confrontación cada vez mayor entre el gobierno y la oposición. Chile también se había convertido en uno de los grandes escenarios latinoamericanos de la Guerra Fría. Documentos estadounidenses hoy desclasificados demuestran que la administración de Richard Nixon emprendió operaciones encubiertas para impedir primero la llegada de Allende al poder y, posteriormente, para debilitar políticamente a su gobierno. La CIA financió partidos, medios y organizaciones opositoras, desarrolló contactos con militares y en 1970 recibió instrucciones para explorar una salida golpista. Incluso documentos oficiales registran contactos con intereses empresariales estadounidenses e iniciativas destinadas a favorecer al campo de Jorge Alessandri. Pero hay una distinción histórica fundamental: la investigación del Senado de Estados Unidos concluyó posteriormente que no encontró pruebas de que Washington participara directamente en la planificación o ejecución del golpe militar de septiembre de 1973, aunque sí había contribuido durante años a crear presión política contra el gobierno de Allende y mantenía contactos de inteligencia con militares chilenos. Uno de los mayores choques con los intereses económicos estadounidenses fue el cobre. El proceso no comenzó de cero con Allende: venía de la “chilenización” impulsada durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Sin embargo, bajo Allende llegó a su punto decisivo. El 11 de julio de 1971, el Congreso chileno aprobó por unanimidad la reforma constitucional, Ley Nº 17.450, que nacionalizó la gran minería del cobre, afectando, entre otras, a poderosas compañías norteamericanas como Anaconda y Kennecott. Fue una decisión apoyada incluso por sectores opositores y terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más fuertes del proyecto económico de la Unidad Popular. La crisis fue acelerándose. El paro nacional de camioneros que sacudió al país comenzó el 10 de octubre de 1972; documentos estadounidenses reconocen que organizaciones privadas que recibían fondos de la CIA apoyaron a los huelguistas, aunque el grado exacto de financiamiento directo continúa requiriendo matices. En julio de 1973 comenzó otra paralización del transporte, encabezada por el gremio de León Vilarín, que continuó durante agosto. Al mismo tiempo se multiplicaban las conspiraciones militares. El 29 de junio había ocurrido el fallido “Tanquetazo”; el 23 de agosto Allende nombró comandante en jefe del Ejército a Augusto Pinochet, quien menos de tres semanas después se sumaría al golpe. Finalmente llegó el 11 de septiembre. El golpe no fue obra de Pinochet en solitario: la Junta estuvo integrada por Augusto Pinochet por el Ejército, José Toribio Merino por la Armada, Gustavo Leigh por la Fuerza Aérea y César Mendoza por Carabineros. Su primer comunicado exigió la inmediata renuncia de Allende. El presidente se negó a abandonar La Moneda y pronunció allí sus últimas palabras por Radio Magallanes. A las 11:52 comenzaron a atacar el palacio los Hawker Hunter de la Fuerza Aérea. En apenas minutos, los cohetes incendiaron parte del edificio mientras las fuerzas terrestres avanzaban sobre la sede presidencial. Allende murió dentro de La Moneda. Durante décadas circularon distintas versiones, pero una investigación forense realizada en 2011 por especialistas chilenos y extranjeros concluyó que se suicidó con el fusil AK-47 que llevaba consigo y descartó la intervención de otra persona en su muerte. Cerca de las 14:00, el general Javier Palacios comunicó por radio una frase que quedó congelada en la historia: “Misión cumplida. Moneda tomada. Presidente muerto”. Pero el 11 de septiembre no terminó con la caída de un gobierno: abrió una dictadura que se prolongaría hasta 1990. Desde las primeras horas comenzaron detenciones masivas, ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas; el Estadio Nacional fue convertido en uno de los mayores centros de detención. Las comisiones oficiales chilenas terminaron reconociendo, hasta las revisiones posteriores, 3.216 personas ejecutadas o desaparecidas y 38.254 víctimas reconocidas de prisión política y tortura. Son cifras oficiales que permiten dimensionar la magnitud humana de aquellos diecisiete años. Más de medio siglo después, el 11 de septiembre de 1973 continúa generando debate sobre las responsabilidades internas, la intervención estadounidense, la crisis económica, la radicalización política y las decisiones de cada sector. Pero determinados hechos ya cuentan con una enorme base documental: hubo un golpe de Estado contra un presidente constitucional, La Moneda fue bombardeada, Allende murió dentro del palacio y ese mismo día comenzó un régimen autoritario acompañado de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Las imágenes de aquella jornada siguen siendo estremecedoras porque, detrás del humo, los uniformes y los tanques, muestran el instante exacto en que una democracia se quebró. #11DeSeptiembre #Chile1973 #SalvadorAllende #LaMoneda #GolpeDeEstado #HistoriaDeChile #MemoriaHistórica #DerechosHumanos #GuerraFría #HistoriaLatinoamericana #MendozAntigua #September11 #ChileanHistory #SalvadorAllende #ColdWar #HumanRights #LatinAmericanHistory
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