El Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, considerándose en el deber de asegurar los intereses pertenecientes al Colegio de la Santísima Trinidad y salvarlos de toda contingencia que pudiera producirse por la falta de instrucciones a los encargados de sus recaudaciones, dictó un decreto por el cual encomendó al síndico cuidar esos intereses.
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