El 26 de julio de 1978 no fue una fecha más dentro de los años del terrorismo de Estado: mientras continuaban los secuestros y las desapariciones, la dictadura también proyectaba el país que pretendía dejar como herencia, disciplinaba al movimiento obrero y perseguía incluso las formas más humildes de supervivencia. Aquella madrugada fue secuestrado en su domicilio de la avenida Tellier, en la Capital Federal, Salvador Alfredo Mole Rapisarda, conocido como “Toto”, un joven argentino de 24 años que trabajaba como dibujante técnico. El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado señala que posteriormente fue visto en los centros clandestinos El Banco y Olimpo; continúa desaparecido. Ese mismo día también fue capturada en Buenos Aires Cristina Magdalena Carreño Araya, militante comunista chilena de 33 años perseguida por agentes de la DINA. Su caso integró la investigación judicial sobre el Plan Cóndor, la estructura clandestina mediante la cual las dictaduras del Cono Sur intercambiaron información y coordinaron la persecución, el secuestro y la eliminación de opositores más allá de las fronteras nacionales. Carreño pasó por El Banco y Olimpo, fue arrojada al mar durante un vuelo de la muerte y sus restos, enterrados originalmente como NN, pudieron ser identificados en 2007. Mientras las personas desaparecían, la Fuerza Aérea terminaba un documento reservado titulado Bases políticas para la reorganización nacional, fechado el 26 de julio de 1978. El proyecto imaginaba una apertura estrictamente vigilada, con elecciones indirectas, experiencias municipales “piloto” y la selección de supuestos “dirigentes naturales” que ascendieran desde el ámbito local. No se trataba de restablecer una democracia plena, sino de construir un orden político condicionado que garantizara la continuidad de los objetivos del llamado Proceso de Reorganización Nacional. Ese día también fue publicado en la provincia de Buenos Aires el Decreto Ley 9111, sancionado el 17 de julio y puesto en vigencia al día siguiente de su publicación. La norma impuso el relleno sanitario y la intervención de CEAMSE para la disposición final de residuos en 22 partidos metropolitanos, pero además prohibió expresamente cualquier tarea de recuperación de materiales, incluyendo el denominado “cirujeo”, aun dentro de propiedades privadas. El régimen sancionatorio contemplaba arrestos, multas, clausuras, secuestro de vehículos y hasta inhabilitaciones para conducir, convirtiendo en infractores a muchos hombres, mujeres y familias que sobrevivían rescatando objetos reutilizables de los basurales. Finalmente, investigaciones sobre la responsabilidad empresarial durante la dictadura consignan que ese 26 de julio fue ascendido a teniente coronel Héctor Francisco Sibilla, entonces jefe de Seguridad de la planta Ford de General Pacheco. Décadas después, la Justicia lo condenó a doce años de prisión como partícipe necesario de los secuestros y las torturas sufridas por 24 trabajadores de la automotriz, en una sentencia histórica sobre la participación de altos funcionarios empresariales en crímenes de lesa humanidad. Así, aquella jornada revela que la dictadura no actuaba solamente mediante centros clandestinos y grupos de tareas: también buscaba controlar el futuro político, disciplinar a los trabajadores y castigar la pobreza mediante decretos y estructuras administrativas. Recordar estas historias es comprender que el terrorismo de Estado atravesó todas las dimensiones de la vida argentina. Memoria, verdad y justicia. Nunca más. #MemoriaVerdadYJusticia #NuncaMás #PlanCóndor #DictaduraArgentina #TerrorismoDeEstado #DerechosHumanos #HistoriaArgentina #Desaparecidos #CEAMSE #Cirujeo #TrabajadoresDeFord #ResponsabilidadEmpresarial #OperationCondor #HumanRights #ArgentineHistory #StateTerrorism #NeverAgain #HistoricalMemory
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