El 16 de Abril de 1987, un grupo de ex militares y en ejercicio llevaron a cabo un levantamiento e intento golpista contra el gobierno del entonces presidente democrático Raúl Alfonsín, en lo que se recuerda como el primer "Alzamiento Carapintada".

Luego de la promulgación de la Ley de Punto Final en Diciembre de 1986, centenares de Oficiales y Suboficiales estaban disconformes en como la cúpula de las fuerzas Armadas administraban los expedientes que podían determinar quienes podían ser beneficiados por la Ley, esto provocó un estado de convulsión dentro de las fuerzas. El Mayor de Inteligencia Militar Ernesto Barreiro, imputado por su participación en la represión ilegal se declaró en rebeldía por lo que fue detenido y llevado al Comando de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo de Ejército, en la provincia de Córdoba. La mañana del 16 de Abril de 1987, cuando agentes judiciales fueron a buscarlo para llevarlo a declarar, unos 130 oficiales les negaron el acceso iniciando una rebelión. Los primeros en sumarse al levantamiento fueron las tropas al mando del teniente coronel Aldo Rico que se acuartelaron en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo y llevaron la voz cantante de los reclamos. Con imposiciones fuera de la cadena de mandos exigían la renuncia del jefe del ejército y una solución política para los juicios a los represores del proceso, Rico adujo que mientras los que daban las órdenes estaban libres los que las obedecían estaban procesados, hecho que no se reflejaba en la realidad. El pueblo enardecido tomo las calles y copó los alrededores de Campo de Mayo tensando la situación, sin embargo Alfonsín fue dejado solo y no contó con la subordinación entre la fuerzas leales para sofocar militarmente a los carapintadas, a excepción del General Alais que al mando de una fuerza de tanques partió desde el II Cuerpo de Rosario, aunque luego de 3 días misteriosamente no había llegado a Campo de Mayo. Mientras los principales partidos políticos firmaban un acta de compromiso, Madres de Plaza de Mayo, el MAS, el Partido Obrero y el Partido Comunista, se negaron a firmarlo aduciendo que la declaración dejaba el terreno limpio para un perdón de los mandos militares medios, y el tiempo les dio la razón. Alfonsín absolutamente solo y en una situación desesperada se dirigió sin custodia a Campo de Mayo para exigir la rendición de los rebeldes, tuvo una reunión secreta en la que escucho las demandas y regresó a la Plaza de Mayo donde lo esperaba una multitud. Rodeado de un amplio espectro político pronunció las dos frases "-La casa está en orden" y "-Felices Páscuas", meses después se promulgaba la ley de "Obediencia debida", que sumada a la de "Punto Final" acotó el número de militares a ser juzgados por crímenes aberrantes. Los responsables del alzamiento fueron procesados y juzgados, Aldo Rico se fugó y encabezó otro levantamiento en 1988, el resto fue indultado por Carlos Menem en 1989. En 2003 el gobierno de Nestor Kirchner derogó ambas leyes que llegaron a la Corte Suprema de Justicia y fueron declaradas anticonstitucionales reabriendo la posibilidad a cientos de juicios por crímenes de lesa humanidad.