El 24 de septiembre de 1920, mientras la Argentina atravesaba los años intensos de la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, una cuestión que llevaba casi una década acumulando tensiones volvía a instalarse con fuerza en el centro de la política nacional: quién trabajaba la tierra, bajo qué condiciones y cuánto poder podían ejercer los propietarios sobre los chacareros arrendatarios. La fecha no surge solamente de reconstrucciones posteriores. La Hemeroteca Digital de la Provincia de Santa Fe conserva la edición del diario Santa Fe de aquel viernes 24 de septiembre y entre las noticias seleccionadas aparece una referencia inequívoca: “Diputados está tratando la legislación agraria”, junto con otra nota dedicada a “La actitud del Senado Nacional”. Es una extraordinaria fotografía escrita del clima político de aquella jornada: el problema rural había llegado al Parlamento. El conflicto tenía raíces profundas. Desde el Grito de Alcorta de 1912, nacido precisamente en Santa Fe, miles de pequeños y medianos agricultores reclamaban contratos más estables y mayor libertad frente a disposiciones que podían obligarlos a contratar determinadas máquinas, seguros o intermediarios para comercializar sus cosechas. La Federación Agraria Argentina había convertido esos reclamos en una cuestión nacional y, en junio de 1920, llegó a establecer un acuerdo coyuntural con la Federación Obrera Regional Argentina para incrementar la presión en favor de una legislación sobre arrendamientos. Estudios históricos de la Universidad Nacional de Rosario señalan que la intensa movilización social de 1919 y 1920 en la región cerealera fue uno de los antecedentes directos de la futura ley. El proyecto tenía además antecedentes inmediatos: investigaciones académicas indican que Yrigoyen había presentado una propuesta sobre arrendamientos en 1919 y que durante 1920 la Cámara de Diputados avanzó en su tratamiento. Entre los puntos que terminarían formando parte de aquella reforma estaban la estabilidad contractual, la indemnización por mejoras realizadas por el agricultor y la eliminación de cláusulas que condicionaban con quién debía vender, asegurar o trillar su producción. Pero aquí aparece una precisión histórica fundamental: la Ley Nacional Nº 11.170 no fue sancionada el 24 de septiembre de 1921, fecha repetida en algunas investigaciones y cronologías. La base jurídica oficial del Estado argentino registra como fecha de sanción el 28 de septiembre de 1921 y su publicación en el Boletín Oficial el 26 de diciembre de ese año. La norma estableció finalmente importantes garantías para determinados arrendamientos agrícolas, entre ellas contratos mínimos de cuatro años, compensaciones por mejoras y libertad para ciertas decisiones vinculadas a la cosecha y su comercialización; inicialmente alcanzaba explotaciones de hasta 300 hectáreas. Mientras aquella discusión agitaba al país agrícola, Mendoza atravesaba su propia tormenta institucional. Tras la muerte del gobernador José Néstor Lencinas, el 20 de enero de 1920, había asumido Ricardo Báez, presidente provisional del Senado provincial. Meses después, en medio de una fuerte crisis política y financiera, el Congreso Nacional aprobó una nueva intervención federal. El interventor Eudoro Vargas Gómez tomó posesión el 6 de septiembre de 1920, por lo que aquel 24 de septiembre llevaba apenas dieciocho días al frente de la provincia; permanecería hasta febrero de 1922. Una investigación de la Universidad Nacional de La Plata documenta además la delicada situación económica que encontró la intervención: Mendoza arrastraba un severo déficit fiscal y existía un conflicto con el sector vitivinícola por un impuesto extraordinario al vino, cuya aplicación había generado una deuda estimada en $938.009 con los bodegueros. Así, aquel 24 de septiembre de 1920 reúne dos historias que ayudan a entender una Argentina en transformación: mientras en el Congreso se debatía hasta dónde debía intervenir el Estado en las relaciones entre propietarios y quienes trabajaban campos arrendados, Mendoza llevaba menos de tres semanas gobernada por un interventor enviado desde la Nación. No encontramos hasta ahora un acontecimiento exclusivamente mendocino ocurrido exactamente ese día que posea documentación suficiente para atribuirle la fecha sin reservas; pero el contexto está sólidamente documentado y convierte a aquella jornada en una excepcional ventana hacia las tensiones políticas, sociales y económicas de hace 106 años. Fuente de origen: Hemeroteca Digital “Fray Francisco de Paula Castañeda”, Archivo General de la Provincia de Santa Fe, diario Santa Fe, 24/09/1920; Argentina.gob.ar–InfoLEG, Ley Nº 11.170; Juan Javier Balsa, “Discursos y políticas agrarias en Argentina, 1920-1955”; Marta Bonaudo y Cristina Godoy, estudios sobre la Federación Agraria Argentina; Patricia Barrio, Con sabor a vino: Crisis, regulación vitivinícola e inestabilidad política en Mendoza (1913-1923), Universidad Nacional de La Plata. #MendozAntigua #Mendoza #HistoriaDeMendoza #HistoriaArgentina #Efemerides #24DeSeptiembre #HipolitoYrigoyen #EudoroVargasGomez #IntervencionFederal #FederacionAgrariaArgentina #HistoriaAgraria #ArrendamientosRurales #Chacareros #CampoArgentino #Argentina1920 #ArchivoHistorico #MemoriaHistorica #AgrarianHistory #ArgentineHistory #MendozaHistory #RuralHistory #Argentina #HistoricalArchives
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