El 20 de septiembre de 1819 quedó fechado en Mendoza un expediente judicial extraordinario, capaz de transportarnos a una pequeña población del Este mendocino en plena construcción, donde una inundación, un prisionero chileno y un grito desafiante terminaron convirtiéndose en un asunto de gobierno. La pieza se conserva en el Archivo General de la Provincia de Mendoza bajo el título “Causa contra José Salomón por injurias al gobierno”, dentro de Judicial Criminal, Carpeta S-1, documento 27. La documentación estudiada por la historiadora Eugenia Molina permite reconstruir con notable precisión el episodio. Todo ocurrió en la flamante Nueva Población de Barriales, en momentos en que una acequia se desbordaba a la altura de la vivienda de un vecino y amenazaba con extender el agua por los alrededores. El teniente comisionado José Vargas acudió al lugar y pidió a quienes estaban presentes que colaboraran para contener el derrumbe y reparar la toma. Entre ellos se encontraba Teodoro González, un prisionero chileno destinado en aquella población. Vargas intentó convencerlo para que participara de los trabajos, pero González se resistió e incluso lo hizo armado, por lo que terminó siendo reducido y amarrado. Entonces apareció José Salomón, aparentemente la persona bajo cuya subordinación se encontraba González: intervino, lo desató y, según los testimonios incorporados a la causa, lanzó un grito que en aquel contexto revolucionario tenía una enorme carga política: “¡Viva el Rey!”, acompañado de expresiones contra las autoridades. González también había pronunciado insultos contra la Patria, el juez y quienes gobernaban, palabras que algunos testigos atribuyeron a su estado de ebriedad. El episodio era mucho más que una simple pelea junto a una acequia. Barriales estaba atravesando un intenso proceso de organización territorial. En abril de aquel mismo 1819, el gobernador Toribio de Luzuriaga había otorgado amplias atribuciones al comisionado Pedro Regalado de la Plaza para organizar las nuevas poblaciones y establecer autoridades vinculadas, entre otras tareas, al mantenimiento de la acequia principal. Se preveían tomeros, tenientes y peones encargados de evitar derrumbes, obstrucciones y desbordes. En una región fértil pero históricamente condicionada por terrenos bajos, pantanos y problemas de escurrimiento, controlar el agua significaba también construir autoridad y organizar la vida comunitaria. Por eso la sentencia buscó deliberadamente servir de advertencia. El dictamen dispuso que González fuera conducido durante dos cuadras por las calles de la nueva villa con una mordaza en la boca, ante los vecinos y los demás prisioneros, además de reforzarse el servicio al que estaba sometido. Sobre José Salomón pesaban también antecedentes de conflictos con habitantes del lugar y, finalmente, se ordenó que abandonara la población, argumentándose que la nueva comunidad necesitaba preservar la unión entre sus vecinos. El expediente abre una ventana excepcional hacia la Mendoza de hace más de dos siglos: una sociedad salida del orden colonial pero todavía atravesada por la guerra, la revolución y las disputas sobre la legitimidad política; una población nueva que intentaba dominar el agua, levantar calles y establecer autoridades mientras en sus espacios cotidianos todavía podían escucharse voces contrarias al nuevo orden. Un desborde de acequia que comenzó como un problema vecinal terminó dejando registrado para siempre uno de los episodios más singulares de la justicia criminal mendocina de 1819. Fuente: AGPM, Jud. Crim., Carp. S-1, doc. 27; E. Molina, estudios sobre justicia y gobierno en Mendoza. #Mendoza #MendozAntigua #HistoriaDeMendoza #Barriales #SanMartinMendoza #HistoriaArgentina #IndependenciaArgentina #ArchivoHistorico #ArchivoGeneralDeMendoza #JudicialCriminal #1819 #HistoriaCuyana #MemoriaHistorica #MendozaHistory #ArgentineHistory #BarrialesHistory #HistoricalArchives #Argentina1819 #CuyoHistory #LocalHistory
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