El 22 de septiembre de 1922, Mendoza atravesaba una de las discusiones más intensas de su historia vitivinícola. La crisis que había castigado durante años a viñateros y bodegueros comenzaba a mostrar señales contradictorias de recuperación, pero el gran interrogante seguía abierto: ¿debía el Estado continuar regulando la industria del vino o había llegado el momento de devolver el mercado a la libre competencia? Aquel día, la página 5 de Los Andes quedó incorporada a la documentación histórica de ese conflicto. La investigación de la historiadora Patricia Barrio, publicada por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, registra que durante septiembre se realizaron asambleas y petitorios en distintos departamentos —entre ellos San Rafael, Junín y Las Heras— reclamando la supresión de parte de la legislación vitivinícola vigente; una de esas movilizaciones quedó documentada precisamente en Los Andes del 22 de septiembre de 1922. Pero el conflicto era mucho más profundo: otros productores de Rivadavia, Tupungato, Lavalle, Maipú, San Rafael, General Alvear y San Martín se manifestaron posteriormente a favor de mantener la intervención oficial. Mendoza estaba literalmente dividida alrededor de su principal actividad económica. Las normas en discusión no eran menores. Las leyes 758 y 759, sancionadas en 1919, habían concedido al Estado provincial facultades extraordinarias para intervenir en la vitivinicultura. La Ley 758 impulsaba bodegas para productores, cooperativas, depósitos, créditos y hasta instalaciones para elaborar derivados de la uva; la Ley 759 creó la Comisión de Fomento Industrial Vitivinícola y contempló mecanismos de regulación del mercado, prorrateo del vino y protección de los viñateros frente al granizo y las heladas. Era uno de los experimentos de intervención económica más ambiciosos que Mendoza había conocido hasta entonces. Las estadísticas ayudan a comprender por qué el debate alcanzó semejante temperatura. En 1921 se habían elaborado 4.644.778 hectolitros de vino; en 1922 la cifra descendió a 3.891.226. El precio promedio del litro también bajó, de $0,295 a $0,263. Sin embargo, paralelamente el vino comercializado fuera de Mendoza aumentó desde 3.189.684 hasta 3.944.725 hectolitros, y la investigación señala que hacia fin de año el volumen comercializado había crecido alrededor de un 24%. Esa recuperación alimentó entre parte de los viñateros, bodegueros y comerciantes la idea de que la crisis podía estar terminando y que ya no era necesario mantener el mismo aparato regulador. Apenas días antes había aparecido además un poderoso nuevo actor: la Unión de la Industria, Comercio y Producción de la Provincia, presidida por Baltasar Falgarona e integrada por organizaciones vinculadas con productores, industriales y comerciantes. La entidad reclamaba la derogación de las leyes 703, 758 y 759, exigía atender seguros pendientes de 1920-1922 y proponía utilizar fondos recaudados para construir bodegas destinadas a los viñateros. Del otro lado permanecían quienes defendían la continuidad de la política regulatoria y sostenían que el Estado debía seguir protegiendo a los productores frente a los desequilibrios del mercado. Y el 22 de septiembre ocurrió algo todavía más importante: el gobernador Carlos Washington Lencinas dictó ese mismo día un decreto creando una junta formada por legisladores, viñateros, bodegueros y representantes de la banca para estudiar el problema. La presión del sector había llegado directamente al Poder Ejecutivo. La comisión tampoco consiguió una posición única: terminó produciendo dictámenes enfrentados sobre el futuro de las leyes y del organismo regulador. El conflicto seguiría durante los meses siguientes hasta desembocar, en 1923, en el ocaso de buena parte de aquel sistema intervencionista. Así, aquel 22 de septiembre de 1922 no fue simplemente otro día en la historia del vino mendocino. Mientras en las páginas del diario quedaban registrados productores movilizados contra las leyes, desde el Gobierno se intentaba reunir en una misma mesa a los sectores enfrentados. Detrás de cada hectolitro, cada impuesto y cada cosecha había una discusión gigantesca sobre quién debía decidir el destino de la industria que sostenía buena parte de Mendoza: el mercado, los productores o el Estado. Fuente de origen: Patricia Barrio, Con sabor a vino. Crisis, regulación vitivinícola e inestabilidad política en Mendoza (1913-1923), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, 2016, especialmente pp. 131-135; Diario Los Andes, 22 de septiembre de 1922, p. 5; Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 22 de septiembre de 1922. #Mendoza #MendozaAntigua #HistoriaDeMendoza #Vitivinicultura #HistoriaDelVino #VinoArgentino #Viñateros #Bodegueros #Vendimia #LosAndes #HistoriaArgentina #PatrimonioMendocino #WineHistory #MendozaHistory #ArgentineWine #WineIndustry #Viticulture #HistoricMendoza #ArgentinaHistory #WineHeritage
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