El 15 de septiembre de 1824, cuando Mendoza apenas llevaba cuatro años organizándose como provincia autónoma después de la disolución de la antigua Gobernación de Cuyo, la Sala de Representantes dio otro paso decisivo en la transformación de las instituciones heredadas de la época colonial. Aquel día se aprobó una reforma que eliminó los cargos de los dos celadores que actuaban en el ámbito urbano y en los extramuros y estableció en su lugar un “juez de policía con jurisdicción ordinaria”. No se trataba todavía de la policía en el sentido moderno de una fuerza uniformada: el llamado ramo de policía comprendía un amplísimo conjunto de asuntos relacionados con el orden cotidiano de la ciudad, la vigilancia de sus habitantes, las calles, la circulación, los comercios, los animales, el alumbrado, la higiene y otras cuestiones que hoy se encuentran repartidas entre organismos municipales, administrativos, policiales y judiciales. La resolución establecía además que las apelaciones contra las decisiones de aquel juez serían resueltas por el gobierno, que el funcionario permanecería tres años en el cargo y que recibiría una dotación de 300 pesos “por ahora”. La medida no apareció aislada. Durante julio de ese mismo año, la nueva dirigencia provincial ya había creado jueces ordinarios para sustituir atribuciones que tradicionalmente correspondían a los alcaldes del Cabildo, además de establecer autoridades para menores, pobres, esclavos y aguas; incluso la designación de los decuriones de barrio fue trasladada hacia la órbita del gobernador. Así, durante 1824, el antiguo Cabildo mendocino fue perdiendo poco a poco buena parte de las funciones de justicia y policía que había ejercido durante siglos. El cambio tenía una enorme trascendencia política: Mendoza estaba sustituyendo instituciones del orden colonial por un aparato provincial en el que la Sala de Representantes legislaba y el Poder Ejecutivo concentraba cada vez más resortes administrativos. La transformación culminó el 11 de mayo de 1825, cuando el Cabildo fue finalmente suprimido; aquella nueva resolución también retiró al juez de policía la jurisdicción ordinaria y le incorporó las funciones vinculadas con las aguas, profundizando la separación entre tareas administrativas y judiciales. Años después, el Reglamento de Policía de 1828 terminaría organizando un sistema encabezado por un jefe de policía, seguido por comisarios y decuriones distribuidos territorialmente. Por eso, el documento del 15 de septiembre de 1824 no debe verse como una simple modificación burocrática: registra uno de los momentos en que Mendoza comenzó a desmontar definitivamente la maquinaria institucional de la ciudad colonial para levantar, sobre sus restos, las estructuras de gobierno, justicia y administración de la nueva provincia. FUENTE: Manuel de Ahumada, Código de las leyes, decretos y acuerdos que sobre administración de justicia se ha dictado en la Provincia de Mendoza, Imprenta de El Constitucional, Mendoza, 1860, p. 32; Actas de la Legislatura de Mendoza, tomo I, años 1820-1827, Academia Nacional de la Historia, 1988, pp. 194-195; Eugenia Molina, “La función de policía hacia el gobierno político-administrativo. Mendoza, Río de la Plata, 1820-1828”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2023; Inés Sanjurjo de Driollet, estudios sobre la organización institucional mendocina. La edición de las Actas de 1820-1827 se encuentra catalogada por la Academia Nacional de la Historia. #Mendoza #MendozAntigua #HistoriaDeMendoza #EfeméridesMendocinas #15DeSeptiembre #CabildoDeMendoza #JusticiaMendocina #HistoriaArgentina #SigloXIX #SalaDeRepresentantes #Policía #ArchivoHistórico #HistoriaDelDerecho #MendozaHistory #ArgentineHistory #HistoryOfMendoza #LegalHistory #NineteenthCentury #HistoricalArchives #LocalHistory
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