Para liberar un continente no solo hacía falta estrategia militar, sino también una disciplina de hierro. El 17 de octubre de 1820, desde su cuartel en Pisco (Perú), el General José de San Martín enviaba un mensaje contundente que hoy nos permite asomarnos a la rigurosidad de su mando. A las seis de la tarde de aquel día, fue ejecutado públicamente el reo Jacinto Larraín. No fue una decisión al azar; San Martín detalla que se realizó tras un proceso judicial donde el acusado confesó crímenes previos y nuevos delitos que lo hicieron "acreedor de la pena de muerte". El Libertador informó personalmente del hecho al Coronel Mayor Juan Antonio Álvarez de Arenales, Comandante General de Vanguardia, con una instrucción clara: que el pueblo se enterara de que la justicia era efectiva. Para San Martín, el castigo de los delincuentes era un asunto de interés público. Su objetivo era llevar tranquilidad a una sociedad que necesitaba ver que la causa de la libertad también traía consigo seguridad y ley. Este documento se firma apenas un mes después del desembarco en Paracas. San Martín necesitaba demostrar que su "Ejército Libertador" no era una horda de ocupación, sino una fuerza organizada que respetaba —y hacía respetar— la ley para ganarse el apoyo de la población local. Juan Antonio Álvarez de Arenales, el destinatario de esta carta, sería clave poco después en la campaña de la Sierra, llevando los ideales de San Martín al corazón del territorio peruano. Incluso en los momentos más gloriosos de la historia, la justicia penal era una pieza fundamental para cimentar el respeto a las nuevas instituciones. #SanMartín #HistoriaArgentina #GestaLibertadora #Pisco1820 #JusticiaHistórica #SanMartinAntiguo #Perú #Patrimonio #mendozantigua
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