"Boletín Oficial Argentina – 18 de Octubre de 1960: Tratados, Monumentos y Movidas de Poder que Redefinieron el Rumbo⚡"

¿Qué pasó en Argentina ese día? Mucho más de lo que imaginás. Se firmó historia: Argentina ratificó el tratado que creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Siete países apostaron por un futuro sin fronteras comerciales. 

🔹 Arte con identidad: La escultura de José Hernández fue cedida a la Ciudad de Buenos Aires para instalarla en la Plaza Martín Fierro. 

🔹 Obras que transforman: Se cedieron terrenos en Bragado para electrificación y en Misiones para construir un hospital. Si no se cumple, ¡el terreno vuelve al Estado! 

🔹 Cambios en Defensa: Renunció el Secretario de Guerra, Gral. Rodolfo Larcher, y fue reemplazado por el Gral. Rosendo Fraga. El decreto rechaza “agravios personales”. 

🔹 Honor y educación: La Escuela Naval recibió condecoraciones extranjeras. La Universidad Nacional de La Plata reorganizó su escalafón. 

🔹 Argentina en el mapa: Se designó delegado para representar al país en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 

🔹 Gestión y control: Se crearon registros oficiales de exportadores y proveedores de rancho. Más control, más formalidad.

Importa porque cada decreto, cada ley, cada cambio, es parte del rompecabezas que forma nuestra historia. Y entenderla es clave para contarla, compartirla y transformarla.

#BoletínOficial1960 #Mendozantigua #HistoriaQuePesa #ArgentinaRetroPower #ALALC #JoséHernández #ObrasPúblicas #MilitaresEnMovimiento #CulturaArgentina #JóvenesConHistoria #mendozantigua 

El 23 de junio de 1967 se sancionó en Argentina la Ley N.º 17.319, conocida como la Ley de Hidrocarburos. Esta norma fue clave para establecer el marco legal de la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos en el país.

Esta Ley establece que los yacimientos de hidrocarburos en Argentina pertenecen al Estado Nacional, tanto en territorio como en la plataforma continental. Esta ley, conocida como la Ley de Hidrocarburos, declara estos recursos como patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Argentino.  La ley establece que el Estado nacional y las provincias tienen derecho a una participación en la explotación de los yacimientos por parte de empresas estatales, privadas o mixtas. Además, la ley detalla el régimen de permisos y concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos, así como las obligaciones y derechos de las empresas que participan en estas actividades. En resumen, la Ley N° 17.319 define la propiedad de los hidrocarburos en Argentina como del Estado, y establece las bases para su explotación, tanto por empresas estatales como privadas, con la participación del Estado en las ganancias. Una de las reformas más importantes fue la Ley N.º 26.197 de 2007, que transfirió a las provincias la propiedad de los yacimientos ubicados en sus territorios, reafirmando el principio de dominio estatal pero adaptándolo al federalismo argentino. A pesar de estos cambios, la estructura general de la ley original —que regula la exploración, explotación, transporte e industrialización de hidrocarburos— se mantiene como base del régimen legal actua

21 de junio de 2001, se promulga la Ley 6904 de la provincia de Mendoza, que regulaba la organización de competencias automovilísticas, motociclísticas y de cualquier modalidad en calles y rutas de la provincia.

Su objetivo era establecer un marco legal para garantizar la seguridad y el orden en este tipo de eventos deportivos, que muchas veces se realizaban sin controles adecuados. La ley contemplaba aspectos como la autorización previa, medidas de seguridad, responsabilidad de los organizadores y coordinación con autoridades locales. Sin embargo, esta norma fue derogada por el artículo 13 de la Ley 8826, sancionada en 2016. Desde entonces, la regulación de estas actividades se rige por nuevas disposiciones que buscan actualizar los criterios de seguridad y organización. Algunos de los cambios clave que introdujo son: Mayor control y autorización previa: toda competencia debe ser autorizada por la autoridad provincial correspondiente, que evaluará su viabilidad técnica y condiciones de seguridad. Plan de seguridad obligatorio: los organizadores deben presentar un plan detallado, incluyendo señalización, primeros auxilios, cobertura de seguros y control del tránsito. Sanciones más claras y severas: la nueva ley establece sanciones específicas para quienes organicen o participen de eventos no autorizados. Participación de los municipios: se promueve la articulación con los municipios para garantizar el cumplimiento de las normas locales y provinciales. En resumen, la Ley 8826 busca profesionalizar la organización de eventos en la vía pública y reducir los riesgos tanto para los competidores como para el público. Esta actualización surgió a partir de reclamos sociales, accidentes previos y la necesidad de acompañar el crecimiento del deporte motor con normas más modernas.

20 de Junio de 1974: la Ley de Abastecimiento, el día en que el Estado quiso ponerle freno al descontrol del mercado

El 20 de junio de 1974, la Argentina sancionó una de las leyes económicas más discutidas, poderosas y polémicas de su historia reciente: la Ley 20.680, conocida como Ley de Abastecimiento. No fue una norma menor. Nació en un país atravesado por tensiones políticas, inflación, conflictos sociales, pujas empresariales y una economía donde el precio de los productos esenciales se había convertido en un campo de batalla cotidiano. En ese escenario, el Estado argentino decidió avanzar con una herramienta legal destinada a intervenir cuando estuvieran en juego el abastecimiento, los precios y el acceso de la población a bienes y servicios considerados necesarios. La ley regulaba la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios vinculados con necesidades comunes de la sociedad. En términos simples: le daba al Poder Ejecutivo la posibilidad de actuar frente a aumentos injustificados, acaparamiento, desabastecimiento, restricciones a la venta, interrupciones de producción o maniobras que pudieran afectar el acceso de la población a productos esenciales. Su espíritu era claro: evitar que la especulación, la escasez artificial o el abuso de posición económica golpearan directamente sobre la vida diaria de la gente. Alimentos, higiene, vestimenta, transporte, vivienda, sanidad, cultura, logística y otros bienes o servicios podían quedar bajo la mirada del Estado cuando se considerara comprometido el bienestar general. La autoridad de aplicación, históricamente vinculada al área de Comercio, podía realizar controles, pedir documentación, fijar precios de referencia, establecer márgenes, exigir abastecimiento, aplicar sanciones y, en casos graves, disponer medidas para garantizar la producción, distribución o venta de bienes necesarios. Las sanciones podían incluir multas, clausuras, decomisos, suspensiones e inhabilitaciones. Pero desde su nacimiento, la Ley de Abastecimiento también fue un símbolo de controversia. Para sus defensores, representaba una herramienta indispensable para proteger a consumidores y evitar abusos en momentos de crisis. Para sus críticos, abría la puerta a un poder estatal excesivo, con conceptos amplios y márgenes de discrecionalidad que podían afectar la seguridad jurídica, la inversión y la libertad comercial. Con el paso de los años, la ley atravesó distintos gobiernos, crisis económicas, reformas y debates. En 2014 fue modificada por la Ley 26.991, que actualizó su alcance dentro de una nueva regulación de las relaciones de producción y consumo. Su aplicación volvió a discutirse en diferentes momentos de tensión inflacionaria, especialmente cuando el Estado buscó controlar precios, fiscalizar empresas o responder ante faltantes de productos. Finalmente, casi medio siglo después de su sanción, la Ley de Abastecimiento fue derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, publicado el 21 de diciembre de 2023, dentro de un amplio paquete de desregulación económica. Así terminó formalmente una norma que durante décadas ocupó un lugar central en la discusión argentina sobre el rol del Estado frente al mercado. La Ley 20.680 fue mucho más que un texto jurídico. Fue una fotografía de época. Reflejó una Argentina donde el abastecimiento no era solo un problema comercial, sino también político y social. Una Argentina donde el precio del pan, la leche, la nafta, los medicamentos o los productos básicos podía convertirse en asunto de Estado. A medio siglo de aquella sanción, su historia sigue abriendo una pregunta que atraviesa a la Argentina desde hace generaciones: ¿hasta dónde debe intervenir el Estado para proteger a la población y desde dónde comienza el riesgo de asfixiar la actividad económica? El 20 de junio de 1974 quedó marcado como el día en que el Congreso argentino sancionó una ley nacida para enfrentar la especulación, el desabastecimiento y los abusos del mercado. Una norma discutida, defendida, cuestionada y finalmente derogada, pero imposible de ignorar cuando se habla de economía, poder, consumo y vida cotidiana en la Argentina. Ley de Abastecimiento: una de las leyes más polémicas de la historia económica argentina. #ArgentinaHistory, #EconomicHistory, #PoliticalHistory, #LawHistory, #Peronismo, #Argentina1974, #SupplyLaw, #MarketRegulation, #ConsumerRights, #StateAndMarket, #HistoriaArgentina, #LeyDeAbastecimiento, #Ley20680, #20DeJunio, #Perón, #EconomíaArgentina, #EstadoYMercado, #DerechosDelConsumidor, #HistoriaPolítica, #Efemérides, #MendozAntigua

El 20 de junio de 2007, la provincia de Mendoza sancionó la emblemática Ley 7.722, una norma clave en la legislación ambiental argentina.

Esta ley prohíbe el uso de sustancias químicas peligrosas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en los procesos de minería metalífera, incluyendo cateo, prospección, exploración, explotación e industrialización. Su objetivo principal es proteger los recursos naturales, especialmente el agua, y garantizar que toda actividad minera cumpla con principios de sustentabilidad ambiental. Además, establece que los proyectos mineros deben contar con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ratificada por ley, y que los municipios y organismos como el Departamento General de Irrigación deben participar activamente en la evaluación. La Ley 7.722 ha sido objeto de intensos debates y movilizaciones sociales, convirtiéndose en un símbolo de la defensa del agua en Mendoza.

El 19 de junio de 1996, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley 24.660, que establece el Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad

Esta ley regula el tratamiento de las personas condenadas, con el objetivo de promover su reinserción social y garantizar el respeto de sus derechos durante el cumplimiento de la pena. Entre sus disposiciones, la ley establece principios sobre educación, trabajo, asistencia médica y social, así como normas de disciplina y recompensas dentro del sistema penitenciario. También define el rol del juez de ejecución, quien supervisa el cumplimiento de la pena y autoriza beneficios como salidas transitorias. Establece diferentes fases o períodos de tratamiento, como la observación, la clasificación y la progresividad, con el objetivo de adaptar el tratamiento a las condiciones individuales de cada interno. Permite la salida temporal del establecimiento para afianzar lazos familiares o para fines educativos, y también la posibilidad de acceder a un régimen de semilibertad bajo ciertas condiciones. Regula la posibilidad de acceder a la libertad condicional o asistida, como formas de egreso anticipado del establecimiento, bajo ciertas condiciones y con supervisión. Establece un régimen disciplinario para mantener el orden y la seguridad en los establecimientos penitenciarios, así como las sanciones correspondientes por faltas o incumplimientos. Define la función del Consejo Correccional como un organismo colegiado que realiza el seguimiento del tratamiento del interno y evalúa su progreso. Establece mecanismos de control judicial y administrativo para asegurar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de los internos. En resumen, la Ley 24.660 busca no solo la reclusión de los condenados, sino también su rehabilitación y reinserción social a través de un sistema de tratamiento integral y progresivo, con un enfoque en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. 

El 19 de junio de 2019, la Legislatura de Mendoza sancionó la Ley 9.169, que establece el Régimen Legal para el Desarmado de Automotores y Venta de Autopartes

Esta ley regula la actividad de los desarmaderos, la comercialización de autopartes y la destrucción de vehículos fuera de circulación. También deroga la Ley 7.558 y establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Seguridad de Mendoza. Establece la creación de un Registro Provincial de Verificación de Autopartes y un Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Afines. Delimita qué se entiende por "desarmadero de automotores" y las actividades relacionadas. Establece normas para la comercialización de autopartes provenientes de vehículos desarmados. La ley busca ordenar y controlar el proceso de desarme de vehículos y la venta de autopartes en la provincia de Mendoza, creando un marco legal para estas actividades. 

Boletín Oficial de Mendoza, sanción de la Ley n° 149. Arreglo de la Deuda Externa de Mendoza con la Socité Generale de París. (2 de Julio de 1900)

Boletín Oficial, sanción de ley n° 121, Donación a perpetuidad de tierras de Mendoza al Gobierno Nacional (8 de Agosto de 1899)

Boletín Oficial, sanción de la Ley n°143. Vigilancia para impedir riñas, ebriedad y escandalos en la provincia de Mendoza. (14 de Diciembre de 1899)

En 1899, el horario de atención de la Contaduría General de Mendoza era. De 12 a 16 hs para atención del público y de 16 a 17hs servicio interno.

Boletín Oficial de Mendoza. 29 de Abril de 1899. El Gobierno compraba los uniformes de la Policía

Resultado de la Licitación del Ministerio de Gobierno.

1- Aceptase la propuesta de Don Enrique Deppert para proveer del vestuario de invierno a la policía, debiendo confeccionar doscientos cincuenta y dos uniformes para la Policía de la Capital y doscientos cuarenta y seis para la de Campaña, en las condiciones y de acuerdo con los precios propuestos por el mismo, por la cantidad total de quince mil ochocientos sesenta y cinco pesos con veinte centavos moneda nacional    ($ 15.865,20).

2- Remítase a la Contaduría General el expediente respectivo, para los efectos del caso.
3- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

ALVAREZ

F.J. Moyano  - J.A Salas