Esta Ley establece que los yacimientos de hidrocarburos en Argentina pertenecen al Estado Nacional, tanto en territorio como en la plataforma continental. Esta ley, conocida como la Ley de Hidrocarburos, declara estos recursos como patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Argentino. La ley establece que el Estado nacional y las provincias tienen derecho a una participación en la explotación de los yacimientos por parte de empresas estatales, privadas o mixtas. Además, la ley detalla el régimen de permisos y concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos, así como las obligaciones y derechos de las empresas que participan en estas actividades. En resumen, la Ley N° 17.319 define la propiedad de los hidrocarburos en Argentina como del Estado, y establece las bases para su explotación, tanto por empresas estatales como privadas, con la participación del Estado en las ganancias. Una de las reformas más importantes fue la Ley N.º 26.197 de 2007, que transfirió a las provincias la propiedad de los yacimientos ubicados en sus territorios, reafirmando el principio de dominio estatal pero adaptándolo al federalismo argentino. A pesar de estos cambios, la estructura general de la ley original —que regula la exploración, explotación, transporte e industrialización de hidrocarburos— se mantiene como base del régimen legal actua
Bienvenidos al sitio con mayor cantidad de Fotos antiguas de la provincia de Mendoza, Argentina. (mendozantigua@gmail.com) Para las nuevas generaciones, no se olviden que para que Uds. vivan como viven y tengan lo que tienen, primero fue necesario que pase y exista lo que existió... que importante sería que lo comprendan
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sábado, 21 de junio de 2025
El 23 de junio de 1967 se sancionó en Argentina la Ley N.º 17.319, conocida como la Ley de Hidrocarburos. Esta norma fue clave para establecer el marco legal de la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos en el país.
Esta Ley establece que los yacimientos de hidrocarburos en Argentina pertenecen al Estado Nacional, tanto en territorio como en la plataforma continental. Esta ley, conocida como la Ley de Hidrocarburos, declara estos recursos como patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Argentino. La ley establece que el Estado nacional y las provincias tienen derecho a una participación en la explotación de los yacimientos por parte de empresas estatales, privadas o mixtas. Además, la ley detalla el régimen de permisos y concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos, así como las obligaciones y derechos de las empresas que participan en estas actividades. En resumen, la Ley N° 17.319 define la propiedad de los hidrocarburos en Argentina como del Estado, y establece las bases para su explotación, tanto por empresas estatales como privadas, con la participación del Estado en las ganancias. Una de las reformas más importantes fue la Ley N.º 26.197 de 2007, que transfirió a las provincias la propiedad de los yacimientos ubicados en sus territorios, reafirmando el principio de dominio estatal pero adaptándolo al federalismo argentino. A pesar de estos cambios, la estructura general de la ley original —que regula la exploración, explotación, transporte e industrialización de hidrocarburos— se mantiene como base del régimen legal actua
viernes, 20 de junio de 2025
21 de junio de 2001, se promulga la Ley 6904 de la provincia de Mendoza, que regulaba la organización de competencias automovilísticas, motociclísticas y de cualquier modalidad en calles y rutas de la provincia.
Su objetivo era establecer un marco legal para garantizar la seguridad y el orden en este tipo de eventos deportivos, que muchas veces se realizaban sin controles adecuados. La ley contemplaba aspectos como la autorización previa, medidas de seguridad, responsabilidad de los organizadores y coordinación con autoridades locales. Sin embargo, esta norma fue derogada por el artículo 13 de la Ley 8826, sancionada en 2016. Desde entonces, la regulación de estas actividades se rige por nuevas disposiciones que buscan actualizar los criterios de seguridad y organización. Algunos de los cambios clave que introdujo son: Mayor control y autorización previa: toda competencia debe ser autorizada por la autoridad provincial correspondiente, que evaluará su viabilidad técnica y condiciones de seguridad. Plan de seguridad obligatorio: los organizadores deben presentar un plan detallado, incluyendo señalización, primeros auxilios, cobertura de seguros y control del tránsito. Sanciones más claras y severas: la nueva ley establece sanciones específicas para quienes organicen o participen de eventos no autorizados. Participación de los municipios: se promueve la articulación con los municipios para garantizar el cumplimiento de las normas locales y provinciales. En resumen, la Ley 8826 busca profesionalizar la organización de eventos en la vía pública y reducir los riesgos tanto para los competidores como para el público. Esta actualización surgió a partir de reclamos sociales, accidentes previos y la necesidad de acompañar el crecimiento del deporte motor con normas más modernas.
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jueves, 19 de junio de 2025
Una ley destacada sancionada en la República Argentina un 20 de junio fue la Ley 20.680, conocida como la Ley de Abastecimiento, promulgada en 1974.
La Ley de Abastecimiento en Argentina, también conocida como Ley 20680, fue sancionada en 1974 y regulaba la compraventa, permuta y alquiler de bienes muebles, obras y servicios destinados a satisfacer necesidades comunes o corrientes de la población. Esta ley facultaba al Poder Ejecutivo a intervenir en la economía para asegurar el abastecimiento y evitar abusos, como aumentos injustificados de precios o acaparamiento de mercadería. Sin embargo, fue derogada por el Decreto N° 70/2023, publicado el 21 de diciembre de 2023. La ley regulaba la compraventa, permuta y alquiler de bienes muebles, obras y servicios que satisfacieran necesidades básicas de la población. Otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de controlar precios, sancionar prácticas abusivas (como aumentos injustificados, acaparamiento, o restricciones a la venta) y, en casos de desabastecimiento, disponer la venta, producción, distribución o prestación de bienes o servicios. La Secretaría de Comercio era la encargada de aplicar la ley, realizar controles y aplicar sanciones a quienes la incumplieran. Las sanciones podían incluir multas y clausuras de establecimientos. La Ley de Abastecimiento fue derogada por el Decreto N° 70/2023, que introdujo reformas económicas y desregulaciones. La ley fue objeto de críticas por su falta de precisión en la definición de "necesidades básicas" y por la posibilidad de ser aplicada de manera discrecional por el gobierno. Algunos sectores consideraban que la ley podía generar inseguridad jurídica y desincentivar la inversión. La derogación de la ley generó controversia, con opiniones divididas sobre sus efectos en la economía y el abastecimiento.
El 20 de junio de 2007, la provincia de Mendoza sancionó la emblemática Ley 7.722, una norma clave en la legislación ambiental argentina.
Esta ley prohíbe el uso de sustancias químicas peligrosas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en los procesos de minería metalífera, incluyendo cateo, prospección, exploración, explotación e industrialización. Su objetivo principal es proteger los recursos naturales, especialmente el agua, y garantizar que toda actividad minera cumpla con principios de sustentabilidad ambiental. Además, establece que los proyectos mineros deben contar con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ratificada por ley, y que los municipios y organismos como el Departamento General de Irrigación deben participar activamente en la evaluación. La Ley 7.722 ha sido objeto de intensos debates y movilizaciones sociales, convirtiéndose en un símbolo de la defensa del agua en Mendoza.
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miércoles, 18 de junio de 2025
El 19 de junio de 1996, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley 24.660, que establece el Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad
Esta ley regula el tratamiento de las personas condenadas, con el objetivo de promover su reinserción social y garantizar el respeto de sus derechos durante el cumplimiento de la pena. Entre sus disposiciones, la ley establece principios sobre educación, trabajo, asistencia médica y social, así como normas de disciplina y recompensas dentro del sistema penitenciario. También define el rol del juez de ejecución, quien supervisa el cumplimiento de la pena y autoriza beneficios como salidas transitorias. Establece diferentes fases o períodos de tratamiento, como la observación, la clasificación y la progresividad, con el objetivo de adaptar el tratamiento a las condiciones individuales de cada interno. Permite la salida temporal del establecimiento para afianzar lazos familiares o para fines educativos, y también la posibilidad de acceder a un régimen de semilibertad bajo ciertas condiciones. Regula la posibilidad de acceder a la libertad condicional o asistida, como formas de egreso anticipado del establecimiento, bajo ciertas condiciones y con supervisión. Establece un régimen disciplinario para mantener el orden y la seguridad en los establecimientos penitenciarios, así como las sanciones correspondientes por faltas o incumplimientos. Define la función del Consejo Correccional como un organismo colegiado que realiza el seguimiento del tratamiento del interno y evalúa su progreso. Establece mecanismos de control judicial y administrativo para asegurar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de los internos. En resumen, la Ley 24.660 busca no solo la reclusión de los condenados, sino también su rehabilitación y reinserción social a través de un sistema de tratamiento integral y progresivo, con un enfoque en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.
El 19 de junio de 2019, la Legislatura de Mendoza sancionó la Ley 9.169, que establece el Régimen Legal para el Desarmado de Automotores y Venta de Autopartes
Esta ley regula la actividad de los desarmaderos, la comercialización de autopartes y la destrucción de vehículos fuera de circulación. También deroga la Ley 7.558 y establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Seguridad de Mendoza. Establece la creación de un Registro Provincial de Verificación de Autopartes y un Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Afines. Delimita qué se entiende por "desarmadero de automotores" y las actividades relacionadas. Establece normas para la comercialización de autopartes provenientes de vehículos desarmados. La ley busca ordenar y controlar el proceso de desarme de vehículos y la venta de autopartes en la provincia de Mendoza, creando un marco legal para estas actividades.
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sábado, 5 de marzo de 2016
lunes, 29 de febrero de 2016
domingo, 28 de febrero de 2016
lunes, 18 de mayo de 2015
martes, 3 de marzo de 2015
Boletín Oficial de Mendoza. 29 de Abril de 1899. El Gobierno compraba los uniformes de la Policía
Resultado de la Licitación del Ministerio de Gobierno.
1- Aceptase la propuesta de Don Enrique Deppert para proveer del vestuario de invierno a la policía, debiendo confeccionar doscientos cincuenta y dos uniformes para la Policía de la Capital y doscientos cuarenta y seis para la de Campaña, en las condiciones y de acuerdo con los precios propuestos por el mismo, por la cantidad total de quince mil ochocientos sesenta y cinco pesos con veinte centavos moneda nacional ($ 15.865,20).
2- Remítase a la Contaduría General el expediente respectivo, para los efectos del caso.
3- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
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2- Remítase a la Contaduría General el expediente respectivo, para los efectos del caso.
3- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
ALVAREZ
F.J. Moyano - J.A Salas
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