El 21 de septiembre de 1989 quedó marcado por una extraordinaria coincidencia de acontecimientos políticos, históricos y hasta mendocinos. Ese día, el presidente Carlos Saúl Menem firmó el Decreto 830/89, que llamó a concurso público, a partir del 29 de septiembre, para adjudicar las licencias de LS84 TV Canal 11 y LS85 TV Canal 13 de Buenos Aires, hasta entonces bajo administración estatal. Conviene hacer una precisión histórica: el decreto del 21 de septiembre inició formalmente el concurso, pero la adjudicación definitiva llegó tres meses después, el 22 de diciembre de 1989, mediante el Decreto 1540/89; Canal 11 quedó finalmente en manos de Televisión Federal S.A. y Canal 13 de Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. Pero aquel 21 de septiembre ocurrió algo todavía más singular. Menem firmó también el Decreto 804/89, por el cual se constituyó la Comisión Nacional encargada de concretar la repatriación de los restos del brigadier general Juan Manuel de Rosas. La medida retomaba la Ley 20.769, sancionada en 1974, que ya había dispuesto oficialmente que sus restos regresaran a la Argentina. Y mientras el decreto se firmaba en Buenos Aires, a miles de kilómetros de distancia se producía el episodio material que haría posible aquel regreso: a las 15 horas del 21 de septiembre de 1989 los restos de Rosas fueron exhumados en el cementerio de Southampton, Inglaterra, donde permanecían desde su muerte en 1877. El féretro se encontraba debajo de las sepulturas de su hija Manuelita y de su yerno Máximo Terrero; la extracción demandó varias horas y los restos fueron trasladados posteriormente para iniciar el viaje de regreso. Nueve días después, el 30 de septiembre, llegarían finalmente a la Argentina. Pero la historia posee además un inesperado capítulo mendocino. Cuyo Televisión S.A., licenciataria de Canal 9 de Mendoza, integraba Televisoras Provinciales S.A., sociedad formada por emisoras del interior que llegó a controlar el 30 % de Televisión Federal S.A. La investigación académica de Bernadette Califano, basada en documentación del COMFER, incluye expresamente entre esas televisoras al Canal 9 mendocino. De esta manera, el concurso iniciado aquel 21 de septiembre terminaría conectando también a Mendoza con la nueva estructura empresarial de Canal 11 y Telefe. Y existe todavía una pequeña curiosidad escondida entre los papeles oficiales: en la edición del Boletín Oficial del mismo 21 de septiembre de 1989 apareció el Aviso Oficial 74960/1989 de la Subsecretaría de Transporte, una “notificación del recorrido” correspondiente a Pedro Roberto Impriglio, de Godoy Cruz, Mendoza. Mientras en las altas esferas del Estado se preparaban cambios trascendentes en la televisión argentina y se organizaba el regreso de uno de los personajes más controvertidos del siglo XIX, una modesta disposición administrativa dejaba también registrada la presencia mendocina en aquella jornada. Tres historias absolutamente diferentes —televisión, memoria histórica y transporte mendocino— quedaron así unidas por una misma fecha: 21 de septiembre de 1989. Fuentes: Decreto 830/89, Presidencia de la Nación–InfoLEG; Decreto 804/89, Presidencia de la Nación–InfoLEG; Ley Nacional 20.769; Boletín Oficial de la República Argentina, edición 21/09/1989; Bernadette Califano, “Hacia los orígenes de la concentración mediática en Argentina”, Íconos; documentación histórica sobre la repatriación de Juan Manuel de Rosas. #MendozAntigua #Mendoza #HistoriaArgentina #CarlosMenem #JuanManuelDeRosas #TelevisiónArgentina #Canal11 #Telefe #Canal9Mendoza #GodoyCruz #HistoriaDeMendoza #Efemérides #ArgentineHistory #MendozaHistory #TelevisionHistory #HistoricalArchives
El 29 de junio de 1892, Necochea, provincia de Buenos Aires, quedó ligada para siempre a la historia mundial de la criminalística. Dos hijos pequeños de Francisca Rojas, de cuatro y seis años, fueron asesinados y la propia mujer apareció con una herida en el cuello. Rojas señaló como responsable a un hombre de apellido Velázquez, sobre quien recayeron inicialmente las sospechas. Sin embargo, la investigación estaba a punto de tomar un rumbo completamente inesperado. El inspector Eduardo M. Álvarez, enviado desde La Plata y formado en los métodos de identificación que desarrollaba Juan Vucetich, examinó minuciosamente la escena y encontró un indicio extraordinario para aquella época: una huella de pulgar marcada con sangre sobre una puerta. La sección que contenía la impresión fue preservada y la huella se comparó con las impresiones dactilares de los involucrados. No pertenecía a Velázquez: coincidía con Francisca Rojas. Frente a aquella evidencia, Rojas terminó confesando. El episodio pasó a la historia como el primer homicidio considerado resuelto mediante evidencia dactilar, un acontecimiento que transformó una investigación policial argentina en un hito internacional de la ciencia forense. Lo ocurrido no fue producto de una casualidad aislada. Juan Vucetich, funcionario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, venía desarrollando un sistema práctico para clasificar e identificar personas mediante las impresiones de sus dedos. La National Library of Medicine de Estados Unidos conserva y exhibe documentación histórica excepcional vinculada al caso, entre ella la ficha dactiloscópica de Francisca Rojas de 1892 y cartas enviadas desde Necochea a Vucetich durante la investigación. El caso demostró de manera contundente el potencial de una tecnología que apenas comenzaba a desarrollarse. Vucetich continuó perfeccionando su método, al que denominó dactiloscopía comparada; la provincia de Buenos Aires lo adoptó oficialmente en 1903 y en 1904 apareció su obra Dactiloscopía Comparada, que contribuyó a difundir el sistema en numerosos países, particularmente en el mundo hispanohablante. El Departamento de Justicia de Estados Unidos destaca además que Argentina se convirtió en el primer país en apoyarse exclusivamente en las huellas dactilares como método de individualización. Aquella pequeña marca ensangrentada sobre una puerta de Necochea terminó demostrando algo extraordinario: mientras un testimonio podía mentir y una acusación podía señalar a un inocente, los dibujos formados por las crestas de un dedo podían convertirse en una evidencia capaz de identificar a una persona. Desde aquel crimen de 1892, las huellas dactilares comenzaron a ocupar un lugar decisivo en la investigación policial moderna. Una escena ocurrida en la Argentina terminó dejando, literalmente, una huella en la historia mundial. #HistoriaArgentina #Necochea #JuanVucetich #FranciscaRojas #Criminalística #Dactiloscopía #HuellasDactilares #HistoriaPolicial #CienciaForense #ArchivoHistórico #ArgentineHistory #JuanVucetich #Fingerprint #Fingerprints #ForensicScience #CriminalInvestigation #ForensicHistory #HistoryOfScience. Fuente de origen: U.S. National Library of Medicine, exposición Visible Proofs: Juan Vucetich and the Origins of Forensic Fingerprinting; U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, The Fingerprint Sourcebook, Chapter 1: History; Universidad Nacional de La Plata, estudios históricos sobre Juan Vucetich.
El 20 de septiembre de 1925, exactamente a las 20:20, un tren especial del Ferrocarril Trasandino entró en la estación Mendoza llevando a uno de los visitantes más célebres que pasó por la provincia durante la primera mitad del siglo XX: el príncipe Eduardo, príncipe de Gales y heredero del trono británico, quien once años después se convertiría en el rey Eduardo VIII. Su llegada se había hecho esperar. Eduardo regresaba desde Chile, pero un accidente ferroviario ocurrido en territorio chileno obligó a modificar el viaje y, posteriormente, un fuerte temporal de nieve en la cordillera demoró durante varios días el cruce hacia Mendoza. La reconstrucción realizada por Silvia Cirvini y Jorge Ricardo Ponte en “Tras los pasos perdidos de la Legislatura de Mendoza. Su sede y su historia” registra con extraordinaria precisión el momento del arribo: “Finalmente, el 20 de setiembre a las 20,20”, el príncipe llegó a Mendoza en el tren especial del Trasandino. Aquella noche la ciudad tenía preparado un recibimiento excepcional. Eduardo fue trasladado hasta el edificio de la Legislatura de Mendoza, que por entonces era uno de los principales escenarios provinciales para grandes recepciones oficiales. Allí, en el actual Recinto de Sesiones, se montó una enorme mesa para 152 comensales. Las galerías superiores fueron habilitadas para invitados que, mediante invitación, pudieron contemplar el banquete desde lo alto. Poco antes de la medianoche, el príncipe abandonó la Legislatura junto con su comitiva y se dirigió al entonces Plaza Hotel, donde la colectividad británica había organizado un baile en su honor. La propia Cámara de Diputados de Mendoza confirma tanto la fecha del 20 de septiembre de 1925 como el banquete de 152 cubiertos y el posterior traslado al Plaza. Pero existe un detalle que transforma este episodio en una verdadera joya documental para MendozAntigua: la visita quedó registrada fotográficamente. Cirvini y Ponte identifican imágenes del príncipe Eduardo acompañado por el interventor federal Enrique Mosca en el hall de la Legislatura y varias fotografías del gigantesco banquete. Todas fueron publicadas pocos días después en “La Quincena Social”, Año VII, N.º 154, Mendoza, 30 de septiembre de 1925. La revista mendocina constituye una fuente visual de enorme valor: investigaciones académicas destacan que “La Quincena Social” incorporaba numerosas fotografías y se convirtió en una de las fuentes documentales gráficas más importantes de Mendoza durante la primera mitad del siglo XX. Además, la Hemeroteca Pública Legislativa “Armando Tejada Gómez” informa que conserva ejemplares históricos de esta publicación, cuya colección se remonta a 1920. Hay, además, una corrección histórica indispensable. Una publicación actual de la Legislatura afirma que aquel visitante llegaría a convertirse en “Eduardo VII”, pero se trata de un error: Eduardo VII había reinado entre 1901 y 1910. El príncipe que estuvo en Mendoza en 1925 ascendió al trono el 20 de enero de 1936 como Eduardo VIII y abdicó en diciembre de ese mismo año. La propia Casa Real británica confirma que su reinado duró apenas 325 días y que posteriormente recibió el título de duque de Windsor. Así, aquella noche mendocina adquiere hoy una dimensión todavía mayor: a las 20:20 del 20 de septiembre de 1925, entre locomotoras, recepciones oficiales, luces y una cena para 152 personas, Mendoza recibió al heredero del Imperio británico, sin imaginar que apenas once años después protagonizaría una de las abdicaciones más famosas del siglo XX. Y en algún ejemplar de “La Quincena Social” N.º 154 sobreviven todavía las fotografías que congelaron aquella extraordinaria noche mendocina. FUENTE: Silvia A. Cirvini y Jorge Ricardo Ponte, “Tras los pasos perdidos de la Legislatura de Mendoza. Su sede y su historia”, Honorable Legislatura de Mendoza, 1992; Cámara de Diputados de Mendoza, “La Legislatura: lugar elegido para las recepciones oficiales. Desde el príncipe de Saboya al príncipe de Gales”; “La Quincena Social”, Año VII, N.º 154, Mendoza, 30 de septiembre de 1925; The Royal Family, biografía oficial de Edward VIII. #MendozAntigua #Mendoza #HistoriaDeMendoza #MendozaAntigua #Efemerides #20DeSeptiembre #PrincipeDeGales #EduardoVIII #EdwardVIII #FerrocarrilTrasandino #EstacionMendoza #LegislaturaDeMendoza #LaQuincenaSocial #HistoriaArgentina #FotosAntiguas #ArchivoHistorico #BritishRoyalFamily #PrinceOfWales #MendozaHistory #ArgentinaHistory #HistoricMendoza #RailwayHistory #VintageArgentina
El 20 de septiembre de 1919, Mendoza fue escenario de una reunión extraordinaria que concentró en una misma acta a varios de los nombres más poderosos de la vitivinicultura provincial. El documento sobrevivió reproducido con un encabezamiento inequívoco: “Acta de la asamblea celebrada en la ciudad de Mendoza el día 20 de septiembre de 1919”. Los bodegueros y viticultores se habían reunido después de mantener una conferencia con el gobernador José Néstor Lencinas para fijar una posición común frente a un proyecto del Poder Ejecutivo que ampliaba la intervención estatal sobre la industria. La resolución fue clara: solicitaron que el proyecto fuera retirado para permitir un nuevo estudio de la situación y defendieron que el comercio y la industria pudieran desenvolverse sin aquella intervención. También acordaron formar una comisión que, si la iniciativa finalmente era convertida en ley, consultaría a tres reconocidos juristas de Buenos Aires acerca de su validez constitucional. Lo verdaderamente extraordinario aparece unas líneas más abajo: la lista de firmas reúne prácticamente un mapa de la gran vitivinicultura mendocina de comienzos del siglo XX. Allí figuran S.A. Bodegas y Viñedos Giol, representada por J. Trianes Díaz; S.A. Bodegas y Viñedos D. Tomba, por Luis Colombo; Bodegas Arizú, por Leoncio Arizú; Bodegas El Globo, por E. Seippel; y también Christensen, Endrizzi y Cía., Furlotti Hermanos y Cía., Luis Tirasso, Strittmatter y Hilbing, Benegas Hnos. y Cía., Eugenio Scaramella, Rutini y Cavagnaro, Agustín Piccione e Hijos, Ledesma Hnos. y muchas otras firmas. Varias de esas empresas estaban entre las grandes protagonistas de una vitivinicultura que había convertido a Mendoza en el principal núcleo productor de vinos del país. Ese mismo 20 de septiembre, Luis Colombo remitió al gobernador Lencinas una carta acompañando el acta. En ella reiteraba el pedido de retirar el proyecto mientras se estudiaban alternativas para afrontar los problemas de la actividad, mencionando expresamente las bodegas regionales y la necesidad de prevenir futuros excesos de producción de uva. La comisión quedó integrada por representantes de Tomba, Giol, Arizú, El Globo y Christensen. El episodio no terminó allí. El proyecto desembocó semanas después en la Ley provincial 759, promulgada el 6 de noviembre de 1919. La norma derogó artículos de la anterior Ley 703 que habían sido alcanzados por un fallo de la Corte Suprema, creó un impuesto de un centavo y medio por litro sobre las existencias de vino y estableció un amplio sistema de regulación que incluía intervención sobre la producción, adquisición de uva, precios y seguro agrícola. Estudios históricos sobre el período señalan que las leyes 758 y 759 formaron parte de la reformulación de la política vitivinícola impulsada durante el gobierno de Lencinas y su ministro Leopoldo Suárez. Aquella comisión cumplió finalmente lo acordado en septiembre: recurrió a Osvaldo Magnasco, Joaquín V. González y Manuel Augusto Montes de Oca. El dictamen, fechado el 18 de marzo de 1920, cuestionó la constitucionalidad de la Ley 759 y recomendó acudir a la Justicia federal. Gracias a esa controversia, el acta del 20 de septiembre, la carta de Luis Colombo, el texto de la ley y el posterior dictamen quedaron incorporados a las Obras completas de Joaquín V. González. Es decir, no estamos frente a una simple referencia periodística: podemos leer hoy buena parte de la documentación que nació de aquella histórica reunión mendocina. Falta todavía una pieza apasionante para cerrar completamente el círculo documental: localizar físicamente el manuscrito original del acta y de la carta dentro de los fondos históricos de Gobierno o de la Legislatura de Mendoza y obtener su signatura definitiva. Pero la reunión, la fecha, sus resoluciones y la impresionante nómina de firmantes están documentalmente comprobadas. Fuente de origen: Joaquín V. González, Obras Completas, tomo XII, “Sobre inconstitucionalidad de la Ley 759 de la Provincia de Mendoza. Monopolio fiscal en el derecho público de provincia”, antecedentes, acta y correspondencia del 20 de septiembre de 1919; edición digital conservada por SEDICI, Universidad Nacional de La Plata. Consultar la reproducción digital en SEDICI-UNLP #Mendoza #MendozAntigua #HistoriaDeMendoza #Vitivinicultura #VinoMendocino #BodegasDeMendoza #Giol #Tomba #Arizu #Rutini #Benegas #HistoriaDelVino #Efemerides #WineHistory #MendozaWine #ArgentineWine #WineHeritage #HistoricWineries #ArgentinaHistory
El 20 de septiembre de 1876, quedó fechado en Mendoza un documento que permite observar desde adentro un problema decisivo en la construcción del Estado provincial: ¿alcanzaba un solo ministro para acompañar al gobernador en una administración que se volvía cada vez más compleja? La pieza se conserva identificada con una precisión excepcional: Expediente N.º 2833, “Ley autorizando al señor gobernador de la provincia para asociarse con un ministro más en la administración”, Carpeta 53, Archivo Legislativo de Mendoza. La referencia fue localizada y citada directamente por la historiadora Gabriela García Garino en una investigación de la Universidad Nacional de Cuyo dedicada a estudiar la formación del aparato estatal mendocino entre 1852 y 1880. Lejos de ser un simple cambio burocrático, el expediente formaba parte de una discusión que atravesó buena parte de aquellos años. Mendoza estaba desarrollando nuevas oficinas, sistemas de recaudación y mecanismos de control fiscal, pero lo hacía con recursos limitados. La Tesorería-Receptoría había concentrado inicialmente buena parte de las tareas financieras; posteriormente aparecieron organismos especializados y en 1870 se incorporó la Contaduría. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda tuvo una existencia mucho más inestable: aparecía y desaparecía de los presupuestos según las necesidades administrativas, las dificultades financieras y las decisiones de la Legislatura. El debate era intenso. Algunos legisladores consideraban que sostener otro ministro significaba agregar un gasto innecesario a una provincia con un erario limitado; otros defendían que la creciente complejidad de la administración y, especialmente, de la Hacienda pública exigía funcionarios especializados capaces de ordenar y controlar áreas que ya no podían manejarse como décadas atrás. García Garino documenta que el cargo de ministro de Hacienda fue discutido repetidamente: se mantuvo en 1871, fue eliminado durante la discusión presupuestaria siguiente, volvió a ser impulsado por el Ejecutivo en 1872 y continuó generando controversias durante los años posteriores. En marzo de 1876, incluso, volvió a debatirse su permanencia. En ese contexto aparece el extraordinario expediente del 20 de septiembre de 1876. Su importancia está en que no conocemos solamente una referencia general o una fecha reconstruida: tenemos número de expediente, título, fecha, carpeta y repositorio. La propia investigación académica consigna literalmente la referencia archivística: expediente 2833, 20 de septiembre de 1876, carpeta 53, Archivo Legislativo de Mendoza. El documento es, por lo tanto, una pequeña ventana hacia una enorme transformación: la lenta construcción de una administración provincial más especializada. Estudios posteriores de la misma investigadora muestran que aquel proceso estuvo condicionado por la escasez de recursos, la falta de personal especializado y las discusiones permanentes acerca de cuánto debía crecer la estructura gubernamental. Tesoreros, contadores, escribientes, oficiales y ministros fueron conformando un aparato estatal que todavía estaba lejos de la burocracia moderna que conocemos actualmente. Y hay un detalle histórico importante: el 20 de septiembre de 1876 todavía gobernaba Francisco Civit; Joaquín Villanueva asumiría posteriormente ese mismo año. La documentación estudiada por García Garino permite seguir cómo la cuestión ministerial continuó bajo la nueva administración y reapareció en los debates legislativos de noviembre y diciembre. Así, detrás de un expediente guardado durante un siglo y medio en una carpeta legislativa aparece una pregunta que acompañó la formación del Estado mendocino: cuánto debía crecer la administración para poder gobernar una provincia que también estaba creciendo. Hoy, 150 años después, el Expediente 2833 nos devuelve el instante exacto en que aquella discusión quedó escrita sobre el papel. Fuente: Gabriela García Garino, “La construcción del aparato estatal desde la legislatura. Una aproximación fiscal. Mendoza, 1852-1880”, Estudios Sociales Contemporáneos, N.º 19, IMESC-IDEHESI/CONICET, Universidad Nacional de Cuyo, diciembre de 2018, pp. 212-234. Referencia documental citada por la autora: Archivo Legislativo de Mendoza (ALM), Expediente 2833, “Ley autorizando al señor gobernador de la provincia para asociarse con un ministro más en la administración”, 20 de septiembre de 1876, Carpeta 53. #MendozAntigua #Mendoza #HistoriaDeMendoza #Efemérides #20DeSeptiembre #ArchivoLegislativo #LegislaturaDeMendoza #HistoriaArgentina #SigloXIX #DocumentosHistóricos #PatrimonioDocumental #MemoriaHistórica #MendozaAntigua #MendozaHistory #ArgentineHistory #HistoricalArchives #September20 #19thCentury #HistoricalDocuments #LocalHistory
Hace exactamente 240 años, el 20 de septiembre de 1786, el Cabildo de Mendoza tomó una decisión que revela hasta qué punto el agua podía significar la supervivencia misma de la ciudad colonial: propuso que el convento de San Agustín asumiera el cuidado del curso del río y de la derivación que abastecía a Mendoza. El episodio no es una reconstrucción basada únicamente en referencias generales. El historiador José Luis Masini Calderón cita expresamente un documento conservado entonces en el Archivo Histórico de Mendoza como “Carpeta 17, Colonial, Acta del Cabildo, 20-IX-1786”, mientras que una investigación posterior sobre la presencia agustiniana en Cuyo individualiza la pieza como “AGPM, Carpeta 17, Documento 1, año 1786” y señala que allí el Cabildo resolvió que el convento de San Agustín se hiciera cargo del cuidado del curso del río por su cuenta. Según la reconstrucción de Masini Calderón, el Cabildo volvió a ofrecer a los religiosos aquella responsabilidad por 700 pesos, una tarea que no era nueva para ellos. Los agustinos poseían una importante estructura productiva en El Carrascal y disponían de mano de obra experimentada para afrontar trabajos de construcción y mantenimiento. Pero detrás de esas obras aparece también una realidad que no debe ocultarse: buena parte de aquella fuerza laboral estaba formada por personas esclavizadas. La documentación del propio AGPM registra que ya en 1776 el Cabildo había solicitado al convento veinte esclavizados para trabajos vinculados con el agua, prueba de que el establecimiento agustino era requerido para obras hidráulicas de interés público. Mantener la toma no era una tarea menor. El río Mendoza cambiaba con las crecientes, dañaba derivaciones, abría nuevos cauces y podía interrumpir el suministro de una población que dependía de acequias para beber, cultivar, sostener huertas, viñas y haciendas. Otros documentos coloniales muestran que el Cabildo debía contratar periódicamente personas encargadas de mantener corriente la toma, reparar derrumbes y restablecer el agua después de las avenidas. En 1759, por ejemplo, las autoridades reconocían que la toma no era estable y que el propio río modificaba continuamente el lugar por donde ingresaba el agua hacia la ciudad. El episodio de 1786 pertenece así a una historia mucho mayor: siglos antes de la Ley de Aguas de 1884 y de la creación de los organismos modernos de irrigación, Mendoza ya organizaba contratos, cuadrillas, gastos y responsabilidades para garantizar su recurso más indispensable. El Departamento General de Irrigación recuerda que la administración de las aguas públicas posee profundas raíces históricas en la provincia y que el sistema actual heredó una larga tradición de regulación y conservación de cauces. Aquella acta del 20 de septiembre de 1786 nos permite imaginar una Mendoza todavía pequeña, levantada en medio de un territorio árido, donde una creciente podía poner en jaque a toda la población y donde controlar una toma significaba, literalmente, asegurar que la ciudad pudiera continuar viviendo. Fuente documental: Archivo General de la Provincia de Mendoza, Época Colonial, Carpeta 17, probablemente Documento 1, Acta del Cabildo del 20 de septiembre de 1786. Bibliografía: José Luis Masini Calderón, “Aspectos económicos y sociales de la acción de los Agustinos en Cuyo (siglos XVII, XVIII y XIX)”, Revista de Historia Americana y Argentina, pp. 69-98; “Huellas Agustinianas en Argentina y Uruguay”, referencia documental AGPM, Carp. 17, Doc. 1, año 1786. La Library of Congress registra y describe el estudio de Masini Calderón dedicado a la actividad económica y social de los agustinos mendocinos. #MendozAntigua #Mendoza #HistoriaDeMendoza #MendozaColonial #CabildoDeMendoza #RioMendoza #Agua #Acequias #HistoriaDelAgua #SanAgustin #Agustinos #ArchivoHistorico #PatrimonioMendocino #HistoriaArgentina #ColonialMendoza #MendozaHistory #ArgentineHistory #WaterHistory #IrrigationHistory #HistoricalArchives
Hace exactamente 220 años, el 20 de septiembre de 1806, Luis de la Cruz dejó fechada una carta dirigida al marqués Rafael de Sobremonte que hoy constituye un extraordinario testimonio de una de las grandes exploraciones terrestres de comienzos del siglo XIX. De la Cruz, nacido en Concepción en 1768 y entonces vinculado al gobierno de aquella ciudad chilena, había emprendido ese mismo año una arriesgada expedición destinada a reconocer una comunicación terrestre entre Concepción y Buenos Aires. La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile recuerda que aquella travesía fue realizada en apenas 47 días, atravesando territorios prácticamente desconocidos para la administración colonial y recorriendo espacios habitados y controlados por distintas sociedades indígenas. El viaje se desarrolló, además, en un momento excepcionalmente convulsionado. Mientras De la Cruz avanzaba hacia el Río de la Plata, las tropas británicas habían desembarcado en junio de 1806 y ocupado Buenos Aires. El virrey Sobremonte se retiró hacia Córdoba para reorganizar fuerzas, y la ciudad recién fue reconquistada el 12 de agosto por las tropas encabezadas por Santiago de Liniers. En ese escenario, la carta fechada el 20 de septiembre adquiere un valor enorme. Villar y Jiménez la citan con notable precisión: carta de Luis de la Cruz al marqués de Sobremonte, 20 de septiembre de 1806, legajo 179, fojas 219 y 219 vuelta, Archivo General de Indias de Sevilla. Allí De la Cruz resumía parte de la información reunida durante su marcha y explicaba que había procurado conocer “el número de Indios, sus fuerzas, carácter, gobierno, y demás costumbres”. Detrás del lenguaje propio de un funcionario colonial aparece una verdadera radiografía territorial y humana de las pampas: caciques, grupos indígenas, fuerzas disponibles, rutas, aguadas, relaciones políticas y espacios que para las autoridades españolas seguían siendo conocidos de manera fragmentaria. El valor de aquella expedición puede verse incluso sobre un mapa. La Biblioteca Nacional de Chile conserva, dentro de la colección del Archivo Nacional, un mapa realizado por Carlos Wood y publicado en 1825 que representa expresamente el viaje efectuado por Luis de la Cruz desde Concepción hacia Buenos Aires en 1806. Es una pieza cartográfica extraordinaria porque permite transformar las páginas del relato en territorio y seguir visualmente aquella gigantesca marcha a través de los Andes y las llanuras interiores de Sudamérica. Pero hay un detalle archivístico que MendozAntigua debe conservar con cautela: en el trabajo de Villar y Jiménez publicado en Quinto Sol la carta aparece atribuida a la Audiencia de Charcas, legajo 179, mientras que en otro estudio de los mismos autores, Un argel disimulado, figura bajo la Audiencia de Chile, también legajo 179. La fecha, el destinatario y las fojas coinciden claramente en la bibliografía, pero hasta verificar directamente la unidad documental en el catálogo del AGI/PARES conviene citarla simplemente como Archivo General de Indias, legajo 179, ff. 219-219v. Fuente: Daniel Villar y Juan Francisco Jiménez, “Los indígenas del País de los Médanos, Pampa centro-oriental (1780-1806)”, Quinto Sol, vol. 17, n.º 2, 2013, DOI 10.19137/qs.v17i2.770; Daniel Villar y Juan Francisco Jiménez, “Un argel disimulado. Aucan y poder entre los corsarios de Mamil Mapu (segunda mitad del siglo XVIII)”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, DOI 10.4000/nuevomundo.656; Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, reseña biográfica de Luis de la Cruz Goyeneche; Memoria Chilena–Biblioteca Nacional de Chile, “Mapa del viaje de Luis de la Cruz, de Concepción a Buenos Aires en 1806”, Carlos Wood, 1825. #MendozAntigua #LuisDeLaCruz #HistoriaArgentina #HistoriaDeChile #HistoriaColonial #ArchivoGeneralDeIndias #Pampas #PueblosOriginarios #InvasionesBritanicas #Sobremonte #DocumentosHistoricos #Efemerides #ArgentineHistory #ChileanHistory #ColonialHistory #IndigenousHistory #HistoricalDocuments #SouthAmericanHistory
El 20 de septiembre de 1776, hace exactamente 250 años, un funcionario de la Real Hacienda dejó escrita una pequeña escena del comercio colonial que hoy nos permite seguir el rastro de una tropa llegada desde Mendoza hasta Buenos Aires. Aquel día quedó asentado el ingreso de Pedro Almeida, identificado expresamente como procedente de la ciudad de Mendoza, al frente de apenas cuatro carretas. Pero la carga era extraordinariamente reveladora: transportaba 60 planchas de cobre destinadas a don Tomás Batlla y siete petacas de moscatel para don Diego Agüero. El registro incorpora además un detalle llamativo: Almeida entró “sin guía de la Guardia de Luján”. El documento no explica el motivo de esa ausencia, por lo que no corresponde interpretarla automáticamente como una irregularidad; simplemente quedó consignada por los funcionarios de Hacienda. Aquellas cuatro carretas eran apenas una diminuta pieza de una gigantesca red comercial. Los mismos registros de 1776 documentan otras tropas mendocinas cargadas con vino, aguardiente, vinagre, frutas y moscatel: en enero, por ejemplo, Eusebio Rodríguez llegó con 18 carretas y 274 botijas de vino; en julio Juan Tomás Morales condujo 14 carretas con más de 200 botijas de vino, aguardiente y petacas de moscatel; y el 28 de septiembre José Antonio Cabral ingresó con otras 11 carretas cargadas con vino y frutas. No eran viajes menores. Cruzar las extensas llanuras entre Cuyo y Buenos Aires requería animales, conductores, provisiones, reparación permanente de vehículos y semanas de marcha. Investigaciones sobre los registros aduaneros mendocinos de fines del siglo XVIII muestran hasta qué punto aquella ruta era decisiva: alrededor del 94 % del movimiento de carretas registrado en la muestra estudiada correspondía al eje Mendoza-Buenos Aires. Mendoza funcionaba además como una verdadera bisagra entre el Atlántico y el Pacífico: las carretas miraban principalmente hacia Buenos Aires, mientras las recuas de mulas atravesaban los Andes hacia Chile. Las siete petacas también tienen su propia historia. No eran las pequeñas petacas modernas, sino grandes contenedores, muchas veces confeccionados con cuero, empleados para transportar mercancías a larga distancia. Investigaciones especializadas documentan precisamente la circulación y venta en Buenos Aires de petacas con pasas moscatel procedentes del ámbito cuyano. Así, una anotación administrativa aparentemente rutinaria terminó conservando durante dos siglos y medio una imagen extraordinariamente concreta: Pedro Almeida, cuatro carretas procedentes de Mendoza, sesenta planchas de cobre y siete petacas de moscatel atravesando el enorme espacio colonial rumbo al gran mercado porteño. Una instantánea escrita de los caminos, los hombres y las mercancías que conectaban a Mendoza con el resto del continente. Fuente: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Sección de Historia, Documentos para la Historia Argentina, Tomo I: Real Hacienda (1776-1780), Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1913, p. 91. La obra está digitalizada íntegramente y es de dominio público. Como contexto complementario: Pablo Lacoste, “Carretas y transporte terrestre bioceánico: la ruta Buenos Aires-Mendoza en el siglo XVIII”, Estudos Ibero-Americanos, 2005; y trabajos posteriores sobre petacas y comercio cuyano. #MendozAntigua #Mendoza #Mendoza1776 #HistoriaDeMendoza #HistoriaArgentina #HistoriaColonial #RealHacienda #Carretas #CaminoReal #ComercioColonial #Moscatel #Cobre #BuenosAires #ArchivoHistorico #PatrimonioHistorico #ArgentineHistory #MendozaHistory #ColonialHistory #HistoricTrade #TradeRoutes #OxCarts #SouthAmericanHistory
Hace 382 años, el 20 de septiembre de 1644, el Cabildo de Mendoza dejó escrita una frase breve pero estremecedora que sobrevivió al paso de casi cuatro siglos: “se le entreguen los dichos quinze yndios de mita”. No es una fecha aproximada ni una reconstrucción moderna. La investigadora Claudia María Ferro reproduce expresamente el pasaje en su tesis doctoral sobre las Actas Capitulares de Mendoza y lo identifica como correspondiente al 20 de septiembre de 1644, tomo II, páginas 266 a 269. El documento abre una ventana directa hacia las relaciones de trabajo y dominación existentes en la Mendoza colonial. Ferro estudió especialmente el significado que adquiría la palabra “mita” en los documentos mendocinos y concluyó que, en estas actas, se utilizaba para designar un contingente de indígenas que eran trasladados de manera rotativa para cumplir trabajos serviles. El propio pasaje de 1644 menciona que debían mudarse por turnos cada año y que al finalizar ese período debía completarse su paga. La investigadora advierte además que el empleo mendocino del término tenía características propias, por lo que no debe identificarse automáticamente con la célebre mita minera de los Andes centrales. El episodio cobra todavía mayor dimensión cuando se lo coloca dentro de la sociedad cuyana del siglo XVII. La encomienda y otras formas coloniales de utilización de mano de obra indígena atravesaron profundamente la historia temprana de Cuyo; estudios de la Universidad Nacional de Cuyo describen aquella sociedad como jerárquica y desigual, con comunidades nativas sometidas a tributos y distintas formas de servidumbre, mientras la Biblioteca Nacional de Chile señala que el sistema de encomienda se extendió durante el siglo XVII también a Cuyo. La referencia documental puede comprobarse además dentro de una colección histórica perfectamente identificada: el catálogo de la Academia Nacional de la Historia registra el tomo II de las Actas Capitulares de Mendoza como correspondiente al período 1627-1650, precisamente el volumen en el que se encuentra la actuación de 1644. Hay, sin embargo, una precisión fundamental. Después del rastreo documental realizado para localizar acontecimientos ocurridos específicamente un 20 de septiembre, no he encontrado hasta ahora una actuación mendocina anterior a 1644 cuya fecha pueda sostener con semejante seguridad. Esto no significa que jamás haya existido otra: pueden haberse perdido documentos, permanecer fondos todavía sin digitalizar o aparecer nuevas referencias. Significa algo más riguroso: el 20 de septiembre de 1644 continúa siendo, hasta este momento, el registro más antiguo que he podido fijar documentalmente para esta fecha. Y detrás de aquella antigua grafía —“quinze yndios de mita”— aparecen quince personas cuyos nombres el acta no nos devuelve, pero cuya presencia quedó registrada para siempre. Una pequeña línea administrativa que, 382 años después, nos obliga a mirar de frente una de las dimensiones más duras de la Mendoza colonial. Fuente de origen: Actas Capitulares de Mendoza, tomo II, período 1627-1650, Junta de Estudios Históricos de Mendoza, 1961, actuación del 20 de septiembre de 1644, pp. 266-269. Complementado con Claudia María Ferro, Análisis filológico de las actas del Cabildo de Mendoza, tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, 2016. #MendozAntigua #Mendoza #HistoriaDeMendoza #MendozaColonial #20DeSeptiembre #CabildoDeMendoza #ActasCapitulares #HistoriaIndígena #PueblosOriginarios #Mita #Cuyo #HistoriaArgentina #ArchivoHistórico #PatrimonioDocumental #MemoriaHistórica #ColonialMendoza #MendozaHistory #ArgentineHistory #IndigenousHistory #ColonialHistory #HistoricalArchives #CulturalHeritage
Hace 336 años, una disputa por vino, comercio y carretas enfrentó los intereses de los productores mendocinos con las autoridades de Buenos Aires. Un extraordinario documento colonial permite reconstruir aquella historia y contiene una fecha clave: el 20 de septiembre de 1690. El protagonista fue Diego de Manterola, quien llevó ante la autoridad superior una denuncia por las dificultades que, según sostenía, sufrían los vecinos de Mendoza cuando trasladaban sus vinos, aguardientes y otros productos hasta la entonces Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de Buenos Aires. El reclamo era contundente: se pedía que los comerciantes mendocinos pudieran vender sus productos a quienes consideraran conveniente, sin ser obligados a negociar sus vinos y aguardientes con compradores designados por el gobernador o los miembros del Cabildo porteño. Pero el episodio más sorprendente estaba relacionado con el regreso de las carretas. Según la presentación de Manterola, los carreteros eran obligados a cargar nada menos que treinta carretadas de piedra, cal y tierra. La justificación oficial era que aquellos materiales serían utilizados en las fortificaciones de Buenos Aires; sin embargo, el escrito acusaba al gobernador y a algunos capitulares de destinarlos también a sus propias construcciones y a las de personas allegadas. Es importante remarcarlo: eso aparece como una acusación formulada en la petición, no como un hecho que hoy podamos considerar demostrado de manera independiente. Manterola argumentaba además que aquella carga atrasaba los viajes y deterioraba las carretas, y reclamaba que, si Buenos Aires necesitaba esos materiales, su transporte fuese voluntario y remunerado. La documentación publicada por la Academia Nacional de la Historia conserva incluso el pedido de que los mendocinos pudieran transportar y comercializar libremente sus “vinos y aguardientes” y que los carreteros pudieran regresar sin ser sometidos a aquella obligación. El contexto ayuda a comprender la magnitud del conflicto. La producción de vino ya era una actividad fundamental en la Mendoza del siglo XVII: investigaciones de la Universidad Nacional de Cuyo documentan el desarrollo temprano de viñedos y bodegas y señalan que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se encontraban entre los principales mercados de los vinos cuyanos. Las cargas recorrían cerca de mil kilómetros mediante pesadas carretas o tropas de animales, por caminos lentos, costosos y difíciles. Estudios posteriores sobre el transporte colonial confirman hasta qué punto la ruta Mendoza–Buenos Aires terminó siendo decisiva para la economía regional: hacia fines del siglo XVIII, más del 94 % de las carretas registradas en una amplia muestra de la Aduana mendocina conectaban precisamente ambas ciudades, y los vinos constituían uno de los principales productos enviados hacia el este. La precisión cronológica merece especial atención. El texto conservado no permite afirmar simplemente que toda la petición haya sido redactada el 20 de septiembre. La copia está fechada en Lima el 11 de octubre de 1690 y señala expresamente que la provisión había sido mandada despachar “por decreto de veinte de Setiembre de este año”. Por eso, la formulación históricamente correcta es que el expediente remite de manera explícita a un decreto del 20 de septiembre de 1690 relacionado con aquel reclamo. Más de tres siglos después, este documento revela hasta qué punto el vino mendocino ya dependía de largas redes comerciales y cómo detrás de cada botija que llegaba al Río de la Plata había semanas de viaje, animales, carreteros, caminos y fuertes disputas por quién controlaba el comercio. Y entre esas páginas aparece una escena difícil de olvidar: comerciantes mendocinos reclamando que, después de llevar sus vinos a Buenos Aires, no se obligara a sus carretas a regresar convertidas en transportes gratuitos de piedra, cal y tierra. FUENTE DE ORIGEN: Fernando Morales Guiñazú, “Comercio colonial de Cuyo”, en II Congreso Internacional de Historia de América, Tomo III, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1938, pp. 129-144, especialmente p. 143. Allí se reproduce el “Documento N.º 3”, procedente del entonces Archivo Administrativo e Histórico de Mendoza. La referencia bibliográfica del trabajo de Morales Guiñazú está corroborada en bibliografía académica posterior. Como complemento: Estela del Carmen Premat, La bodega mendocina de los siglos XVI al XIX, tesis doctoral, Universidad Nacional de Cuyo, 2012. #Mendoza #MendozAntigua #HistoriaDeMendoza #20DeSeptiembre #VinoDeMendoza #Vitivinicultura #HistoriaDelVino #DiegoDeManterola #BuenosAires #HistoriaArgentina #SigloXVII #EpocaColonial #Carretas #ComercioColonial #ArchivoHistorico #DocumentosHistoricos #MendozaHistory #ArgentineHistory #WineHistory #MendozaWine #ColonialHistory #BuenosAiresHistory #HistoricalDocuments #WineTrade
Hace 331 años, el 20 de septiembre de 1695, mientras Mendoza era todavía una pequeña ciudad colonial vinculada administrativamente al Reino de Chile, quedó asentado uno de esos documentos capaces de atravesar más de tres siglos y devolvernos la voz de sus protagonistas. Ese día, el capitán Juan Corvalán de Castilla —también citado en documentos y estudios como Corvalán y Castillo o Corbalán— otorgó su testamento en Mendoza ante Martín Pizarro Figueroa, alcalde de primer voto. La referencia documental conservada por la investigación histórica es extraordinariamente precisa: Archivo Histórico de Mendoza, Protocolo N.º 24, foja 60, 20-IX-1695. Corvalán había nacido en Santiago de Chile el 25 de junio de 1637, por lo que tenía 58 años cuando dispuso su última voluntad. Antes de establecerse en Mendoza había pasado por el Río de la Plata, donde ejerció como capitán de caballos del Presidio de Buenos Aires; posteriormente se convirtió en vecino encomendero mendocino. En Buenos Aires había contraído matrimonio en 1663 con Isabel Bautista de la Rocha, y su descendencia quedaría profundamente arraigada en Cuyo. Pero lo más fascinante del documento no está solamente en los nombres y fechas. Los testamentos coloniales eran auténticas radiografías de la sociedad: en ellos podían aparecer bienes, deudas, familiares, herederos, esclavos, sirvientes, disposiciones funerarias, misas, limosnas, mandas religiosas y relaciones personales que difícilmente sobrevivían en otro tipo de documentación. El testamento de Corvalán comenzaba siguiendo la profunda religiosidad propia de aquel mundo, invocando a la Santísima Trinidad, a la Virgen y a los santos, y expresaba la preocupación del otorgante por encontrarse espiritualmente preparado para la muerte. La historiadora Andrea Greco de Álvarez utilizó precisamente este testamento para estudiar la concepción de la “buena muerte” en la Mendoza colonial y consignó entre sus fuentes la referencia exacta del Protocolo 24, foja 60, fechada el 20 de septiembre de 1695. A esto se suma la obra de Alicia Virginia Gabbi y Elvira Martín de Codoni, Mendoza en sus testamentos, publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, cuyo primer tomo reúne y sistematiza testamentos, codicilos, poderes para testar e inventarios mendocinos de los siglos XVI, XVII y XVIII. Investigaciones genealógicas posteriores que se apoyan directamente en esa obra identifican a Juan Corvalán de Castilla, nacido en Santiago de Chile en 1637, como el hombre que testó aquel 20 de septiembre ante Martín Pizarro Figueroa. Así, una simple fecha escrita en una antigua foja nos abre una ventana hacia la Mendoza de hace más de tres siglos: una ciudad de pocas cuadras, familias conectadas entre Cuyo, Chile y el Río de la Plata, autoridades capitulares, encomenderos y documentos manuscritos donde las personas procuraban dejar ordenadas sus cuentas terrenales y espirituales antes de morir. Y hay un detalle especialmente significativo para MendozAntigua: entre los Protocolos de Escribanos que hemos podido vincular hasta ahora con un 20 de septiembre, este registro lleva nuestra búsqueda documental nada menos que hasta 1695. No es una efeméride construida retrospectivamente: detrás de ella existe una fecha, un nombre, un protocolo y una foja que todavía esperan que volvamos a leerlos 331 años después. Fuente: Archivo Histórico de Mendoza, Protocolo N.º 24, foja 60, 20-IX-1695, citado por Andrea Greco de Álvarez en sus estudios sobre testamentos y la “buena muerte” mendocina; Alicia Virginia Gabbi y Elvira Martín de Codoni, Mendoza en sus testamentos. Siglos XVI, XVII y XVIII, tomo I, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 1996; estudios genealógicos posteriores basados en dicha obra. #MendozAntigua #Mendoza #HistoriaDeMendoza #MendozaColonial #Efemerides #20DeSeptiembre #ArchivoHistorico #ProtocolosDeEscribanos #Testamentos #JuanCorvalan #HistoriaArgentina #Cuyo #Genealogia #PatrimonioDocumental #MemoriaHistorica #ColonialMendoza #MendozaHistory #ArgentineHistory #HistoricalDocuments #Genealogy #Archives #OnThisDay
El 20 de septiembre de 1892, mientras Mendoza atravesaba una profunda transformación económica y territorial, una escritura pública dejó registrada una operación que hoy permite asomarnos con extraordinaria precisión al mercado de tierras de fines del siglo XIX. Aquel día, Santiago Tissandier adquirió por $4.000 moneda nacional un terreno inculto de aproximadamente 17.700 m² situado en el entonces departamento Belgrano, territorio que corresponde al actual Godoy Cruz. No se trata de una fecha reconstruida de manera aproximada: la operación aparece individualizada en la documentación del Archivo General de la Provincia de Mendoza como Protocolo 494 del escribano Pompeyo Lemos, año 1892, tomo III, folio 842, escritura N.º 687, fechada exactamente el 20 de septiembre. La investigación histórica de Eduardo Pérez Romagnoli reproduce esa referencia archivística y confirma tanto el precio como la superficie y la condición de “terreno inculto” del inmueble. El nombre del comprador agrega una dimensión especialmente interesante a aquella escritura. Tissandier era un inmigrante francés vinculado a la actividad metalúrgica: investigaciones de la Universidad Nacional de Cuyo lo incluyen entre los artesanos e industriales que acompañaron el desarrollo de la nueva economía vitivinícola mendocina y señalan la existencia de su actividad metalúrgica desde la década de 1880. Para 1895, las fuentes censales lo registraban vinculado a una armería en Belgrano. El lugar donde se produjo aquella compra también estaba cambiando aceleradamente. El antiguo San Vicente recibió durante aquellos años la denominación Belgrano y sólo en 1909 adoptaría definitivamente el nombre de Godoy Cruz. La actual Municipalidad recuerda que el crecimiento de fines del siglo XIX estuvo acompañado por la expansión agrícola, la llegada del ferrocarril y una creciente actividad industrial, elementos que fueron modificando de manera decisiva el paisaje departamental. Así, detrás de una aparentemente fría escritura de compraventa aparecen mucho más que un comprador, una suma de dinero y una extensión de tierra: aparece la Mendoza que comenzaba a extender sus cultivos, talleres, bodegas, vías férreas y emprendimientos sobre antiguos terrenos todavía sin trabajar. Documentos notariales como este permiten reconstruir, escritura por escritura y parcela por parcela, cómo fue tomando forma el territorio que hoy conocemos. Fuente de origen: Archivo General de la Provincia de Mendoza (AGPM), Protocolo 494, escribano Pompeyo Lemos, 1892, tomo III, folio 842, escritura N.º 687, 20 de septiembre de 1892. Referencia documental publicada por Eduardo Pérez Romagnoli, “Artesanos e industriales de ayer. Vitivinicultura y metalúrgicos del cobre en Mendoza y San Juan (1885-1930)”, Revista Encuentros Latinoamericanos, Vol. VII, N.º 1, 2013. #MendozAntigua #Mendoza #HistoriaDeMendoza #GodoyCruz #Belgrano #SanVicente #20DeSeptiembre #ArchivoHistorico #ArchivoGeneralDeMendoza #ProtocolosNotariales #EscriturasAntiguas #HistoriaArgentina #SigloXIX #MemoriaMendocina #PatrimonioHistorico #SantiagoTissandier #MendozaHistory #ArgentineHistory #HistoricalDocuments #GodoyCruzHistory #LocalHistory #19thCentury
El 20 de septiembre de 1890, las páginas de Los Andes dejaron registrada una extraordinaria escena de la Mendoza de fines del siglo XIX: mientras la colectividad chilena se reunía entre música e himnos, los inmigrantes italianos preparaban su propia celebración en salones de la ciudad. Dos comunidades, dos tradiciones y una misma Mendoza que comenzaba a transformarse profundamente. En la edición N.º 1.735 de Los Andes, correspondiente al sábado 20 de septiembre de 1890, aparecen al menos dos noticias vinculadas con aquellas colectividades. Una daba cuenta de una fiesta del Círculo Chileno, acompañada por una banda de música y por la interpretación de los himnos de Chile y de la Argentina. La otra anunciaba un baile organizado por miembros de la colectividad italiana en salones ubicados sobre calle Entre Ríos, con motivo de la conmemoración del “XX de Septiembre”. Aquella fecha tenía una enorme carga simbólica para buena parte de los italianos de la época: recordaba el 20 de septiembre de 1870, cuando las tropas del Reino de Italia abrieron la célebre brecha de Porta Pia, ingresaron en Roma y pusieron fin al poder temporal de los Estados Pontificios, un acontecimiento decisivo del proceso de unificación italiana. Que veinte años después esa jornada fuera recordada con un baile en Mendoza no era un detalle menor. Estudios de la Universidad Nacional de Cuyo muestran que las celebraciones italianas del 20 de septiembre continuaron formando parte de la vida cultural mendocina durante las décadas posteriores, con actos, banquetes, música, himnos y reuniones organizadas por la colectividad. El festejo chileno también tenía un profundo significado en una provincia cuya relación humana con el país trasandino era muchísimo más antigua que la gran inmigración europea. Un trabajo histórico difundido por la UNCuyo señala que la inmigración chilena tuvo un peso particularmente fuerte en Mendoza entre 1860 y 1880 y que, desde la década de 1880, comenzó a superponerse con la llegada creciente de europeos favorecida, entre otros factores, por la expansión ferroviaria. Precisamente en 1890 Mendoza se encontraba en medio de esa transformación. Italianos, chilenos y habitantes nacidos en la provincia compartían calles, comercios, talleres, fincas, espacios de sociabilidad y celebraciones. La presencia italiana se haría todavía más visible con el paso de los años: el censo de 1895 registraría 4.148 italianos residentes en Mendoza, una comunidad que terminaría teniendo una influencia enorme en la agricultura, la vitivinicultura, el comercio y la vida social provincial. Así, aquellas breves noticias de una página de diario adquieren hoy otra dimensión: nos permiten imaginar una noche mendocina de 1890 en la que sonaban bandas, se entonaban himnos, se preparaban salones para el baile y distintas colectividades expresaban públicamente su identidad. No eran simplemente dos fiestas. Eran la fotografía escrita de una Mendoza que comenzaba a convertirse en una sociedad cada vez más diversa, atravesada por la Cordillera y por las grandes corrientes migratorias del mundo. Fuente de origen: Los Andes, Mendoza, sábado 20 de septiembre de 1890, N.º 1.735, p. 1; referencia localizada mediante repertorio documental de la Universidad Nacional de Cuyo. Para una transcripción textual definitiva de ambas noticias corresponde cotejar el ejemplar original de hemeroteca. Fuentes complementarias: Universidad Nacional de Cuyo, “Mendoza como destino: la inmigración”; Fátima G. Musri, investigación sobre la actividad musical de las colectividades en Mendoza; Treccani y Biblioteca del Senado de Italia, documentación histórica sobre el 20 de septiembre de 1870 y la Brecha de Porta Pia. #Inmigracion #InmigrantesItalianos #ItalianosEnMendoza #ChilenosEnMendoza #ColectividadItaliana #ColectividadChilena #HistoriaArgentina #MemoriaHistorica #Mendoza1890 #Italia #Chile #PortaPia #Risorgimento #HistoriaItaliana #HistoricMendoza #MendozaHistory #ItalianImmigration #ChileanImmigration #ArgentinaHistory #ImmigrationHistory #ItalianHeritage #ChileanHeritage
El 20 de septiembre de 1887, cuando el sur mendocino comenzaba a convertirse en una nueva frontera agrícola, el Gobierno de Mendoza tomó una decisión extraordinaria para la época: estableció que una sola persona no podría recibir concesiones de agua de los ríos Diamante y Atuel para una superficie superior a 500 hectáreas. La medida buscaba impedir que unos pocos particulares concentraran un recurso capaz de decidir el destino y hasta el valor de enormes extensiones de tierra. Una investigación de la Universidad Nacional de Cuyo confirma expresamente la fecha, el límite de 500 hectáreas y el propósito de evitar que las aguas de ambos ríos fueran monopolizadas. En la Mendoza del siglo XIX, esta cuestión era decisiva. En una provincia marcada por la aridez, poseer tierra sin acceso al riego podía significar disponer de un territorio prácticamente improductivo. La historiadora Ana María Mateu señala que los derechos de agua eran precisamente los que valorizaban un terreno y permitían incorporarlo a la producción. Durante las décadas de 1870 y 1880, el Estado provincial comenzó a ampliar canales, realizar estudios hidráulicos y organizar un sistema legal de concesiones que acompañaría la profunda transformación económica de Mendoza. El decreto de 1887 debe entenderse también dentro del proceso iniciado con la Ley de Aguas de 1884, una norma fundamental que buscó ordenar la administración de un recurso hasta entonces atravesado por reglamentos, derechos antiguos y decisiones dispersas. La ley reconocía el carácter público de las aguas y establecía distintas categorías y prioridades para su aprovechamiento. Pero detrás de aquella resolución aparece una llamativa contradicción histórica: la misma Ana María Mateu documenta que en 1887 se había concedido a Rufino Ortega derecho de agua para unas 10.000 hectáreas en Malargüe, mediante una toma del Atuel. Ese mismo año se estableció luego el límite de 500 hectáreas por persona para concesiones sobre el Diamante y el Atuel. La restricción tampoco se transformó en una barrera permanente. Un estudio de UNCuyo señala que en las décadas siguientes volvieron a aprobarse grandes derechos de riego en el Oasis Sur y que, hacia 1929, las concesiones vinculadas solamente al río Atuel alcanzaban unas 131.000 hectáreas. Aquella disposición del 20 de septiembre de 1887 representa así mucho más que un antiguo decreto administrativo: permite observar uno de los grandes problemas que acompañaron la construcción del sur mendocino. Tierra, agua y producción estaban íntimamente unidas, y controlar un cauce podía significar controlar el futuro económico de enormes extensiones. Hace más de un siglo, cuando San Rafael y las regiones irrigadas por el Diamante y el Atuel apenas comenzaban su gran transformación, Mendoza ya discutía una cuestión que atravesaría toda su historia: cómo distribuir un recurso escaso sin permitir que quedara concentrado en pocas manos. Fuente de origen: Registro Oficial de la Provincia de Mendoza, año 1887, p. 412. Corroboración académica: Universidad Nacional de Cuyo, investigación sobre las concesiones hídricas del sur mendocino; Ana María Mateu, “Estado y vitivinicultura. Las políticas públicas de la transición. Mendoza, 1870-1890”, repositorio CONICET. #MendozAntigua #Mendoza #HistoriaDeMendoza #Efemérides #20DeSeptiembre #RíoAtuel #RíoDiamante #SanRafael #HistoriaDelAgua #Irrigación #Riego #Agua #OasisSur #HistoriaArgentina #PatrimonioMendocino #MendozaHistory #ArgentineHistory #WaterHistory #IrrigationHistory #AtuelRiver #DiamanteRiver #HistoricalMendoza
El 20 de septiembre de 1864, mientras Mendoza todavía atravesaba las profundas transformaciones posteriores al terremoto de 1861, quedó sancionada una nueva Ley de Elecciones que buscó reorganizar uno de los mecanismos esenciales de la vida política provincial: quién podía votar, cómo debía inscribirse y de qué manera se realizaban los comicios. La fecha está documentada en el Registro Oficial de la Provincia de Mendoza, donde figura la “Lei de elecciones” del 20 de septiembre de 1864, publicada en el volumen correspondiente a 1860-1864, páginas 492 a 499. Su tratamiento también puede reconstruirse mediante las sesiones de la Legislatura mendocina, particularmente las del 19 y 20 de septiembre, conservadas en las Actas, tomo VIII, y a través del expediente 1712, Carpeta 37, del Archivo Legislativo de Mendoza, que contiene la nota del Poder Ejecutivo relacionada con la sanción de la ley. La norma introdujo el Registro Cívico como paso indispensable para ejercer el sufragio. Una comisión designada por el Poder Ejecutivo debía confeccionar en cada distrito las listas de vecinos habilitados, ordenarlas alfabéticamente y remitir los originales al gobierno. Para los argentinos provenientes de otras provincias se exigían seis meses de residencia en Mendoza antes de poder inscribirse. La investigación de Gabriela García Garino señala que podían sufragar los ciudadanos argentinos mayores de 21 años —y desde los 18 si estaban enrolados en la Guardia Nacional—, pero existía una extensa nómina de exclusiones. Entre ellas figuraban condenados, procesados, determinados deudores, soldados, cabos y sargentos de la tropa de línea y quienes la propia legislación calificaba con la expresión de época “conocidamente vagos”. También quedaban excluidos los analfabetos, salvo que poseyeran una propiedad raíz o desarrollaran una actividad alcanzada por una patente. El cambio alcanzó incluso la forma material de votar. Frente a prácticas anteriores en las que el sufragio podía expresarse oralmente, la ley de 1864 estableció un voto personal escrito, manuscrito o impreso. No era secreto como el actual: el sufragio decimonónico se desarrollaba públicamente. La provincia quedó organizada en nueve distritos electorales: Ciudad, San Martín, Junín, Guaymallén, San Carlos, La Paz, Maipú, Luján y San Vicente; San Rafael quedó unido electoralmente a San Carlos, Tupungato a Luján y Rosario a Ciudad. La Ciudad contaba además con tres secciones electorales. Otro aspecto particularmente significativo fue el poder que conservó la Legislatura. Si en un distrito no concurría al menos una cuarta parte de los ciudadanos inscriptos, la propia Cámara podía designar mediante votación a los diputados correspondientes. La medida provocó controversias: el Poder Ejecutivo había cuestionado especialmente las restricciones impuestas a los ciudadanos analfabetos por considerar que podían entrar en conflicto con derechos reconocidos por la normativa superior. La Legislatura mantuvo esa limitación, aunque redujo el requisito económico relativo a las patentes. La aplicación de aquella ley mostró rápidamente sus dificultades. En las elecciones destinadas a renovar parte de la Cámara a fines de 1864 fueron anulados los comicios de San Martín, Junín y Guaymallén por falta del número requerido de votantes, mientras que en Ciudad, Luján y San Vicente ni siquiera llegaron a celebrarse. La controversia se extendió durante 1865 y terminó desembocando en la revisión de disposiciones de la norma; en 1866 Mendoza sancionaría una nueva ley electoral. Más que una simple reglamentación administrativa, aquel texto del 20 de septiembre permite observar cómo se definían ciudadanía, representación y poder político en la Mendoza del siglo XIX: una sociedad donde votar era voluntario y público, pero donde no todos los ciudadanos quedaban en igualdad de condiciones para acceder a las urnas. Fuente de origen: Registro Oficial de la Provincia de Mendoza, ROPM 1860-1864, “Lei de elecciones”, 20 de septiembre de 1864, pp. 492-499; Archivo Legislativo de Mendoza, Actas Legislativas, tomo VIII, sesiones del 19 y 20 de septiembre de 1864; expediente 1712, “Nota del P. E. a la H. C. L. sobre sanción ley de elecciones”, Carpeta 37. Estos documentos están individualizados y contrastados en Gabriela García Garino, “El más alto poder: Legislatura y cultura política en el proceso de construcción del estado provincial de Mendoza, 1852-1880”, tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, 2016, especialmente pp. 173-178 y cuadro comparativo del anexo; y en Beatriz Bragoni, “Los avatares de la representación. Sufragio, política y elecciones en Mendoza, 1854-1881”. #MendozAntigua #Mendoza #HistoriaDeMendoza #HistoriaArgentina #20DeSeptiembre #Elecciones #LeyElectoral #SigloXIX #ArchivoHistórico #ArchivoLegislativo #RegistroCívico #Ciudadanía #MemoriaHistórica #HistoriaPolítica #PatrimonioDocumental #MendozaHistory #ArgentineHistory #ElectoralHistory #PoliticalHistory #HistoricalDocuments #19thCentury #LocalHistory #HistoricalArchive
El 20 de septiembre de 1864, cuando Mendoza todavía intentaba levantarse de las ruinas dejadas por el terremoto de 1861 y comenzaba a construir su nueva ciudad, la Legislatura provincial tomó una decisión cargada de simbolismo: declarar “benemérito a la Patria” a Juan Francisco Cobo y ordenar que su figura fuera perpetuada en una estatua de mármol. El documento original no deja dudas sobre la fecha. Conservado en el Archivo de la Legislatura de Mendoza y reproducido en una investigación de la Universidad Nacional de Cuyo, comienza con las palabras “Mendoza, Setiembre 20 de 1864”. Aquella ley reconocía a Cobo como el primer introductor del llamado álamo de Castilla y de otros árboles exóticos, y disponía que la estatua fuera colocada en la entonces Plaza Cobo, espacio de la Ciudad Nueva que corresponde a la actual Plaza San Martín. La historia detrás del homenaje es todavía más extraordinaria. Juan Francisco Cobo, nacido en Navarra en 1754 y radicado definitivamente en Mendoza en 1808, había introducido estacas de álamos que cultivó en su quinta de Guaymallén. Su rápida multiplicación terminó modificando profundamente el paisaje mendocino y proporcionó una fuente local de madera en una región donde ese recurso era escaso y costoso. Estudios de la UNCuyo señalan que el álamo se convirtió en una importante fuente de madera blanda, se extendió por caminos y zonas rurales y fue utilizado también en cortinas protectoras contra vientos y heladas y para afirmar márgenes de cursos de agua. Su aporte ya había sido reconocido mucho antes: en 1814 el Cabildo de Mendoza le concedió carta de ciudadanía y, en 1822, la Junta Representativa acordó eximirlo de impuestos y contribuciones. También colaboró económicamente con la formación del Ejército de los Andes. Después del terremoto de 1861, su figura adquirió un nuevo significado. En 1863 una de las cinco plazas de la flamante Ciudad Nueva recibió el nombre de Plaza Cobo, siendo la única de aquellas plazas dedicada inicialmente a una persona concreta. Al año siguiente surgió el proyecto de levantar allí su monumento. La iniciativa fue discutida el 6 de septiembre de 1864 y, tras observaciones formuladas por el gobernador Carlos González, regresó a la Legislatura el día 20, cuando quedó aprobado el texto definitivo. Además de ordenar una estatua de mármol, la ley autorizaba al Poder Ejecutivo a definir su diseño, dimensiones, alegorías e inscripciones y establecía inicialmente una suscripción destinada a financiar la obra. Pero aquí aparece el giro menos conocido de la historia: aquella estatua jamás llegó a levantarse. En enero de 1865 el gobernador todavía se comprometía a concretar el monumento y existen testimonios de que habría sido encargado a un escultor en Italia, pero la investigación histórica de Patricia S. Favre concluye que el proyecto finalmente no se materializó. La antigua Plaza Cobo continuó formando parte del corazón de la nueva Mendoza y décadas después recibió su célebre torre con reloj. En 1904, con la colocación del monumento ecuestre al general José de San Martín, pasó a llevar el nombre que conserva actualmente. Así, aquella ley del 20 de septiembre de 1864 conserva una historia singular: Mendoza quiso levantar en mármol la figura de un hombre cuyo monumento nunca llegó a existir, pero cuya verdadera obra ya se encontraba de pie en miles de árboles. Los álamos que durante generaciones acompañaron caminos, acequias, fincas y calles terminaron siendo un homenaje mucho más grande que cualquier estatua. Fuente: Archivo de la Legislatura de Mendoza, Libro de Actas H. Cámara Legislativa 1862-1864, ff. 308-309; Archivo N.º 1721, Carp. 37 bis; Patricia S. Favre, “La estatuaria cívica en Mendoza durante la etapa postterremoto”, UNCuyo. #Mendoza #MendozAntigua #HistoriaDeMendoza #JuanFranciscoCobo #JuanCobo #Alamo #AlamosDeMendoza #PlazaCobo #PlazaSanMartin #CiudadDeMendoza #HistoriaArgentina #PatrimonioMendocino #ArchivoHistorico #Efemerides #MendozaHistory #ArgentineHistory #JuanFranciscoCobo #PoplarTrees #HistoricMendoza #LocalHistory #CulturalHeritage #HistoricalArchives
El 20 de septiembre de 1819 quedó fechado en Mendoza un expediente judicial extraordinario, capaz de transportarnos a una pequeña población del Este mendocino en plena construcción, donde una inundación, un prisionero chileno y un grito desafiante terminaron convirtiéndose en un asunto de gobierno. La pieza se conserva en el Archivo General de la Provincia de Mendoza bajo el título “Causa contra José Salomón por injurias al gobierno”, dentro de Judicial Criminal, Carpeta S-1, documento 27. La documentación estudiada por la historiadora Eugenia Molina permite reconstruir con notable precisión el episodio. Todo ocurrió en la flamante Nueva Población de Barriales, en momentos en que una acequia se desbordaba a la altura de la vivienda de un vecino y amenazaba con extender el agua por los alrededores. El teniente comisionado José Vargas acudió al lugar y pidió a quienes estaban presentes que colaboraran para contener el derrumbe y reparar la toma. Entre ellos se encontraba Teodoro González, un prisionero chileno destinado en aquella población. Vargas intentó convencerlo para que participara de los trabajos, pero González se resistió e incluso lo hizo armado, por lo que terminó siendo reducido y amarrado. Entonces apareció José Salomón, aparentemente la persona bajo cuya subordinación se encontraba González: intervino, lo desató y, según los testimonios incorporados a la causa, lanzó un grito que en aquel contexto revolucionario tenía una enorme carga política: “¡Viva el Rey!”, acompañado de expresiones contra las autoridades. González también había pronunciado insultos contra la Patria, el juez y quienes gobernaban, palabras que algunos testigos atribuyeron a su estado de ebriedad. El episodio era mucho más que una simple pelea junto a una acequia. Barriales estaba atravesando un intenso proceso de organización territorial. En abril de aquel mismo 1819, el gobernador Toribio de Luzuriaga había otorgado amplias atribuciones al comisionado Pedro Regalado de la Plaza para organizar las nuevas poblaciones y establecer autoridades vinculadas, entre otras tareas, al mantenimiento de la acequia principal. Se preveían tomeros, tenientes y peones encargados de evitar derrumbes, obstrucciones y desbordes. En una región fértil pero históricamente condicionada por terrenos bajos, pantanos y problemas de escurrimiento, controlar el agua significaba también construir autoridad y organizar la vida comunitaria. Por eso la sentencia buscó deliberadamente servir de advertencia. El dictamen dispuso que González fuera conducido durante dos cuadras por las calles de la nueva villa con una mordaza en la boca, ante los vecinos y los demás prisioneros, además de reforzarse el servicio al que estaba sometido. Sobre José Salomón pesaban también antecedentes de conflictos con habitantes del lugar y, finalmente, se ordenó que abandonara la población, argumentándose que la nueva comunidad necesitaba preservar la unión entre sus vecinos. El expediente abre una ventana excepcional hacia la Mendoza de hace más de dos siglos: una sociedad salida del orden colonial pero todavía atravesada por la guerra, la revolución y las disputas sobre la legitimidad política; una población nueva que intentaba dominar el agua, levantar calles y establecer autoridades mientras en sus espacios cotidianos todavía podían escucharse voces contrarias al nuevo orden. Un desborde de acequia que comenzó como un problema vecinal terminó dejando registrado para siempre uno de los episodios más singulares de la justicia criminal mendocina de 1819. Fuente: AGPM, Jud. Crim., Carp. S-1, doc. 27; E. Molina, estudios sobre justicia y gobierno en Mendoza. #Mendoza #MendozAntigua #HistoriaDeMendoza #Barriales #SanMartinMendoza #HistoriaArgentina #IndependenciaArgentina #ArchivoHistorico #ArchivoGeneralDeMendoza #JudicialCriminal #1819 #HistoriaCuyana #MemoriaHistorica #MendozaHistory #ArgentineHistory #BarrialesHistory #HistoricalArchives #Argentina1819 #CuyoHistory #LocalHistory
