La Ley de Aduana de 1835 estableció un sistema proteccionista para la economía de la Confederación Argentina. Fue promulgada por el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, el 18 de diciembre de 1835. Los aranceles impuestos a los productos extranjeros -del orden del 35% y de hasta el 50%-, así como la prohibición en algunos casos, brindaron a los productores bonaerenses y a los del interior la posibilidad de desarrollar la producción de todo tipo de mercancías que antes eran compradas en el exterior debido a la superioridad de las técnicas productivas de la revolución industrial británica y francesa.
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