El 3 de Abril de 2002, en San Miguel de Tucumán, la joven Marita Verón era secuestrada por un red de prostitución dando origen a una búsqueda desesperada de una madre y a uno de los bochornos policiales y judiciales más vergonzosos de la historia Argentina.

María de los Ángeles Verón, una joven de 23 años, la mañana del 3 de Abril de 2002 se dirigía a una consulta médica, cuando desconocidos descendieron de un automóvil y la secuestraron. Sus padres, Daniel Verón y Susana Trimarco se presentaron a hacer la denuncia esa misma tarde, pero no se la tomaron perdiendo horas decisivas para encontrarla. Tres días después la policía la encontró en la ciudad de "La Ramada", con una vestimenta totalmente distinta, pese a estar desorientada y sedada logró identificarse, en vez de llevarla personalmente, los oficiales decidieron subirla a un micro con destino a su ciudad, jamás llegó. Cuando su cuerpo no aparecía se llegó a la conclusión que había sido víctima de una red de trata de personas para que ejerciera la prostitución. Su madre inició una descarnada y riesgosa búsqueda llegando a infiltrarse en la red de prostitución del norte Argentino, desenmascarando a los reclutadores y explotadores. la justicia y las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales nunca estuvieron a la altura de esa madre y Marita se perdió para siempre. Indicios que había sido llevada a España o que había quedado embarazada o había sido asesinada, no hicieron más que oscurecer el futuro. Susana Trimarco con su lucha logró liberar a decenas de jóvenes pero nunca encontró a su hija. Con los datos aportados por su madre, se logró llevar a juicio a los 13 máximos responsables de la desaparición de su hija. Durante el juicio Susana comenzó con una penosa descripción de su derrotero, luego de algunas horas de exposición el juez Alberto Piedrabuena la interrumpió descaradamente y le preguntó si le faltaba mucho, Susana indignada le contestó "Si, y póngase cómodo que tengo para 10 días !!!!". El bochornoso juicio terminó con la liberación de todos los detenidos. La reacción popular hizo que la corte suprema de justicia de Tucumán revisara el fallo, revocándolo y condenando a penas de entre 15 y 22 años a todos los acusados. A pesar de ello las redes de prostitución forzada y trata de mujeres que provocaron la desaparición de Marita gozan de buena salud.