La Ley de Abastecimiento en Argentina, también conocida como Ley 20680, fue sancionada en 1974 y regulaba la compraventa, permuta y alquiler de bienes muebles, obras y servicios destinados a satisfacer necesidades comunes o corrientes de la población. Esta ley facultaba al Poder Ejecutivo a intervenir en la economía para asegurar el abastecimiento y evitar abusos, como aumentos injustificados de precios o acaparamiento de mercadería. Sin embargo, fue derogada por el Decreto N° 70/2023, publicado el 21 de diciembre de 2023. La ley regulaba la compraventa, permuta y alquiler de bienes muebles, obras y servicios que satisfacieran necesidades básicas de la población. Otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de controlar precios, sancionar prácticas abusivas (como aumentos injustificados, acaparamiento, o restricciones a la venta) y, en casos de desabastecimiento, disponer la venta, producción, distribución o prestación de bienes o servicios. La Secretaría de Comercio era la encargada de aplicar la ley, realizar controles y aplicar sanciones a quienes la incumplieran. Las sanciones podían incluir multas y clausuras de establecimientos. La Ley de Abastecimiento fue derogada por el Decreto N° 70/2023, que introdujo reformas económicas y desregulaciones. La ley fue objeto de críticas por su falta de precisión en la definición de "necesidades básicas" y por la posibilidad de ser aplicada de manera discrecional por el gobierno. Algunos sectores consideraban que la ley podía generar inseguridad jurídica y desincentivar la inversión. La derogación de la ley generó controversia, con opiniones divididas sobre sus efectos en la economía y el abastecimiento.
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