Esta ley regula el tratamiento de las personas condenadas, con el objetivo de promover su reinserción social y garantizar el respeto de sus derechos durante el cumplimiento de la pena. Entre sus disposiciones, la ley establece principios sobre educación, trabajo, asistencia médica y social, así como normas de disciplina y recompensas dentro del sistema penitenciario. También define el rol del juez de ejecución, quien supervisa el cumplimiento de la pena y autoriza beneficios como salidas transitorias. Establece diferentes fases o períodos de tratamiento, como la observación, la clasificación y la progresividad, con el objetivo de adaptar el tratamiento a las condiciones individuales de cada interno. Permite la salida temporal del establecimiento para afianzar lazos familiares o para fines educativos, y también la posibilidad de acceder a un régimen de semilibertad bajo ciertas condiciones. Regula la posibilidad de acceder a la libertad condicional o asistida, como formas de egreso anticipado del establecimiento, bajo ciertas condiciones y con supervisión. Establece un régimen disciplinario para mantener el orden y la seguridad en los establecimientos penitenciarios, así como las sanciones correspondientes por faltas o incumplimientos. Define la función del Consejo Correccional como un organismo colegiado que realiza el seguimiento del tratamiento del interno y evalúa su progreso. Establece mecanismos de control judicial y administrativo para asegurar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de los internos. En resumen, la Ley 24.660 busca no solo la reclusión de los condenados, sino también su rehabilitación y reinserción social a través de un sistema de tratamiento integral y progresivo, con un enfoque en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.
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