Así construyó Mendoza su modernidad: la historia de las oficinas públicas que moldearon la ciudad, la universidad y la vivienda social

La consolidación del ejercicio profesional en Mendoza estuvo estrechamente ligada a la expansión de las agencias estatales. Desde la década de 1920, especialmente durante los gobiernos lencinistas, la obra pública fue adquiriendo una estructura burocrática cada vez más compleja, y los concursos junto con los temas urbanos comenzaron a ocupar un lugar cada vez más relevante dentro del debate arquitectónico. En ese proceso se afianzaron o cobraron nuevo impulso organismos decisivos para la provincia, entre ellos Arquitectura, Turismo, Vialidad, Parques, Calles y Paseos, el Instituto Provincial de la Vivienda y, más tarde, el Departamento de Obras de la Universidad Nacional de Cuyo. En conjunto, esas reparticiones no solo produjeron edificios y ciudad: también consolidaron la inserción del arquitecto en la función pública y lo convirtieron en un actor central del desarrollo territorial mendocino. Uno de los núcleos fundamentales de ese proceso fue la Dirección de Arquitectura. Su antecedente legal apareció en 1908, cuando la Sección Arquitectura fue incorporada al organigrama del Ministerio de Industrias y Obras Públicas por la Ley de Presupuesto 435. A partir de allí, esa oficina fue ganando peso en el diseño, dirección y ejecución de la obra pública provincial. Permaneció bajo la Dirección General de Obras Públicas hasta 1935 y, al año siguiente, mediante la Ley de Presupuesto 1193, fue elevada al rango de Dirección de Arquitectura de la Provincia. Más tarde atravesó varias transformaciones institucionales: en 1954 fue absorbida por la Dirección de Planificación de la Secretaría Técnica de la Gobernación; en 1956, por la Ley 2368, volvió a la órbita del Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego como Dirección de Arquitectura y Urbanismo; en 1967 pasó a llamarse Dirección de Arquitectura y Planeamiento por el Decreto-Acuerdo 3862; en 1987 recuperó el nombre de Dirección de Arquitectura y Urbanismo; y en 1995 adoptó la denominación DACOP, Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas. La propia documentación oficial mendocina subraya que esta repartición fue clave en el desarrollo urbano y patrimonial de la provincia. Los primeros nombres fuertes de esa etapa fueron Manuel Civit —director entre 1936 y 1939—, Arturo Civit —entre 1939 y 1941— y Ewald Weyland, que continuó luego esa línea. Durante el primer peronismo, la repartición quedó en manos de los ingenieros Alberto Beltrán Plos y Francisco Guiñazú; después asumieron temporalmente Raúl Panelo Gelly y más tarde Aniceto Puig. Tras 1955 se sucedieron Gerónimo Tomba, Ricardo Casnati, nuevamente Manuel Civit, Juan Carlos Rogé, Segundo Godoy Nievas, Mario Day Arenas, otra vez Rogé, Miguel Britos García, Juan José Lemos y César Carubín. En paralelo, la segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por la formación de equipos técnicos mixtos, donde convivieron arquitectos con experiencia en obra pública y jóvenes profesionales que hicieron allí sus primeras armas. La Dirección creció en especialidades y sumó calculistas, proyectistas, inspectores y expertos en instalaciones, organizando duplas y equipos según áreas como arquitectura escolar, sanitaria o institucional. Dentro de esa “escuela-taller” de arquitectura pública se destacaron, entre otros, Arístides Cottini, Hipólito Corti, Raúl Panelo Gelly, Héctor León, Raúl Gellón, Heriberto Forte, Jesús Corti, Hugo Raina, Manuel Benegas, Jorge Vico, Michel Giraud, Edgardo Alfaro y Hugo Cuervo. A ellos se sumaron profesionales llegados a Mendoza por las oportunidades laborales que ofrecía la provincia —muchos provenientes de Córdoba— y algunos de los primeros titulados locales: Miguel Guisasola, Manuel Blasco, Eugenia Bargna, Marta López, Victorio del Fiol, Hugo Dalla Torre, Liliana Salvo, Ricardo Bekerman, Susana Fasciolo, Miguel Rosso, Osvaldo Cocconi, Francisco Pittella, Antonio Genovart, Gilberto Olguín, Alicia Bevilacqua, Ana Coloma, Juan Bochaca, Carlos Andía, Jaime Perelló y Jorge Cremaschi. Esa acumulación de trayectorias afianzó una capacidad técnica sostenida que permitió a la repartición intervenir durante décadas en educación, salud, seguridad, administración, turismo y cultura, al punto de convertirse en una referencia positiva para el ingreso de arquitectos a la función pública. Otro hito decisivo fue el Departamento de Obras de la Universidad Nacional de Cuyo. La UNCuyo, creada a fines de la década de 1930, articuló centros preexistentes y nuevas unidades académicas en Mendoza, San Juan y San Luis, con sede de gobierno en Mendoza. Durante años funcionó dispersa en más de cincuenta inmuebles y, tras un concurso frustrado en la década de 1940 para crear un núcleo universitario, el proyecto del campus comenzó a volverse realidad alrededor de 1960 con la formación de una oficina técnica especializada. Bajo la conducción del arquitecto Aniceto Puig, ese departamento sostuvo durante más de treinta años un plan de trabajo continuo, con criterios de economía de recursos, adaptación al ambiente y experimentación arquitectónica en una zona sísmica. La propia UNCUYO recuerda que las obras requirieron unos cuatro años de acondicionamiento, proyecto y construcción, y que para 1969 se había ejecutado alrededor del 60% de los 100.000 m² previstos para el Centro Universitario, inaugurado ese mismo año. Entre 1965 y 1968 comenzaron a definirse las piezas iniciales del campus. Tras las obras de urbanización proyectadas por Simón Lacerna, se decidió reutilizar la estructura inconclusa del antiguo Hospital de Niños de la Fundación Eva Perón para instalar la Facultad de Ciencias Médicas, mientras otro edificio incompleto fue adaptado para el Rectorado. Los primeros edificios proyectados específicamente para el nuevo centro fueron el cuerpo central de Filosofía y Letras por Benegas y Aveni; el cuerpo de enseñanza de Ciencias Económicas por Héctor León; el bloque de investigaciones de Ingeniería en Petróleos por Jacques Caspi; y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por Juan Brugiavini. En simultáneo, Mario Pagés diseñó el refugio de alta montaña en Vallecitos y el sector de Maestranza; Lacerna y Raúl Maroi trabajaron el área deportiva y los vestuarios; Lacerna proyectó además el puente sobre Avenida Champagnat; y Juan Dalessandro intervino en Ciencias Agrarias y en la fábrica de aceite para la cátedra de Industrias Agrarias. Durante los años setenta y ochenta el conjunto siguió creciendo con el Hogar y Club Universitario —hoy Comedor Universitario—, la ampliación del Rectorado, nuevas aulas para Filosofía y Letras, el edificio del Colegio del Magisterio, el refugio en Villa La Angostura, el conjunto para el CRICYT, el Liceo Agrícola y Enológico Domingo F. Sarmiento y el edificio del Departamento de Asistencia Médico Social Universitario. Más adelante, Dalessandro proyectó aulas para Ingeniería, el sector de clínicas de Odontología, el edificio del Instituto Tecnológico Universitario, el DAD, aulas interdisciplinarias para Artes y Diseño y el edificio de Derecho; a fines de los noventa, Juan Brugiavini proyectó la Biblioteca Central, inaugurada en 2001. En términos formales, la etapa inicial estuvo signada por el aluminio, el plástico, el ladrillo semiprensado, el vidrio templado y la exploración del hormigón armado; desde aproximadamente 1980 se impuso un lenguaje más ligado al ladrillo visto, carpinterías de vidrio repartido, muros enlucidos y algunos techos inclinados. La tercera gran agencia estatal de este proceso fue el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), creado en 1947 bajo el gobierno de Faustino Picallo por la Ley 1658, con la misión de dar vivienda confortable, económica y antisísmica a las familias mendocinas de menores recursos. La documentación oficial del propio instituto y del Gobierno de Mendoza lo reconoce como el primer organismo provincial del país dedicado específicamente a atender el problema habitacional. Su directorio combinaba perfiles técnicos y representativos: presidente, directores profesionales —arquitectos, ingenieros o contadores—, y delegados obrero, empleado y patronal. Además de construir barrios urbanos y rurales para venta o alquiler, debía promover saneamiento, renovación del parque habitacional, estímulos fiscales para edificaciones de bajo costo y la obligación de dotar de vivienda a cuidadores o contratistas de fincas con cultivos permanentes. Durante el ciclo peronista levantó alrededor de 3.000 viviendas, sin alcanzar todavía a cubrir el déficit existente. En las décadas de 1960 y 1970, los cambios culturales y políticos llevaron a priorizar soluciones habitacionales más ajustadas al contexto local. En ese clima también circularon las ideas de John Turner, que defendían la participación de los usuarios en la producción de su hábitat. El IPV amplió entonces su planta profesional: además de técnicos y arquitectos, incorporó trabajadores sociales, que intervenían junto a los equipos proyectuales en los programas de erradicación, acompañando a las familias en cuestiones de salud, trabajo, organización y apropiación del proyecto. Entre los profesionales ligados al organismo se destacaron Ricardo Bekerman, Adolfo Grinfeld, Vittorio Allegrini, Juan José Schmidt y, en cargos directivos, Carlos Gainza. Uno de los hitos de esa etapa fue la experiencia de Ayuda Mutua, considerada pionera en el Cono Sur: en 1967 la provincia adhirió al Plan de Erradicación de Villas de Emergencia y se puso en marcha la primera etapa del Barrio San Martín, dirigida por el arquitecto Bozidar Bajuk. La creación del FONAVI en 1972 fue modificando ese esquema y empujó el paso hacia el modelo de viviendas terminadas “llave en mano”, construido por empresas contratistas. Ese giro se reforzó desde 1977, cuando el IPV alcanzó un nuevo estatus institucional y aumentó fuertemente su productividad. Allí se abrieron nuevas oportunidades para arquitectos vinculados a empresas constructoras o ganadores de concursos impulsados por el IPV y el Banco Hipotecario, entre ellos Mario Romano, Graciela Hidalgo, Mario Pagés, Aldo Oliva y José María Tonidandel. Con el retorno democrático y, sobre todo, tras el sismo de enero de 1985, la emergencia habitacional se agravó. La respuesta llegó por varias vías —Comité de Reconstrucción, IPV, Banco Hipotecario y municipios— y dio lugar al llamado Plan Sismo, cuyas viviendas se completaron hacia 1991. Entre los barrios resultantes estuvieron La Estanzuela, Pedro Molina, Los Toneles y Los Glaciares; en La Estanzuela la dirección de obra estuvo a cargo de Eduardo Duek. Desde 1992, la transferencia directa de fondos FONAVI a las provincias promovió una nueva política habitacional más descentralizada. El IPV dejó de concentrar funciones financieras, sociales, legales y de planificación integral, que pasaron en parte a bancos, municipios y entidades intermedias. En ese marco crecieron las direcciones municipales de vivienda y se conformó un consejo técnico consultivo junto con el IPV. El instituto, ya con menor personal, quedó más orientado a la administración de recursos, auditoría, evaluación de programas y otorgamiento de créditos priorizados por los municipios. A esta etapa estuvieron vinculados Ana Gibert, Fernando Armani, Mirta Almenara y Juan Carlos Lemos. También se abrió un nuevo campo profesional para los arquitectos a través de cooperativas, mutuales, sindicatos y uniones vecinales que presentaban sus propios proyectos. Hacia el final del siglo, el Gobierno provincial reforzó nuevamente el papel de contralor del IPV, impulsó registros de empresas y profesionales y sostuvo programas nuevos o derivados de la vieja tradición de ayuda mutua. Dentro del recorte que señalás, una de las últimas obras emblemáticas fue la de la Nueva Villa de Potrerillos en 2001, con participación de Ernesto Martinelli y Dino Fantozzi. Como dato adicional, el propio Gobierno de Mendoza informó que el IPV superó las 100.000 soluciones habitacionales entregadas en sus primeras siete décadas, lo que ayuda a dimensionar su peso histórico en la provincia. En síntesis, la profesionalización de la arquitectura mendocina desde el Estado no fue un fenómeno secundario sino estructural. La Dirección de Arquitectura, el Departamento de Obras de la UNCuyo y el IPV operaron como verdaderas usinas de proyecto, formación y ensayo técnico. Desde escuelas, hospitales y comisarías hasta facultades, barrios obreros, complejos universitarios y planes de reconstrucción, esas agencias hicieron mucho más que administrar obra pública: ayudaron a construir la Mendoza moderna, consolidaron el prestigio profesional de los arquitectos y dejaron una huella material que todavía organiza buena parte de la vida cotidiana de la provincia. #ArquitecturaMendocina #ObraPública #HistoriaDeMendoza #PatrimonioArquitectónico #DirecciónDeArquitectura #UNCuyo #CentroUniversitario #IPV #ViviendaSocial #Urbanismo #Mendoza #ArquitecturaArgentina #MendozaArchitecture #PublicWorks #ArchitecturalHeritage #UrbanHistory #SocialHousing #CampusHistory #ArgentineArchitecture #StateAndCity