25 de septiembre de 1973 — Buenos Aires. Apenas dos días después de las elecciones presidenciales del 23 de septiembre, en las que la fórmula Juan Domingo Perón–María Estela Martínez de Perón obtuvo alrededor del 61,8% de los votos, la violencia política volvió a golpear el corazón del escenario argentino. Cerca del mediodía, José Ignacio Rucci, secretario general de la Confederación General del Trabajo, fue asesinado cuando salía de la vivienda de avenida Avellaneda 2953, en el barrio porteño de Flores. En el ataque también resultaron heridas cuatro personas que se encontraban junto al dirigente sindical. Perón todavía era presidente electo: asumiría su tercera presidencia el 12 de octubre. Rucci había construido una larga trayectoria dentro del sindicalismo metalúrgico y del peronismo. Vinculado a la UOM y a la actividad gremial de San Nicolás, llegó a la conducción de la CGT en julio de 1970 con el respaldo de sectores encabezados por Lorenzo Miguel y convirtió el regreso de Perón en uno de los principales objetivos políticos de la central obrera. Una imagen quedó grabada para siempre en la memoria argentina: el 17 de noviembre de 1972, bajo una intensa lluvia en Ezeiza, Rucci sostuvo el paraguas que protegía a Perón durante su primer regreso al país después de casi 18 años de exilio. El asesinato se produjo en medio de una creciente confrontación dentro del propio movimiento peronista, profundizada después de los violentos acontecimientos de Ezeiza del 20 de junio de 1973. Durante décadas la autoría del atentado generó investigaciones, testimonios y controversias. La resolución dictada en 2012 por el juez federal Ariel Lijo señaló que las graves deficiencias de la investigación original impidieron reconstruir completamente el hecho; la pesquisa posterior descartó la participación de integrantes de la Triple A y reunió documentos y testimonios que indicaban una posible responsabilidad de miembros de Montoneros. Sin embargo, el propio fallo aclaró que los indicios reunidos no alcanzaban para citar a personas determinadas a declaración indagatoria. La causa fue archivada al establecerse que el homicidio no podía considerarse delito de lesa humanidad y que la acción penal se encontraba prescripta. Hay además un detalle que obliga a corregir una de las versiones más repetidas durante décadas. El expediente judicial de 2012 consigna que Rucci recibió veinticinco disparos de armas de fuego, no veintitrés. Por eso, la famosa explicación según la cual el atentado habría recibido el nombre de “Operación Traviata” por los “23 agujeritos” de aquellas galletitas debe ser presentada como una denominación y relato popularizados posteriormente, y no como un dato forense indiscutible. Tampoco hubo una reivindicación pública inmediata del crimen. Sin embargo, en 1975, la revista oficial Evita Montonera Nº 5 incluyó a José Ignacio Rucci en una nómina y atribuyó su muerte a Montoneros. Otro dato fundamental es que FAR y Montoneros todavía no constituían formalmente una única organización el día del asesinato: el Acta de Unidad que oficializó su fusión está fechada el 12 de octubre de 1973, diecisiete días después del atentado, aunque ambas organizaciones ya venían desarrollando un proceso de acercamiento y acciones políticas conjuntas. Décadas más tarde el caso volvió a generar controversia por el resarcimiento recibido por familiares de Rucci bajo la Ley 24.411. Aquí también corresponde una precisión: el artículo 2 de esa ley no se limita exclusivamente a víctimas de organismos estatales, sino que contempla expresamente a quienes hubieran fallecido como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad “o de cualquier grupo paramilitar” antes del 10 de diciembre de 1983. Distintas crónicas situaron el beneficio otorgado a la familia en torno a los 224.000 pesos de la época, cuando regía la convertibilidad. El asesinato de Rucci quedó así ubicado en uno de los momentos más convulsionados de la historia argentina reciente: entre el retorno de Perón, las disputas internas del peronismo, la movilización sindical y una violencia política que continuaría agravándose durante los años siguientes. Más de medio siglo después, el episodio conserva zonas que la Justicia nunca logró reconstruir hasta el nivel de individualizar y condenar a sus ejecutores materiales, pero la documentación judicial permite separar algunos hechos comprobados de versiones que, repetidas durante décadas, terminaron convirtiéndose casi en leyenda. #JoséIgnacioRucci #Rucci #25DeSeptiembre #HistoriaArgentina #Argentina1973 #CGT #UOM #Peronismo #JuanDomingoPerón #MemoriaHistórica #HistoriaPolítica #ArgentineHistory #ArgentinaHistory #PoliticalHistory #LaborHistory #September25. Fuente de origen y verificación: resolución de la causa Nº 13.683/08, Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo, difundida por el Centro de Información Judicial y conservada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Revista de Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación; Ley Nacional Nº 24.411, texto oficial; Acta de Unidad FAR–Montoneros del 12 de octubre de 1973; documentación histórica de la UOM.
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