El 30 de septiembre de 1977 dejó una concentración verdaderamente singular de documentos para reconstruir la historia mendocina. En plena etapa del denominado Proceso de Reorganización Nacional, aquel día se sancionó y promulgó la Ley Nº 21.657, una norma especialmente vinculada con la economía vitivinícola: modificó el régimen de infracciones de la histórica Ley General de Vinos Nº 14.878 porque, según reconocía el propio mensaje oficial, el avance del “fenómeno inflacionario” había vuelto insuficientes los montos de las multas. La respuesta fue crear un sistema de actualización permanente de las sanciones tomando como referencia el Índice de Precios Mayoristas Nacionales no Agropecuarios elaborado por el INDEC. Las cifras permiten asomarse de lleno a la economía de aquel 1977: hacer circular productos cuya composición analítica no coincidiera con su análisis de origen podía costar entre $10.000 y $1.000.000, más $70 por litro; la tenencia no autorizada de sustancias capaces de utilizarse para adulterar vinos llegaba hasta los $10.000.000; los productos adulterados podían recibir una multa de hasta $10.000.000 más $200 por litro, y los vinos aguados o manipulados, hasta $5.000.000 más $150 por litro. La ley también agregó el artículo 24 bis, que obligaba a viñateros, bodegueros, fraccionadores, cortadores, distribuidores, transportistas y fabricantes de bebidas comprendidos por la normativa a inscribirse en el Instituto Nacional de Vitivinicultura y presentar declaraciones juradas e información en las condiciones fijadas por el organismo. Fue publicada pocos días después, el 5 de octubre, en el Boletín Oficial Nº 23.759. Pero el archivo de ese 30 de septiembre guarda una segunda historia todavía más llamativa: dos decretos clasificados como “secretos y reservados”, ambos relacionados directamente con Mendoza. El Decreto S 2981/1977 formalizó la aceptación de tres pequeñas fracciones de terreno situadas junto al edificio del Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, sobre calle Pedro Molina de la Ciudad de Mendoza. Medían exactamente 82,67 m², 21,56 m² y 42,03 m², es decir apenas 146,26 m² en total. El expediente revelaba que la operación se originaba en modificaciones de la línea de edificación de Pedro Molina, la construcción del Palacio Municipal y el cierre perimetral del terreno militar; el Estado Nacional ya había tomado posesión de esas parcelas en octubre de 1968, pero la aceptación formal llegó nueve años después. Ese mismo día, el Decreto S 2982/1977 registraba el extremo opuesto de la escala territorial: aceptaba una donación provincial de 493 hectáreas, 53 áreas, 88 centiáreas y 28 decímetros cuadrados en Puente del Inca, distrito Uspallata, departamento de Las Heras. La finalidad era disponer de un campo de instrucción para la Compañía de Esquiadores de Alta Montaña 8 “Tte. 1º Ibáñez”; una hectárea ya contenía construcciones militares utilizadas por aquella unidad y el resto era requerido para instrucción. Entre sus límites figuraban la Ruta Nacional Nº 7 y el Destacamento Policial de Puente del Inca. El contraste es extraordinario: en una misma jornada se formalizaron en Mendoza una transferencia urbana de apenas 146,26 m² y otra cordillerana de aproximadamente 4.935.388 m², unas 33.744 veces mayor en superficie. Ambos decretos fueron publicados oficialmente recién el 16 de diciembre de 2013, en el Boletín Oficial Nº 32.786, página 76. La jornada todavía reservaba más documentación. La Ley Nº 21.658, también fechada el 30 de septiembre, modificó el régimen referido a las asociaciones profesionales de trabajadores y prolongó hasta el 30 de septiembre de 1978 la suspensión de la vigencia del artículo 18 de la Ley 20.615, disposición relacionada con la intervención del poder administrador en la dirección, administración y manejo de fondos de esas asociaciones; la existencia y alcance temporal de aquella prórroga quedaron expresamente recordados por la posterior Ley 21.893 de 1978. Y todavía aparece un quinto documento: el Decreto Nº 2992/1977 aprobó el texto ordenado de la Ley Nº 17.324, modificada por la Ley Nº 21.583, sobre la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales, organismo encargado de intervenir en cuestiones pendientes entre provincias, procurar acuerdos y reunir documentación y pruebas cuando esas diferencias no pudieran conciliarse. También fue publicado el 5 de octubre de 1977 en el Boletín Oficial Nº 23.759. Así, un solo 30 de septiembre reúne vino, inflación, controles del INV, terrenos urbanos, casi quinientas hectáreas de alta montaña, documentación militar reservada, relaciones laborales y límites interprovinciales: una auténtica radiografía administrativa de la Argentina de 1977 y una fecha excepcional para rastrear a Mendoza detrás de los expedientes oficiales. Fuente de origen: Sistema Argentino de Información Jurídica / Normativa Nacional – Argentina.gob.ar; Ley Nº 21.657, sancionada y promulgada el 30/09/1977; Decreto S Nº 2981/1977; Decreto S Nº 2982/1977; Ley Nº 21.658; Ley Nº 21.893/1978; Decreto Nº 2992/1977; Boletines Oficiales de la República Argentina Nº 23.759, Nº 23.764 y Nº 32.786. #Mendoza #MendozAntigua #HistoriaDeMendoza #30DeSeptiembre #Vitivinicultura #HistoriaDelVino #InstitutoNacionalDeVitivinicultura #PuenteDelInca #AltaMontaña #LasHeras #HistoriaArgentina #ArchivoHistorico #DocumentosHistoricos #MendozaHistory #ArgentinaHistory #WineHistory #ArgentineWine #HistoricalDocuments #PuenteDelInca #AndesHistory
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