El 19 de julio de 1924, en el departamento de Quitilipi, provincia del Chaco, se perpetraba una de las masacres mas bochornosas de una comunidad aborigen, ese día se producía la "Masacre de Napalpí". (EH)

Hacia del siglo XIX, el Ejército Argentino, encabezó una campaña militar en Chaco y Formosa que sometió y desintegró social y culturalmente a todas las etnias del noreste. Las tierras fueron vendidas a inmigrantes europeos que las destinaron a la producción de algodón, para mantener sometidas a las comunidades desplazadas se instalaron fortines, por lo que la única manera de sobrevivir era acceder a trabajar en condiciones esclavistas para los nuevos dueños del territorio. Hacia 1924, una pequeña cantidad de aborígenes Qom habían logrado conservar un pequeño territorio, la colonia Napalpí, allí también cultivaban algodón, por pedido de los hacendados extranjeros, las autoridades le comenzaron a confiscar un porcentaje de su producción. En un marco de tensión creciente, en junio de 1924 fue asesinado el Chamán Sorai, los Qom que trabajaban en las haciendas se amotinaron y abandonaron sus trabajos, muchos de ellos se refugiaron en la colonia Napalpí. El gobernador del Territorio Nacional del Chaco, el radical Fernando Centeno organizó un grupo de 130 milicianos y hacendados que la mañana del 19 de julio de 1924 irrumpieron armados en la colonia y comenzaron una masacre. Los palos y escasas lanzas en poder de los Qom no fueron oposición a las armas agresoras, cuando ya no se percibían movimientos, los milicianos dejaron de disparar y comenzaron a rematar a los heridos mutilando sus cuerpos con machetes, el saldo fue de mas de 200 aborígenes asesinados incluyendo ancianos, mujeres y niños. El hecho fue informado por Centeno como "4 muertos por represión ante una sublevación". Las noticias llegaron a Buenos Aires provocando un cimbronazo al gobierno radical de Marcelo Torcuato de Alvear, quién sin reacción debió soportar la interpelación de los medios y el congreso. El bloque socialista liderado por Francisco Leirós creó una comisión investigadora que destrozó la versión oficial cuando llevó al congreso un frasco lleno de testículos y orejas que los militares se habían llevado como trofeos y habían escondido en la comisaría regional. Con la complicidad de la justicia federal y el poder ejecutivo, ningún responsable fue juzgado, nadie pagó por la matanza y ni siquiera se pidió la remoción de su puesto al gobernador Fernando Centeno quién continuó en su cargo por 2 años más.