El 4 de septiembre de 1975, en una Argentina atravesada por una creciente violencia política y bajo la presidencia de María Estela Martínez de Perón, comenzó uno de los episodios más estremecedores de la represión paraestatal previa al golpe de Estado de 1976: la llamada Masacre de La Plata. Aquella noche, cinco militantes del Partido Socialista de los Trabajadores —Roberto “Laucha” Loscertales, Adriana Zaldúa, Ana María Guzner Lorenzo, Lidia Cristina Agostini y Hugo Norberto Frigerio— se dirigían hacia Petroquímica Sudamericana, actual Mafissa, para llevar dinero y ayuda reunidos en solidaridad con los trabajadores que sostenían un duro conflicto gremial y habían ocupado la planta. Nunca llegaron. Fueron interceptados y secuestrados; sus cuerpos acribillados aparecieron horas después en la zona de La Balandra, Berisso. Documentación de la Universidad Nacional de La Plata confirma tanto la misión solidaria que realizaban como el lugar donde fueron hallados. La tragedia no terminó allí. El 5 de septiembre, mientras el PST comenzaba a organizar la denuncia pública de lo sucedido, otros militantes salieron del local partidario de calle 54 entre 8 y 9. Oscar Lucatti, Carlos Povedano y Patricia Claverie fueron secuestrados; posteriormente, sus cuerpos fueron encontrados en Poblet, una zona rural en las afueras de La Plata. Así, en apenas dos jornadas, ocho jóvenes trabajadores, estudiantes, profesionales y militantes políticos habían sido asesinados. Las investigaciones históricas, universitarias y judiciales sitúan estos crímenes dentro del accionar de la Concentración Nacional Universitaria —CNU— y de las estructuras vinculadas a la Triple A. La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense identifica a la CNU como una organización paraestatal de ultraderecha y, en sus reconstrucciones sobre aquellos hechos, la caracteriza como el brazo universitario de la Triple A; investigaciones judiciales posteriores describieron además conexiones, protección o colaboración con sectores de las fuerzas de seguridad y del aparato estatal. La dimensión histórica del episodio es fundamental: ocurrió menos de siete meses antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y demuestra que los secuestros, asesinatos políticos y mecanismos clandestinos de represión no comenzaron de un día para otro con la dictadura. En La Plata, Berisso y Ensenada, la violencia paraestatal ya había convertido la militancia política, sindical y universitaria en un blanco. Investigaciones académicas de la UNLP reconstruyen precisamente a la Masacre de La Plata como parte de ese proceso represivo anterior al golpe. Cincuenta y un años después, la historia continúa teniendo una dimensión judicial abierta. En agosto de 2026, familiares y antiguos militantes volvieron a declarar sobre la Masacre en el juicio CNU II; esas ocho víctimas no integran formalmente los 13 casos que se juzgan en ese debate, pero sus historias fueron incorporadas para reconstruir el contexto y el funcionamiento de la organización. Familiares y organismos de memoria continúan reclamando justicia, la unificación de investigaciones y la apertura de archivos que permitan establecer todas las responsabilidades. La Masacre de La Plata no pertenece al terreno de las curiosidades ni de las anécdotas: es una advertencia histórica sobre hasta dónde puede llegar la violencia política cuando grupos armados actúan bajo estructuras paraestatales, con impunidad y conexiones con sectores del Estado. Recordar a Roberto Loscertales, Adriana Zaldúa, Ana María Guzner Lorenzo, Lidia Agostini, Hugo Frigerio, Oscar Lucatti, Carlos Povedano y Patricia Claverie es recuperar ocho nombres detrás de una de las páginas más oscuras de la Argentina previa al golpe de 1976. Memoria, verdad, justicia y rigor histórico. #MasacreDeLaPlata #MemoriaVerdadYJusticia #HistoriaArgentina #DerechosHumanos #LaPlata #Berisso #PST #CNU #TripleA #MemoriaHistórica #NuncaMás #ArgentinaHistory #HumanRights #HistoricalMemory #NeverAgain #PoliticalViolence
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