El 7 de septiembre de 1949, en plena primera presidencia de Juan Domingo Perón, la vitivinicultura cuyana quedó frente a una de las intervenciones estatales más fuertes y poco recordadas de su historia. Ese día se puso en aplicación el mecanismo previsto por el Decreto Nacional Nº 5.851, dictado el 8 de marzo de aquel año, que permitía actuar sobre existencias de vinos comunes de Mendoza y San Juan cuando el Ministerio de Industria y Comercio entendiera que las necesidades del mercado no estaban suficientemente abastecidas. La medida no significaba que el Gobierno fuera a quedarse indiscriminadamente con todas las bodegas ni con cada litro almacenado en Cuyo: la investigación histórica indica que la expropiación alcanzaba a determinadas partidas de vinos comunes de mesa, especialmente las existentes en poder de bodegas trasladistas y establecimientos considerados “exportadores” que no habían operado con ese carácter durante el año anterior. Detrás de aquella decisión había una verdadera batalla económica. El Estado mantenía controles de precios mientras industriales y comerciantes denunciaban que el aumento de sus costos, empujado por la inflación, hacía cada vez menos rentable vender al precio oficial; algunos agentes del mercado respondían retirando mercadería, agravando los problemas de abastecimiento. Y el vino ocupaba entonces un lugar gigantesco en la mesa argentina: el consumo nacional había crecido de aproximadamente 51 litros por habitante en 1946 a 69 litros en 1949. Al mismo tiempo, Mendoza enfrentaba una caída de la producción vinculada también a fenómenos climáticos como heladas y granizo. Ya desde fines de 1948, mediante el Decreto 39.493, el Gobierno había fijado en Mendoza y San Juan precios máximos de $25 por quintal de uva para vinificar puesto en bodega y $0,41 por litro para el vino de traslado. El conflicto entre precios oficiales, costos, productores, bodegueros, comerciantes y consumidores fue aumentando hasta convertir al abastecimiento de vino en un problema político nacional. La respuesta del 7 de septiembre fue extraordinaria: si el Ministerio consideraba que faltaba vino para atender la demanda, el Estado podía intervenir y aplicar la expropiación prevista. También se instrumentaron mecanismos de fiscalización y autorización de compras y ventas, y la política sería renovada ese mismo año mediante el Decreto Nº 30.106. Para las entidades empresariales vitivinícolas fue una intromisión gravísima sobre el derecho de propiedad; para el Gobierno era una herramienta destinada a impedir la especulación y asegurar que un producto de consumo masivo llegara a la población. Más de siete décadas después, aquel episodio revela hasta qué punto el vino mendocino era mucho más que una bebida: era trabajo, salario, producción regional, política económica y una cuestión estratégica para el Estado argentino. Una historia en la que Perón, Mendoza y San Juan quedaron unidos por una palabra que pocas veces asociamos con una botella de vino: expropiación. 🍷⚖️🇦🇷 #MendozAntigua #Mendoza #HistoriaDeMendoza #HistoriaArgentina #Peronismo #JuanDomingoPeron #VinoArgentino #Vitivinicultura #HistoriaDelVino #Bodegas #SanJuan #WineHistory #ArgentineWine #MendozaWine #WineIndustry #EconomicHistory #ArgentinaHistory #Peronism
No hay comentarios.:
Publicar un comentario