El 24 de septiembre de 1830 ocurrió en Mendoza un episodio casi olvidado que permite asomarse al corazón económico de la provincia de hace casi dos siglos. Aquel día se reunió el Gremio de Comercio mendocino y sus integrantes tomaron una decisión extraordinaria: se comprometieron voluntariamente a desempeñar sin sueldo los cargos de un futuro Tribunal Consular y aceptaron contribuir a su sostenimiento mediante un impuesto aplicado a las mercaderías que ingresaran a la plaza, tanto para consumo como para tránsito. La referencia quedó registrada en el Registro Oficial de la Provincia de Mendoza y fue recuperada por las historiadoras Noemí del Carmen Bistué y Beatriz Conte de Fornés en su investigación sobre la justicia comercial mendocina. No se trataba todavía del decreto de creación: ese paso llegaría apenas cinco días después. El 29 de septiembre, durante el gobierno de José Videla Castillo, el Poder Ejecutivo dispuso formalmente el establecimiento del Tribunal Consular, inspirado en las antiguas normas mercantiles que regían al Consulado de Buenos Aires y en las Ordenanzas de Bilbao. El decreto permite conocer detalles fascinantes sobre cómo se pensaba financiar aquella justicia especializada: cada fardo introducido en Mendoza debía pagar un real; cada carreta cargada, cinco reales; y cada mula con mercancías, medio real. Incluso se dispuso que el Tribunal celebrara audiencias dos días por semana y que el 1 de octubre de 1830 el propio Gremio del Comercio realizara las elecciones correspondientes. La historia continuó el 9 de diciembre, cuando la Legislatura provincial ratificó la creación y estableció las bases de su jurisdicción. Sin embargo, las investigaciones documentales muestran una particularidad: aquel Tribunal Consular no habría funcionado de manera permanente tal como había sido concebido. En la práctica existía un Juez de Comercio elegido entre los propios comerciantes; recibía las demandas, procuraba primero un acuerdo amistoso y, si la conciliación fracasaba, se incorporaban representantes propuestos por las partes para integrar el tribunal que resolvería el conflicto. Aquella justicia atendía precisamente los problemas de una economía cada vez más compleja: deudas, compraventas, contratos, fletes, mercaderías, sociedades, quiebras y operaciones comerciales. Todo esto ocurría en una Mendoza estratégica para el intercambio entre Chile y las provincias del interior, en una etapa en que el gobierno de Videla Castillo impulsaba modificaciones arancelarias y medidas vinculadas al comercio provincial. Así, detrás de una discreta anotación fechada el 24 de septiembre de 1830 aparece una historia mucho mayor: comerciantes mendocinos reuniéndose, ofreciendo trabajar gratuitamente y aceptando financiar una institución destinada a resolver sus propios conflictos. Fue uno de los primeros pasos de la construcción de una justicia mercantil organizada en Mendoza. Fuente de origen: Registro Oficial de la Provincia de Mendoza, 24 de septiembre de 1830; Bistué, Noemí del Carmen y Conte de Fornés, Beatriz, “Una institución económico-jurídica en Mendoza: El Juzgado de Comercio entre 1830 y 1870”, Revista de Historia Americana y Argentina, Nº 25-26, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 1985-1986, pp. 55-79. La existencia del Registro Oficial provincial para el período 1822-1831 también está documentada en fondos consultados en el Archivo Histórico de Mendoza. #Mendoza #MendozAntigua #HistoriaDeMendoza #Efemerides #24DeSeptiembre #HistoriaArgentina #Mendoza1830 #TribunalConsular #Comercio #JusticiaMercantil #ArchivoHistorico #DocumentosHistoricos #SigloXIX #Historia #MemoriaHistorica #ArgentinaHistory #MendozaHistory #ArgentineHistory #HistoricalDocuments #EconomicHistory #TradeHistory #NineteenthCentury
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