El 18 de septiembre de 1873, la Legislatura de Mendoza vivía una de las sesiones más tensas de aquella extraordinaria lucha política que enfrentó a los seguidores de Francisco Civit con los partidarios del exgobernador Carlos González. No se discutía una ley cualquiera: los legisladores debían decidir si podían considerarse válidos los comicios celebrados el 7 de septiembre para elegir a los llamados diputados “doblantes”, que junto con los miembros de la Cámara intervendrían posteriormente en la elección indirecta del nuevo gobernador. La documentación está perfectamente identificada por la investigación histórica: Archivo Legislativo de Mendoza, Libro de Actas de la Legislatura, Tomo XV, 1871-1874, sesiones especiales del 17 y 18 de septiembre de 1873. El estudio de Gabriela García Garino, realizado con documentación del propio Archivo Legislativo, del Archivo General de la Provincia y de la prensa mendocina de la época, señala que fueron dos jornadas de prolongados debates en las que la oposición intentó que varias elecciones fueran anuladas, mientras la mayoría legislativa defendió su aprobación. Para comprender la magnitud del episodio hay que recordar que votar en aquella Mendoza era muy diferente de hacerlo hoy: el sufragio era voluntario, individual y público, y la elección de gobernador era indirecta. Los ciudadanos debían inscribirse previamente en el registro cívico y presentar la correspondiente acreditación ante la mesa. En septiembre de 1873, además, la competencia entre civitistas y gonzalistas había alcanzado una intensidad poco habitual en la política provincial desde 1852. Después de los comicios comenzaron a llegar protestas procedentes de La Paz, Maipú, San Martín, Guaymallén y Luján. En ellas se denunciaban presiones de empleados públicos, detenciones, ciudadanos impedidos de aproximarse a las mesas, presencia de fuerzas y otras formas de interferencia. Pero uno de los documentos más impactantes procede de La Paz. Conservado en el Archivo Legislativo como expediente 2533, carpeta 48 de 1873, reúne la protesta de vecinos paceños contra lo ocurrido el 7 de septiembre. Según los denunciantes, la mesa habría sido ocupada por personas ajenas al departamento, algunos ciudadanos habrían recibido amenazas para impedir que sufragaran libremente y esas personas habrían sido atraídas mediante distribución de dinero y licores. Se trataba de acusaciones presentadas por una de las partes del conflicto, no de hechos judicialmente comprobados, una distinción fundamental al reconstruir el episodio. El debate llegó al recinto. Durante las sesiones del 17 y 18 la oposición trató primero de impedir que la sesión permaneciera abierta hasta resolver el asunto, cuestionó la actuación de diputados suplentes y pidió retrasar la convocatoria del futuro colegio electoral. La mayoría respondió que la Legislatura tenía la obligación de pronunciarse y que la agitación política continuaría mientras no se encaminara la elección del gobernador. Cuando comenzó el análisis concreto de las impugnaciones, la Comisión de Legislación examinó escrutinios y protestas. Varias denuncias fueron rechazadas por cuestiones formales o porque la mayoría consideró que no demostraban la nulidad del acto electoral; incluso algunas acusaciones sobre presencia de fuerza pública fueron desmentidas o justificadas como medidas destinadas a conservar el orden. Finalmente, la Cámara reconoció la mayor parte de los comicios, pero hubo dos excepciones: Junín, donde no había llegado a constituirse la mesa primaria, y La Paz. De esta manera, aquel 18 de septiembre la Legislatura no solamente discutió denuncias de fraude: actuó como la institución que debía determinar qué elecciones eran jurídicamente válidas antes de poder avanzar hacia la designación del gobernador. El conflicto estaba lejos de terminar. El colegio electoral debía reunirse pocos días después, pero la ausencia de representantes opositores impidió reiteradamente alcanzar el quórum. La crisis se prolongó hasta el 11 de octubre, cuando finalmente se reunieron 39 electores y Francisco Civit fue designado gobernador; Carlos González no recibió votos en aquella reunión, y la investigación considera probable que sus electores no hayan concurrido. Para entonces la disputa política ya había desembocado incluso en un levantamiento armado encabezado por Ignacio Segovia y respaldado por sectores gonzalistas. Así, detrás de un viejo libro de actas y de unas protestas archivadas durante más de un siglo y medio aparece una Mendoza donde las elecciones movilizaban periódicos, clubes, funcionarios, vecinos, legisladores y fuerzas militares. Y el 18 de septiembre de 1873 quedó como una jornada excepcional: el día en que la propia Legislatura debió decidir cuáles de aquellas urnas podían considerarse válidas y cuáles debían caer bajo el peso de las impugnaciones. DATO ARCHIVÍSTICO: Archivo Legislativo de Mendoza, Libro de Actas de la Legislatura, Tomo XV, 1871-1874, sesiones del 17 y 18 de septiembre de 1873; ALM, expediente 2533, carpeta 48, “Nota presentada por varios vecinos de la Villa de La Paz: protestando por los atropellos habidos en las elecciones del 7 de septiembre de 1873”. En las fuentes digitalizadas que pude verificar no aparece publicada la foja exacta del Libro de Actas, por lo que no conviene inventarla: ese dato requiere consulta directa del tomo físico o de su inventario interno. #Mendoza #MendozAntigua #HistoriaDeMendoza #EfemeridesMendocinas #Elecciones1873 #FranciscoCivit #CarlosGonzalezPinto #LaPazMendoza #JuninMendoza #ArchivoLegislativo #ArchivoGeneralDeMendoza #HistoriaArgentina #SigloXIX #MemoriaHistorica #MendozaHistory #ArgentineHistory #PoliticalHistory #HistoricalArchives #NineteenthCentury
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