El 22 de septiembre de 1926 quedó promulgada en la Argentina una norma destinada a modificar profundamente la situación jurídica de las mujeres: la Ley N.º 11.357 sobre Derechos Civiles de la Mujer. El dato de la fecha es importante: el Congreso la había sancionado ocho días antes, el 14 de septiembre, pero fue el 22 cuando el Poder Ejecutivo ordenó mediante el Decreto N.º 1448: “Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, publíquese y dése al Registro Nacional”. El documento llevó las firmas del presidente Marcelo T. de Alvear y del ministro de Justicia e Instrucción Pública, Antonio Sagarna; al día siguiente, 23 de septiembre, la ley apareció en el Boletín Oficial N.º 9738. La dimensión del cambio se comprende mejor leyendo el texto original de 1926. Su artículo 1 estableció que la mujer mayor de edad soltera, divorciada o viuda podía ejercer los mismos derechos y funciones civiles reconocidos al hombre mayor de edad. Para las mujeres casadas, la ley incorporó una extensa serie de facultades que hasta entonces estaban severamente condicionadas por el régimen jurídico vigente: podían ejercer profesión, oficio, empleo, comercio o industria sin autorización marital o judicial; administrar y disponer de lo obtenido con su trabajo; adquirir bienes con esos ingresos; integrar asociaciones civiles, comerciales y cooperativas; intervenir judicialmente en determinadas causas; ser tutoras, curadoras, albaceas y testigos en instrumentos públicos, y aceptar donaciones. También introdujo reglas sobre la administración de bienes propios y sobre las deudas de los cónyuges. Sin embargo, hay un detalle histórico fundamental que evita convertir esta efeméride en un mito: la Ley 11.357 no estableció todavía una igualdad civil absoluta para todas las mujeres. El propio texto conservaba restricciones específicas para las casadas; por ejemplo, presumía que el marido tenía mandato para administrar determinados bienes de su esposa mientras ella no manifestara formalmente lo contrario. Investigaciones académicas de la Universidad Nacional de La Plata señalan precisamente que la reforma amplió de manera decisiva los derechos civiles femeninos, pero no eliminó todas las desigualdades jurídicas del matrimonio, proceso que continuaría durante las décadas siguientes. Tampoco debe confundirse esta ley con el sufragio femenino: los derechos políticos nacionales llegarían más de veinte años después, mediante la Ley 13.010, sancionada y promulgada en septiembre de 1947. Visto desde hoy, aquel 22 de septiembre de 1926 no fue simplemente una fecha administrativa. Detrás de un decreto de apenas unas líneas se encontraba una transformación concreta de la vida cotidiana: trabajar, administrar el fruto del propio esfuerzo, adquirir bienes, asociarse, comparecer ante la Justicia o ejercer determinadas funciones civiles comenzaban a dejar de depender, en muchos casos, de la autorización de un hombre. La Ley 11.357 fue una etapa decisiva —aunque todavía incompleta— en un proceso de modificación de un orden jurídico construido durante el siglo XIX. Y existe un detalle documental extraordinario para recordar la efeméride: mientras la ley ocupa la página 2 del Boletín Oficial del 23 de septiembre de 1926, el decreto que certificó su promulgación el día 22 aparece inmediatamente después, en la página 3. #22DeSeptiembre #Ley11357 #DerechosCiviles #DerechosDeLaMujer #MujeresArgentinas #HistoriaArgentina #Argentina1926 #Historia #Efemerides #ArchivoHistorico #MemoriaHistorica #MendozAntigua #WomensRights #CivilRights #WomenInHistory #ArgentineHistory #History #HistoricalDocuments #September22 #WomenHistory
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