El 6 de septiembre de 1930, la Argentina atravesó una de las fracturas institucionales más profundas de su historia contemporánea. Ese día, el general José Félix Uriburu encabezó el golpe militar que derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, inaugurando el ciclo de interrupciones militares del orden democrático que marcaría buena parte del siglo XX. El nuevo gobierno de facto disolvió el Congreso, intervino provincias, restringió libertades públicas y, desde sus primeras horas y días, puso en funcionamiento un aparato represivo basado en el estado de sitio y en bandos militares asociados a la llamada ley marcial. Uno de aquellos bandos llegó a disponer que quienes fueran sorprendidos en determinados delitos contra la seguridad, los bienes o los servicios públicos podían ser ejecutados sin un proceso judicial ordinario. No se trataba simplemente de un cambio de autoridades: comenzaba una etapa caracterizada por censura, allanamientos, persecuciones, encarcelamientos y torturas contra opositores políticos, militantes radicales, comunistas, anarquistas y sectores del movimiento obrero. Investigaciones académicas de la Universidad Nacional de La Plata documentan que durante el régimen de Uriburu se autorizó la tortura contra disidentes, se aplicaron penas de muerte y se enviaron opositores a prisión o al exilio. La represión pronto tendría víctimas concretas. El obrero anarquista Joaquín Penina fue detenido en Rosario pocos días después del golpe y fusilado en septiembre de 1930; meses más tarde, en febrero de 1931, Severino Di Giovanni y Paulino Scarfó también serían ejecutados bajo la dictadura. El Archivo Nacional de la Memoria señala aquella persecución sistemática contra sectores radicales, comunistas y anarquistas como uno de los rasgos distintivos del período. Paralelamente, el gobierno instalado por Uriburu impulsó comisiones investigadoras destinadas a revisar supuestas irregularidades y delitos cometidos durante la administración de Yrigoyen. Estudios sobre la historia política argentina confirman que esas comisiones comenzaron a organizarse desde el propio 6 de septiembre y fueron utilizadas para investigar a funcionarios del gobierno depuesto. Entre los militares alcanzados por la persecución estuvieron dos figuras centrales de la política petrolera argentina: los generales Enrique Mosconi y Alonso Baldrich, estrechamente vinculados con la defensa de YPF y del control nacional de los recursos petroleros. Una investigación de la Universidad de Buenos Aires sitúa su detención tres días después del golpe, el 9 de septiembre; ese mismo día Mosconi puso fin a su extraordinaria gestión al frente de YPF y posteriormente debió alejarse hacia Europa. En Mendoza, las consecuencias del nuevo orden también se hicieron sentir rápidamente. La intervención encabezada por José María Rosa, que asumió semanas después, aplicó medidas de ley marcial para determinados delitos, clausuró los periódicos opositores Tribuna y La Palabra, detuvo a sus directores e impulsó investigaciones contra antiguos funcionarios lencinistas y yrigoyenistas. Así, aquel 6 de septiembre no significó solamente la caída de Yrigoyen: abrió una etapa en la que la fuerza desplazó al voto, las garantías constitucionales quedaron profundamente vulneradas y la persecución política se convirtió en una herramienta del nuevo poder. Cuatro días después, el 10 de septiembre, la Corte Suprema reconocería al gobierno surgido del golpe mediante la histórica acordada que dio origen a la denominada doctrina de los gobiernos de facto, un precedente de enormes consecuencias para la vida institucional argentina. #HistoriaArgentina #6DeSeptiembre #GolpeDe1930 #HipólitoYrigoyen #JoseFelixUriburu #LeyMarcial #DecadaInfame #EnriqueMosconi #AlonsoBaldrich #YPF #HistoriaPolitica #MemoriaHistorica #Argentina1930 #HistoriaDeMendoza #MendozaAntigua #ArgentineHistory #HistoryOfArgentina #MilitaryCoup #PoliticalHistory #HistoricalMemory #Democracy #ArgentinaHistory #TwentiethCenturyHistory #HistoricArgentina
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