El 10 de septiembre de 1979, en plena última dictadura militar, el gobierno de Jorge Rafael Videla dictó y promulgó la Ley Nacional Nº 22.070, una norma que modificó de manera profunda la administración del transporte subterráneo de Buenos Aires. No fue una ley aprobada por un Congreso democrático: el propio texto señala que fue dictada por el presidente de facto “en uso de las atribuciones” del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional. La disposición autorizó al Poder Ejecutivo a transferir gratuitamente a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires los certificados que representaban la totalidad del capital de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, empresa que hasta entonces se encontraba bajo la órbita nacional. Pero la Ley 22.070 fue mucho más lejos que un simple cambio administrativo: otorgó a la Municipalidad facultades de regulación y control del servicio, le permitió intervenir en la fijación de las tarifas —aunque siguiendo pautas establecidas por el Ministerio de Economía nacional—, declaró de utilidad pública los bienes necesarios para ampliar o modernizar la red y habilitó al gobierno municipal a realizar expropiaciones destinadas a nuevas obras. Incluso su artículo 4 dejó expresamente abierta la posibilidad de transformar la empresa, otorgar concesiones o privatizar total o parcialmente su explotación. Es importante aclararlo: el subte no fue privatizado en 1979; aquella norma simplemente incorporó esa alternativa dentro de las facultades futuras de la Municipalidad. El traspaso material tampoco se concretó exactamente aquel 10 de septiembre. La ley inició y autorizó el proceso, pero fue el 7 de noviembre de 1979 cuando el intendente de facto Osvaldo Cacciatore y el secretario nacional de Transportes y Obras Públicas Federico Camba firmaron el acta por la cual la Municipalidad recibió sin cargo el patrimonio de SBASE y asumió la administración, explotación y prestación del servicio. La Ordenanza Nº 35.322 ratificó posteriormente ese acto. Y aquí aparece una derivación histórica realmente insólita para Mendoza: años más tarde, el Decreto municipal Nº 7.281 de 1984 colocó bajo administración de Subterráneos de Buenos Aires distintos inmuebles vinculados a los recursos provenientes de antiguas empresas de transporte y a las leyes 17.510 y 22.070. Entre ellos figuraban dos propiedades mendocinas: una en zona rural de Chapanay, departamento de San Martín, y otra en San Martín y Alsina, San Rafael. Esta última sobrevivió durante décadas dentro del patrimonio administrado por SBASE: era el conocido predio de la ex TAC, de unos 4.643 metros cuadrados, que en 2018 fue finalmente escriturado tras su adquisición conjunta por la Municipalidad de San Rafael y la Universidad Nacional de Cuyo para desarrollar espacios educativos y culturales. Así, una decisión tomada por la dictadura en Buenos Aires el 10 de septiembre de 1979 no sólo cambió quién controlaba uno de los sistemas de transporte más emblemáticos de la Argentina: también dejó una inesperada huella administrativa que, años después, podía rastrearse a más de mil kilómetros de los túneles porteños, en pleno territorio mendocino. #HistoriaArgentina #10DeSeptiembre #Subte #BuenosAires #DictaduraArgentina #SBASE #TransportePublico #HistoriaDelSubte #Mendoza #SanRafael #Chapanay #MendozAntigua #ArgentineHistory #BuenosAiresHistory #BuenosAiresSubway #UrbanHistory #PublicTransport #ArgentinaHistory
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