El 16 de septiembre de 1955 comenzó uno de los quiebres institucionales más trascendentes de la Argentina del siglo XX. Unidades de las Fuerzas Armadas se sublevaron contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón y dieron inicio al movimiento que sus protagonistas denominaron “Revolución Libertadora”. La rebelión tuvo focos decisivos en Córdoba y en instalaciones navales y se prolongó durante varios días: el Archivo Nacional de la Memoria señala que participaron sectores de las tres armas y que durante cuatro jornadas distintas regiones del país quedaron convertidas en escenarios de operaciones militares. El golpe no surgió de un vacío. La Argentina atravesaba una profunda polarización. Durante los gobiernos peronistas se habían incorporado al orden constitucional derechos sociales y laborales —la Constitución de 1949 otorgó jerarquía constitucional a derechos del trabajador, de la familia y de la ancianidad— y el movimiento mantenía una poderosa relación con buena parte del sindicalismo y de los trabajadores. Al mismo tiempo, investigadores han documentado prácticas de control político, fuertes enfrentamientos con sectores opositores y una creciente crisis con la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas y una oposición antiperonista muy heterogénea. Esa combinación fue erosionando las vías de convivencia institucional. Tres meses antes había ocurrido un antecedente estremecedor: el 16 de junio de 1955, aviones de la Aviación Naval y sectores de la Fuerza Aérea bombardearon Plaza de Mayo y zonas próximas a la Casa Rosada durante un intento de derrocar a Perón. La investigación conservada por el Archivo Nacional de la Memoria registra al menos 309 víctimas fatales y un número indeterminado de heridos. En septiembre, la nueva insurrección sí consiguió su objetivo. Perón dejó el poder y partió al exilio, mientras el general Eduardo Lonardi asumió de facto la Presidencia el 23 de septiembre. El nuevo régimen clausuró el Congreso, desplazó a las autoridades constitucionales y avanzó sobre las instituciones nacionales y provinciales. Pero los vencedores tampoco constituían un bloque homogéneo. Lonardi, identificado con el nacionalismo católico, intentó una política menos confrontativa hacia parte del movimiento sindical y resumió su posición en la célebre fórmula “ni vencedores ni vencidos”. Frente a él crecieron sectores militares y civiles partidarios de una exclusión mucho más profunda del peronismo. La tensión terminó el 13 de noviembre de 1955, cuando Lonardi fue desplazado y Pedro Eugenio Aramburu asumió la Presidencia de facto, manteniéndose Isaac Rojas como vicepresidente. Un dato importante corrige una versión muy repetida de estos hechos: la Junta Consultiva Nacional no fue creada personalmente por Rojas, sino por el gobierno de Lonardi mediante el Decreto-Ley 2.011 del 27 de octubre de 1955; Rojas quedó al frente del organismo. Allí participaron representantes de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Demócrata Progresista y otras fuerzas antiperonistas, mientras el peronismo quedó excluido. Con Aramburu se profundizó la llamada “desperonización”. El Partido Peronista había sido disuelto y el 5 de marzo de 1956 se dictó el Decreto-Ley 4161, que prohibió públicamente símbolos, imágenes, canciones, expresiones y denominaciones vinculadas con Perón, Eva Perón y el justicialismo. La norma contemplaba para los infractores penas que podían ir de treinta días a seis años de prisión, además de multas e inhabilitaciones. El texto oficial figura en el registro legislativo nacional y fue publicado en el Boletín Oficial el 9 de marzo de 1956. La confrontación alcanzó otro punto extremo en junio de 1956. Tras el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra el gobierno de facto se produjeron fusilamientos de civiles y militares; entre ellos estuvieron las ejecuciones clandestinas de José León Suárez, posteriormente reconstruidas por Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Valle fue fusilado el 12 de junio. En 1957 el gobierno convocó elecciones para una Convención Constituyente mientras el peronismo continuaba proscripto. Perón llamó desde el exilio a votar en blanco. El resultado fue extraordinariamente ajustado: hubo 2.115.861 votos en blanco, el 24,31 %, frente a 2.106.524 votos de la Unión Cívica Radical del Pueblo y 1.847.603 de la UCR Intransigente. El voto en blanco fue así la categoría individual con mayor cantidad de sufragios, una fotografía electoral del peso que conservaban los electores que seguían las instrucciones del movimiento proscripto. El 16 de septiembre de 1955, por lo tanto, no fue simplemente el día en que cambió un presidente: comenzó una etapa en la que el derrocamiento de un gobierno constitucional, la proscripción de una fuerza política mayoritaria, la intervención militar en la vida pública y una creciente violencia entre adversarios condicionaron durante años el funcionamiento de la democracia argentina. Comprender aquella fecha exige mirar todo el cuadro: los derechos sociales y el enorme arraigo popular construido por el peronismo, las prácticas autoritarias y conflictos de su gobierno, la radicalización de sus adversarios y, finalmente, una ruptura del orden constitucional cuyas consecuencias atravesarían buena parte de las décadas siguientes. #HistoriaArgentina #16DeSeptiembre #JuanDomingoPeron #RevolucionLibertadora #Argentina1955 #GolpeDeEstado #HistoriaPolitica #Democracia #MemoriaHistorica #Peronismo #ArgentineHistory #September16 #PoliticalHistory #MilitaryCoup #Democracy #HistoricalMemory
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