El 4 de septiembre de 1812, cuando la independencia todavía no había sido declarada y el territorio rioplatense atravesaba los años turbulentos de la Revolución, el gobierno dictó una disposición sorprendentemente avanzada para su tiempo: el primer decreto patrio específicamente destinado al fomento de la inmigración. La norma partía de una idea contundente: “la población” era considerada principio de la industria y fundamento de la prosperidad de los Estados. Por eso ofrecía protección a personas de cualquier nación y a sus familias que quisieran establecerse en el territorio, garantizándoles el goce de los derechos reconocidos por la sociedad mientras respetaran las leyes y el orden público. Pero no se trataba solamente de una invitación: a los extranjeros dispuestos a cultivar los campos se les prometían terrenos suficientes, ayuda para instalar sus primeros establecimientos rurales y los mismos privilegios comerciales que tenían los naturales del país; quienes se dedicaran a explotar minas de oro, plata u otros metales podían recibir gratuitamente terrenos baldíos cultivables y traer herramientas para la actividad minera libres de derechos. El documento quedó firmado por Feliciano Antonio Chiclana, Juan Martín de Pueyrredón, Bernardino Rivadavia y Nicolás Herrera como secretario. Aquel mismo 4 de septiembre aparece, además, otra medida extraordinaria: el gobierno dispuso avanzar en el conocimiento y relevamiento del territorio bonaerense mediante una comisión destinada a formar un plano de la provincia, con la intención declarada de repartir gratuitamente suertes de estancia y chacras y favorecer nuevas poblaciones. Es decir, población, inmigración, producción y conocimiento territorial comenzaban a pensarse como piezas de una misma estrategia estatal. La política sobre la tierra continuaría evolucionando: el 15 de marzo de 1813 la Asamblea General facultó al Poder Ejecutivo para disponer de bienes estatales del modo considerado más conveniente para incrementar el erario, mientras la propia Asamblea eliminó instituciones coloniales como los mayorazgos. Años después, durante el Directorio de Pueyrredón, nuevas reglamentaciones intentaron ordenar las concesiones de terrenos baldíos en las zonas de frontera. El decreto inmigratorio de 1812 no provocó todavía las gigantescas corrientes migratorias que transformarían al país durante los siglos XIX y XX, pero dejó plantado un principio que reaparecería con enorme fuerza décadas después. La Constitución de 1853 proclamó en su Preámbulo su apertura a quienes quisieran habitar el suelo argentino y, en su artículo 25, ordenó al Gobierno federal fomentar la inmigración europea vinculada al trabajo de la tierra, las industrias, las ciencias y las artes. Su importancia simbólica fue tan grande que en 1949, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, el Decreto Nº 21.430 estableció el 4 de septiembre como Día del Inmigrante, precisamente en recuerdo de aquella disposición de 1812. Más de dos siglos después, aquella página conserva una fuerza histórica extraordinaria: mientras se combatía por definir el destino político del Río de la Plata, sus gobernantes ya comprendían que poblar, trabajar y producir serían desafíos decisivos para construir el territorio del futuro. #4DeSeptiembre #Decreto1812 #DíaDelInmigrante #HistoriaArgentina #PrimerTriunvirato #JuanMartínDePueyrredón #BernardinoRivadavia #FelicianoChiclana #Inmigración #TierrasPúblicas #Poblamiento #HistoriaNacional #RaícesArgentinas #MemoriaHistórica #ArgentineHistory #ImmigrationHistory #September4 #Argentina #MigrationHistory #HistoricalArgentina
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