El 20 de septiembre de 1887, cuando el sur mendocino comenzaba a convertirse en una nueva frontera agrícola, el Gobierno de Mendoza tomó una decisión extraordinaria para la época: estableció que una sola persona no podría recibir concesiones de agua de los ríos Diamante y Atuel para una superficie superior a 500 hectáreas. La medida buscaba impedir que unos pocos particulares concentraran un recurso capaz de decidir el destino y hasta el valor de enormes extensiones de tierra. Una investigación de la Universidad Nacional de Cuyo confirma expresamente la fecha, el límite de 500 hectáreas y el propósito de evitar que las aguas de ambos ríos fueran monopolizadas. En la Mendoza del siglo XIX, esta cuestión era decisiva. En una provincia marcada por la aridez, poseer tierra sin acceso al riego podía significar disponer de un territorio prácticamente improductivo. La historiadora Ana María Mateu señala que los derechos de agua eran precisamente los que valorizaban un terreno y permitían incorporarlo a la producción. Durante las décadas de 1870 y 1880, el Estado provincial comenzó a ampliar canales, realizar estudios hidráulicos y organizar un sistema legal de concesiones que acompañaría la profunda transformación económica de Mendoza. El decreto de 1887 debe entenderse también dentro del proceso iniciado con la Ley de Aguas de 1884, una norma fundamental que buscó ordenar la administración de un recurso hasta entonces atravesado por reglamentos, derechos antiguos y decisiones dispersas. La ley reconocía el carácter público de las aguas y establecía distintas categorías y prioridades para su aprovechamiento. Pero detrás de aquella resolución aparece una llamativa contradicción histórica: la misma Ana María Mateu documenta que en 1887 se había concedido a Rufino Ortega derecho de agua para unas 10.000 hectáreas en Malargüe, mediante una toma del Atuel. Ese mismo año se estableció luego el límite de 500 hectáreas por persona para concesiones sobre el Diamante y el Atuel. La restricción tampoco se transformó en una barrera permanente. Un estudio de UNCuyo señala que en las décadas siguientes volvieron a aprobarse grandes derechos de riego en el Oasis Sur y que, hacia 1929, las concesiones vinculadas solamente al río Atuel alcanzaban unas 131.000 hectáreas. Aquella disposición del 20 de septiembre de 1887 representa así mucho más que un antiguo decreto administrativo: permite observar uno de los grandes problemas que acompañaron la construcción del sur mendocino. Tierra, agua y producción estaban íntimamente unidas, y controlar un cauce podía significar controlar el futuro económico de enormes extensiones. Hace más de un siglo, cuando San Rafael y las regiones irrigadas por el Diamante y el Atuel apenas comenzaban su gran transformación, Mendoza ya discutía una cuestión que atravesaría toda su historia: cómo distribuir un recurso escaso sin permitir que quedara concentrado en pocas manos. Fuente de origen: Registro Oficial de la Provincia de Mendoza, año 1887, p. 412. Corroboración académica: Universidad Nacional de Cuyo, investigación sobre las concesiones hídricas del sur mendocino; Ana María Mateu, “Estado y vitivinicultura. Las políticas públicas de la transición. Mendoza, 1870-1890”, repositorio CONICET. #MendozAntigua #Mendoza #HistoriaDeMendoza #Efemérides #20DeSeptiembre #RíoAtuel #RíoDiamante #SanRafael #HistoriaDelAgua #Irrigación #Riego #Agua #OasisSur #HistoriaArgentina #PatrimonioMendocino #MendozaHistory #ArgentineHistory #WaterHistory #IrrigationHistory #AtuelRiver #DiamanteRiver #HistoricalMendoza
No hay comentarios.:
Publicar un comentario