En septiembre de 1829, mientras Mendoza atravesaba una de las etapas más violentas e inestables de la lucha entre unitarios y federales, un episodio ocurrido en plena noche terminó convertido en expediente judicial. Un grupo compuesto por personas esclavizadas, libertos y criados irrumpió en una pulpería a medianoche y sustrajo mercaderías en medio del desorden político que sacudía a la provincia. La historia no procede de una leyenda ni de una tradición oral: fue localizada por la historiadora Eugenia Molina en documentación del Archivo Histórico de Mendoza y citada con una referencia precisa: Judicial Criminal, carpeta F-1, documento 5, septiembre de 1829. Las pulperías de comienzos del siglo XIX eran mucho más que lugares donde se vendían bebidas. Formaban parte de la red comercial cotidiana y funcionaban como espacios de aprovisionamiento, sociabilidad e intercambio. Precisamente por eso, los robos cometidos contra estos establecimientos podían despertar una reacción judicial especialmente dura: el estudio de Molina demuestra que las autoridades mendocinas castigaban con severidad los delitos que afectaban el comercio y la circulación de mercaderías. En el caso de septiembre de 1829, integrantes del grupo recibieron penas de entre 100 y 200 azotes por haber sustraído efectos de un negocio que estaban destinados a ser introducidos nuevamente en el circuito comercial hacia San Juan. El contexto vuelve todavía más extraordinario el expediente. Para 1829, las fuentes describen una provincia atravesada por una conflictividad política extrema. El propio trabajo académico advierte que ese año está claramente subrepresentado en los expedientes judiciales conservados: dentro de la muestra estudiada aparece solamente un robo judicializado, pese a que otras fuentes revelan una situación mucho más convulsionada. Incluso señala que, a comienzos de aquel año, el gobernador Juan Rege Corvalán había dispuesto una represión durísima contra determinados robos, en un clima que terminaría agravándose con la lucha regional entre unitarios y federales y el desplazamiento de Corvalán en agosto. El expediente permite asomarse, además, a una Mendoza socialmente mucho más compleja de la que suele aparecer en los grandes relatos militares y políticos. Personas esclavizadas, libertos, criados, peones, artesanos y trabajadores temporarios aparecen una y otra vez en la documentación judicial de aquellos años, no simplemente como figuras marginales sino como protagonistas de estrategias de supervivencia, redes de circulación de bienes, conflictos y delitos. Molina contabilizó 78 robos judicializados entre 1820 y 1829 y mostró que los azotes continuaban siendo uno de los castigos predominantes, especialmente cuando los hechos afectaban el comercio o el dinero. El valor documental de esta historia es enorme porque la referencia conduce directamente al fondo donde podría encontrarse la escena completa: declaraciones de acusados y testigos, nombres, objetos robados, lugar exacto, circunstancias de la detención y, fundamentalmente, la fecha precisa del hecho. El actual Archivo General de la Provincia conserva documentación judicial, gubernamental y colonial desde el siglo XVI y es heredero del antiguo Archivo Histórico citado en estas investigaciones. Y aquí es indispensable mantener el rigor histórico: la publicación académica confirma que el asalto ocurrió en septiembre de 1829, a medianoche y durante la inestabilidad provocada por la lucha unitario-federal, pero no publica el día exacto. Por lo tanto, todavía no puede afirmarse que sucedió el 14 de septiembre. Fuente principal: Eugenia Molina, Revista de Indias, CSIC, vol. 74, n.º 260, 2014, investigación basada en expedientes del Archivo Histórico de Mendoza.
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