El sábado 28 de julio de 2001 no correspondía una edición ordinaria del Boletín Oficial de Mendoza, ya que el propio diario gubernamental señalaba que aparecía todos los días hábiles. Sin embargo, el silencio administrativo de aquella jornada contrastaba con la tormenta económica que avanzaba sobre la provincia. Cuatro días antes, el gobernador Roberto Iglesias había anunciado un ajuste anual de 88 millones de pesos para intentar equilibrar unas cuentas públicas cada vez más asfixiadas: 46 millones debían salir de los salarios estatales y otros 42 millones de los gastos operativos. En otras palabras, más de la mitad del ahorro proyectado recaería directamente sobre los ingresos de los trabajadores. El plan también eliminaba beneficios tributarios para las estaciones de servicio, modificaba el tratamiento de Ingresos Brutos para empresas prestadoras de servicios y aumentaba la carga sobre entidades financieras y administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Pero el núcleo más doloroso estaba en los sueldos: quienes cobraban entre $501 y $1.000 perderían un 9%; entre $1.001 y $2.000, un 11%; entre $2.001 y $4.000, un 16%; y quienes superaban los $4.000 sufrirían una reducción del 20%. El esquema también incluía contratos de locación de servicios y alcanzaba aproximadamente a 39.000 personas que percibían más de $500 dentro del Estado provincial. Según la reconstrucción histórica de Los Andes, solamente cuatro empleados de toda la administración superaban entonces los $4.000 y quedaban dentro de la franja máxima. La tensión se extendió rápidamente a los otros poderes. Los legisladores aceptaron una reducción del 20%, pero en el Poder Judicial surgió una fuerte resistencia. La Suprema Corte propuso destinar el 10% de los salarios de los jueces a un fondo solidario, mientras el Ejecutivo reclamaba el doble. En medio de la disputa, empleados judiciales alcanzados por el ajuste y miembros del máximo tribunal ofrecieron trabajar una hora adicional por día a cambio de conservar íntegramente sus remuneraciones. La respuesta del Gobierno fue tan breve como demoledora: “lo que falta es plata”. No se discutían horarios, productividad ni esfuerzo; se discutía la imposibilidad material de reunir el dinero necesario para pagar los sueldos. Todo ocurría cuando el programa nacional de déficit cero ya dominaba la agenda, aunque la Ley 25.453 sería sancionada recién el 30 de julio y publicada al día siguiente. La norma estableció que el gasto del Estado nacional no podía superar los recursos recaudados, autorizó reducciones proporcionales que podían alcanzar salarios, jubilaciones y pensiones, e invitó a las provincias a adoptar medidas equivalentes. Mendoza había comenzado a recorrer ese camino antes de que la ley nacional estuviera formalmente vigente. El conflicto no terminó con el anuncio. Llegaron presentaciones judiciales, amparos sindicales, pagos escalonados y nuevas modificaciones del sistema de descuentos. Meses después, algunos sectores todavía esperaban cobrar mientras la provincia recurría a los Lecop y se acercaba al derrumbe económico y social de diciembre. Aquel 28 de julio, Mendoza ya vivía una verdad que pronto estremecería a todo el país: cuando el Estado se queda sin recursos, las cifras dejan de ser simples columnas contables y comienzan a convertirse en salarios reducidos, familias angustiadas y derechos puestos bajo la tijera. #Mendoza #MendozAntigua #HistoriaDeMendoza #MendozaHistoria #CrisisDel2001 #DéficitCero #RobertoIglesias #EmpleadosEstatales #TrabajadoresEstatales #EconomíaArgentina #HistoriaArgentina #MemoriaHistórica #Efemérides #ArchivoHistórico #Convertibilidad #Argentina2001 #ArgentinaHistory #MendozaHistory #EconomicCrisis #ZeroDeficit #PublicWorkers #EconomicHistory #HistoricalMemory #OnThisDay
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