Un año antes del golpe de Estado de 1976, Mendoza ya conocía el rostro clandestino de la represión. El 26 de julio de 1975, el autodenominado Comando Moralizador Pío XII irrumpió públicamente mediante un comunicado enviado al diario Mendoza. Sus integrantes se presentaban como defensores de la “moral” y la “salud pública”, pero detrás de esas palabras escondían una amenaza brutal contra las mujeres en situación de prostitución y contra quienes consideraban apartados de las conductas sociales que pretendían imponer. El documento anunciaba castigos con látigos de cuero, cadenas, garrotes de goma y cartuchos cargados con sal. Incluso mencionaba a un dóberman llamado Savonarola, presuntamente adiestrado para atacar y arrancarles la ropa a sus víctimas. Aquella declaración, que hoy parece salida de una ficción siniestra, anticipaba una violencia que ya se ejecutaba en las calles: mujeres perseguidas por automóviles, golpeadas hasta sufrir fracturas y obligadas a abandonar los lugares donde vivían o trabajaban. Los ataques también alcanzaron a personas perseguidas por su orientación sexual. El grupo no apareció de la nada. El 1 de mayo de 1975 habían sido encontrados los cuerpos desnudos y asesinados de Claridad González de Ángel y Ramona Suárez de Martínez, secuestradas la noche anterior. A partir de esos crímenes fueron relevados otros once episodios semejantes. Durante aquellos meses también se produjeron atentados contra cabarets y locales nocturnos, mientras cadáveres de mujeres, proxenetas y militantes políticos aparecían en sectores del pedemonte como Papagallos y Canota. Algunos pozos naturales de Papagallos llegaron a ser denominados por la prensa como “los pozos de Santuccione”. Las reconstrucciones judiciales posteriores determinaron que el Comando Moralizador Pío XII y el Comando Anticomunista Mendoza no eran simples bandas independientes: fueron caracterizados como organizaciones criminales parapoliciales surgidas de la propia Policía provincial. Ambos quedaron vinculados a la estructura conducida por el entonces jefe policial, el vicecomodoro Julio César Santuccione, mientras el Departamento de Informaciones D2 se consolidaba como una pieza central de la persecución y luego funcionaría como centro clandestino de detención. El Pío XII encarnó lo que la Justicia describió como un “terrorismo de calle”: secuestros nocturnos, torturas, ejecuciones y cuerpos abandonados para sembrar miedo entre la población. Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, estas organizaciones fueron perdiendo su identidad visible y terminaron absorbidas por el aparato represivo estatal, ahora conducido sistemáticamente por las Fuerzas Armadas y ejecutado con la participación de organismos policiales y de inteligencia. Por eso, aquel comunicado del 26 de julio de 1975 constituye mucho más que una estremecedora rareza de archivo. Es la evidencia de que el terrorismo de Estado en Mendoza no comenzó repentinamente con el golpe militar: sus métodos, estructuras y verdugos ya estaban actuando. Primero persiguieron en nombre de una supuesta moral; después, ese mismo mecanismo clandestino extendió el terror sobre militantes, trabajadores, estudiantes y buena parte de la sociedad mendocina. Memoria para quienes fueron perseguidas, torturadas y asesinadas. Verdad para comprender cómo comenzó el horror. Justicia para que nunca vuelva a repetirse. #Mendoza #HistoriaDeMendoza #ComandoPioXII #TerrorismoDeEstado #MemoriaVerdadYJusticia #NuncaMas #DerechosHumanos #DictaduraArgentina #JulioSantuccione #D2Mendoza #MendozAntigua #MendozaHistory #ArgentineHistory #StateTerrorism #HumanRights #HistoricalMemory #NeverAgain
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