El 31 de julio de 1944, la Argentina vivió una jornada extraordinaria en la que se mezclaron demostraciones de poder, controles económicos, movilización ciudadana y una disposición tan extraña que parecía salida de otro tiempo. Mientras el presidente de facto Edelmiro J. Farrell recorría Resistencia y la ciudad de Corrientes acompañado por una comitiva militar, en Buenos Aires Juan Domingo Perón —entonces vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión— encabezaba una ofensiva pública contra el encarecimiento de los productos esenciales. La gira presidencial por el nordeste no fue una visita protocolar más. Una investigación de la Universidad Nacional del Nordeste señala que durante dos jornadas se desarrollaron ceremonias gubernamentales, castrenses, sociales y religiosas, y que la presencia de Farrell logró apaciguar momentáneamente los fuertes enfrentamientos existentes dentro de la intervención federal correntina. Al regresar la comitiva, el interventor David Uriburu viajó con ella y dejó provisionalmente el gobierno provincial en manos de Basilio Serrano, ministro de Hacienda, Economía y Obras Públicas. La escena mostraba a un poder central decidido a consolidar personalmente su autoridad sobre las provincias intervenidas. Ese mismo día, a las 18:30, Perón habló desde el recinto de la Secretaría de Trabajo y Previsión mediante la Red Argentina de Radiodifusión. Allí anunció la aplicación del Decreto Nº 20.263, que fijaba precios máximos para distintos alimentos e introducía rebajas en prendas de vestir y ropa blanca para el hogar. La medida recuperaba la Ley Nº 12.591, sancionada en 1939 al comenzar la Segunda Guerra Mundial para combatir el agio, la especulación y las alteraciones injustificadas del abastecimiento. Los nuevos valores debían aparecer exhibidos en los comercios desde el día siguiente y se instaba a denunciar a quienes los ocultaran o incumplieran. Pero lo verdaderamente sorprendente fue la manera elegida para controlar su cumplimiento. Perón pidió a dirigentes sindicales, comisiones de fomento, cooperadoras escolares y otras organizaciones que enviaran listas de ciudadanos dispuestos a colaborar, clasificadas según cada seccional policial. Debían informar nombre, domicilio, profesión y número de documento para recibir una credencial y las instrucciones correspondientes. En otras palabras, el gobierno buscaba transformar a trabajadores y vecinos en una red civil acreditada para vigilar precios, observar comercios y comunicar irregularidades: una especie de fiscalización popular organizada desde el Estado. Como si todo aquello no fuera suficiente, aquel 31 de julio también vencía una disposición verdaderamente insólita. El Decreto Nº 18.539 de 1943 había permitido continuar hasta esa fecha la venta de “trigo viejo para combustible”, prolongando una autorización establecida anteriormente por el Decreto Nº 3.056. No se trataba de quemar indiscriminadamente cereal apto para el consumo, sino de habilitar oficialmente el uso energético de partidas envejecidas; aun así, la imagen de un país productor de alimentos autorizando que el trigo terminara alimentando calderas o maquinarias resulta tan llamativa como reveladora de las contradicciones económicas de aquella época. Así transcurrió aquel 31 de julio de 1944: Farrell recorriendo el litoral para afirmar el poder de un régimen militar, Perón anunciando precios máximos por radio, organizaciones barriales preparando listas de fiscalizadores voluntarios y una autorización oficial para utilizar trigo viejo como combustible llegando a su último día. Una jornada en la que el Estado quiso estar presente en las gobernaciones, los almacenes, los hogares y hasta en el fuego de las calderas. #HistoriaArgentina #EdelmiroFarrell #JuanDomingoPerón #RevoluciónDel43 #PreciosMáximos #ControlDePrecios #Corrientes #Resistencia #HistoriaPolítica #ArchivoHistórico #Efemérides #MendozAntigua #ArgentineHistory #PriceControls #HistoricalArchives #LatinAmericanHistory #HistoryFacts #Argentina1944
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