El 28 de julio de 2000, Mendoza avanzó con una medida tan extraordinaria como representativa de la crisis que había dejado la desaparición de su banca oficial. La Ley 6.800 amplió los plazos para que los deudores del Ente de Fondos Residuales de los antiguos bancos de Mendoza y de Previsión Social solicitaran la revisión, regularización y refinanciación de las obligaciones que habían quedado atrapadas en aquel enorme laberinto financiero. El problema venía de años atrás: en marzo de 1995, la Ley 6.276 había autorizado la privatización simultánea de ambas entidades y la creación de un organismo encargado de administrar los créditos, bienes, derechos y pasivos que permanecieran en manos de la Provincia. La Ley 6.800 prorrogó hasta el 31 de julio de 2000 el plazo para que los afectados presentaran sus casos ante una comisión especial, cuyo objetivo no era solamente cobrar, sino analizar la realidad económica y jurídica de cada deudor, recuperar la mayor cantidad posible y, cuando fuera viable, evitar la desaparición de empresas o actividades productivas. La demanda fue enorme: meses después, el propio Gobierno reconoció que se habían acumulado más de 2.500 expedientes, algunos correspondientes a empresas ubicadas entre los 500 principales deudores del Ente. La particularidad más llamativa fue que el Estado quedó facultado para aceptar bienes como cancelación de las deudas, siempre después de evaluar la situación socioeconómica, la capacidad financiera del deudor y el valor de lo ofrecido. Legalmente, esas entregas eran consideradas pagos al contado. El régimen también contemplaba períodos de espera, refinanciaciones de hasta diez años y descuentos especiales cuando existía riesgo de incobrabilidad. Además, el sistema actualizado estableció una bonificación adicional del 25 % para quienes cancelaran al contado o anticipadamente el saldo de sus obligaciones. No era un trueque improvisado ni una simple concesión: era el intento de recuperar parte de una gigantesca cartera de créditos sin empujar definitivamente a la quiebra a productores, comerciantes y empresas que todavía podían continuar trabajando. En aquella Mendoza golpeada por la privatización bancaria, una deuda podía dejar de pagarse exclusivamente con dinero y comenzar a saldarse con patrimonio. La Ley 6.800 quedó así como una poderosa fotografía de los tiempos que se avecinaban: un Estado necesitado de recuperar activos, miles de deudores buscando una salida y una provincia que intentaba cerrar, como podía, una de las heridas financieras más profundas de su historia reciente. #Mendoza #HistoriaDeMendoza #MendozAntigua #BancoDeMendoza #BancoDePrevisiónSocial #Ley6800 #BancosProvinciales #FondosResiduales #CrisisFinanciera #HistoriaEconómica #Privatizaciones #Efemérides #Argentina #MendozaHistory #ArgentineHistory #BankingCrisis #ProvincialBanks #EconomicHistory #FinancialCrisis #HistoricalMendoza
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