El expediente parecía construido sobre una contradicción brutal: dos armas registradas, oxidadas, sucias y completamente inutilizables fueron utilizadas para justificar la detención de un trabajador municipal. El protagonista fue Carlos Alberto “Tito” Gómez, empleado de la Municipalidad de Guaymallén, cuya historia permite observar cómo la persecución ilegal ya funcionaba en Mendoza antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y continuó después bajo el aparato de la dictadura. Gómez fue detenido durante enero de 1976 en su vivienda de calle Tropero Sosa, en Guaymallén. Según su testimonio judicial, cerca de las cinco de la madrugada irrumpieron hombres armados, varios de ellos encapuchados, mientras en la casa se encontraban su esposa, su hijo de apenas cuatro meses y una hermana menor. Los atacantes habrían llegado en varios vehículos sin identificación e incluso afirmó haber visto un helicóptero sobrevolando la zona. Tras registrar la propiedad, llevarse dinero y distintos objetos, lo maniataron, amordazaron y trasladaron incomunicado al Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Mendoza. La explicación formal fueron dos armas encontradas en la vivienda: una pertenecía a Gómez y la otra a su esposa. Ambas estaban legalmente registradas. Las propias actuaciones determinaron después que se encontraban en avanzado estado de deterioro, cubiertas de óxido y suciedad y sin posibilidad de funcionar. Aquello que había sido presentado como una prueba peligrosa era, en realidad, material completamente fuera de uso. Pero el absurdo judicial encubría una realidad mucho más grave. Gómez declaró que permaneció cerca de doce días en el D2, donde sufrió golpes, picana eléctrica y métodos de asfixia conocidos como “submarino”. Recordó que las torturas se practicaban a cualquier hora y que algunos detenidos regresaban a las celdas en condiciones estremecedoras. Luego fue trasladado a la Penitenciaría provincial, todavía a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El 16 de marzo de 1976, ocho días antes del golpe de Estado, la VIII Brigada de Infantería de Montaña ordenó su liberación. Sin embargo, al salir de la cárcel habría encontrado automóviles de civil esperando para detenerlo nuevamente. El director del penal, al advertir la situación, decidió escoltarlo hasta su domicilio. Aunque ya estaba libre, Gómez continuó durante meses ligado al expediente bajo un sobreseimiento provisorio. Recién el 26 de julio de 1976, en plena dictadura, recibió el sobreseimiento definitivo. Para fines de aquel año, todas las personas involucradas en aquella investigación habían sido desvinculadas judicialmente. Las reconstrucciones posteriores del Ministerio Público Fiscal señalaron que la causa no tenía fundamentos suficientes y que se insertaba en una persecución más amplia contra personas relacionadas —real o supuestamente— con el Partido Auténtico y con antiguos espacios del peronismo mendocino. El D2, ubicado en el Palacio Policial, fue una pieza central del circuito represivo provincial, vinculado además con centros clandestinos como Papagallos, donde se practicaron torturas y se abandonaron cuerpos. Un cruce propio de la base oficial del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado arroja trece desapariciones o asesinatos registrados en el país con fecha exacta del 26 de julio entre 1976 y 1983, pero ninguno ubicado en Mendoza. Esto no significa que aquel día no existieran detenciones ilegales, torturas, amenazas o persecuciones en la provincia: el RUVTE registra principalmente desapariciones forzadas y asesinatos, por lo que casos de sobrevivientes como el de Gómez pueden quedar fuera de ese recuento específico. El caso de “Tito” Gómez desnuda el mecanismo con una claridad estremecedora: primero se producía la detención, después se buscaba una acusación que pudiera justificarla. Las armas no funcionaban, la causa no se sostenía y finalmente todos fueron sobreseídos. Pero el secuestro, la incomunicación, las torturas y el miedo ya habían cumplido su verdadero objetivo. Las armas estaban inutilizadas. El aparato represivo, en cambio, funcionaba a plena potencia. #26DeJulio #TitoGomez #Guaymallen #Mendoza #HistoriaDeMendoza #D2Mendoza #TerrorismoDeEstado #DictaduraArgentina #MemoriaVerdadYJusticia #NuncaMas #DerechosHumanos #MendozAntigua #MendozaHistory #ArgentineHistory #StateTerrorism #HumanRights #HistoricalMemory #NeverAgain
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domingo, 26 de julio de 2026
26 DE JULIO DE 1976: LAS ARMAS QUE NO PODÍAN DISPARAR Y LA REPRESIÓN QUE YA ESTABA EN MARCHA — EL CASO DE “TITO” GÓMEZ EN MENDOZA
El expediente parecía construido sobre una contradicción brutal: dos armas registradas, oxidadas, sucias y completamente inutilizables fueron utilizadas para justificar la detención de un trabajador municipal. El protagonista fue Carlos Alberto “Tito” Gómez, empleado de la Municipalidad de Guaymallén, cuya historia permite observar cómo la persecución ilegal ya funcionaba en Mendoza antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y continuó después bajo el aparato de la dictadura. Gómez fue detenido durante enero de 1976 en su vivienda de calle Tropero Sosa, en Guaymallén. Según su testimonio judicial, cerca de las cinco de la madrugada irrumpieron hombres armados, varios de ellos encapuchados, mientras en la casa se encontraban su esposa, su hijo de apenas cuatro meses y una hermana menor. Los atacantes habrían llegado en varios vehículos sin identificación e incluso afirmó haber visto un helicóptero sobrevolando la zona. Tras registrar la propiedad, llevarse dinero y distintos objetos, lo maniataron, amordazaron y trasladaron incomunicado al Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Mendoza. La explicación formal fueron dos armas encontradas en la vivienda: una pertenecía a Gómez y la otra a su esposa. Ambas estaban legalmente registradas. Las propias actuaciones determinaron después que se encontraban en avanzado estado de deterioro, cubiertas de óxido y suciedad y sin posibilidad de funcionar. Aquello que había sido presentado como una prueba peligrosa era, en realidad, material completamente fuera de uso. Pero el absurdo judicial encubría una realidad mucho más grave. Gómez declaró que permaneció cerca de doce días en el D2, donde sufrió golpes, picana eléctrica y métodos de asfixia conocidos como “submarino”. Recordó que las torturas se practicaban a cualquier hora y que algunos detenidos regresaban a las celdas en condiciones estremecedoras. Luego fue trasladado a la Penitenciaría provincial, todavía a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El 16 de marzo de 1976, ocho días antes del golpe de Estado, la VIII Brigada de Infantería de Montaña ordenó su liberación. Sin embargo, al salir de la cárcel habría encontrado automóviles de civil esperando para detenerlo nuevamente. El director del penal, al advertir la situación, decidió escoltarlo hasta su domicilio. Aunque ya estaba libre, Gómez continuó durante meses ligado al expediente bajo un sobreseimiento provisorio. Recién el 26 de julio de 1976, en plena dictadura, recibió el sobreseimiento definitivo. Para fines de aquel año, todas las personas involucradas en aquella investigación habían sido desvinculadas judicialmente. Las reconstrucciones posteriores del Ministerio Público Fiscal señalaron que la causa no tenía fundamentos suficientes y que se insertaba en una persecución más amplia contra personas relacionadas —real o supuestamente— con el Partido Auténtico y con antiguos espacios del peronismo mendocino. El D2, ubicado en el Palacio Policial, fue una pieza central del circuito represivo provincial, vinculado además con centros clandestinos como Papagallos, donde se practicaron torturas y se abandonaron cuerpos. Un cruce propio de la base oficial del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado arroja trece desapariciones o asesinatos registrados en el país con fecha exacta del 26 de julio entre 1976 y 1983, pero ninguno ubicado en Mendoza. Esto no significa que aquel día no existieran detenciones ilegales, torturas, amenazas o persecuciones en la provincia: el RUVTE registra principalmente desapariciones forzadas y asesinatos, por lo que casos de sobrevivientes como el de Gómez pueden quedar fuera de ese recuento específico. El caso de “Tito” Gómez desnuda el mecanismo con una claridad estremecedora: primero se producía la detención, después se buscaba una acusación que pudiera justificarla. Las armas no funcionaban, la causa no se sostenía y finalmente todos fueron sobreseídos. Pero el secuestro, la incomunicación, las torturas y el miedo ya habían cumplido su verdadero objetivo. Las armas estaban inutilizadas. El aparato represivo, en cambio, funcionaba a plena potencia. #26DeJulio #TitoGomez #Guaymallen #Mendoza #HistoriaDeMendoza #D2Mendoza #TerrorismoDeEstado #DictaduraArgentina #MemoriaVerdadYJusticia #NuncaMas #DerechosHumanos #MendozAntigua #MendozaHistory #ArgentineHistory #StateTerrorism #HumanRights #HistoricalMemory #NeverAgain
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