El 20 de agosto de 1981, en plena dictadura cívico-militar y después de dos violentos saltos cambiarios, la Comisión de Asesoramiento Legislativo —el organismo que había ocupado el lugar del Congreso clausurado— debatió una medida extraordinaria para impedir que numerosas compañías endeudadas en dólares exhibieran balances devastados por la devaluación. La carpeta PEN 126, recuperada décadas más tarde entre los archivos de la Junta Militar, menciona como posibles beneficiarias a Acindar, Pérez Companc, Astra, Ledesma, Dálmine, Alpargatas, Molinos Río de la Plata, Techint y Bunge y Born, entre otras. Se calculaba que alrededor de 200 firmas podían acogerse al mecanismo. Durante aquella reunión, el teniente coronel Alberto Sampietro preguntó si el proyecto había nacido dentro del Gobierno o por presión empresarial. Carlos Manuel García, asesor del Ministerio de Economía, reconoció que había surgido también de pedidos de distintos sectores y de una nota de la Bolsa de Comercio que advertía que, sin alguna medida, hasta el 50 % de las empresas en actividad podía terminar en liquidación. Entonces intervino Juan Alfredo Etchebarne, presidente de la Comisión Nacional de Valores y antiguo directivo de Acindar, quien sostuvo que el proyecto parecía confeccionado especialmente para la siderúrgica. Diecinueve días después, el régimen sancionó la Ley 22.491. La norma no perdonaba las deudas ni las transfería directamente al Estado, pero permitía convertir las pérdidas producidas por las devaluaciones de abril y junio en un “cargo diferido” dentro del activo y distribuir su impacto durante un máximo de tres ejercicios. En otras palabras: la deuda continuaba existiendo, pero el golpe no debía aparecer completo e inmediatamente en el balance. El régimen era optativo, no generaba beneficios fiscales y prohibía distribuir utilidades mientras quedaran pérdidas pendientes de amortización. Aun con esas limitaciones, ofrecía un alivio decisivo a empresas cuyo patrimonio podía desaparecer contablemente de un día para otro. El contraste social fue brutal: las reconstrucciones económicas estiman que durante aquellos años los asalariados perdieron alrededor de 13 puntos porcentuales de participación en el PBI. Mientras los trabajadores soportaban la caída del salario real, el cierre de fábricas y la contracción del mercado interno, el poder político buscaba fórmulas para amortiguar las pérdidas cambiarias de algunos de los grupos económicos más importantes del país. Aquella reunión dejó algo más que una norma técnica: reveló, desde el interior mismo del régimen, hasta qué punto ciertos nombres empresarios podían pesar sobre las decisiones del Estado. #Acindar #Ley22491 #DictaduraCivicoMilitar #HistoriaArgentina #EconomiaArgentina #DeudaEnDolares #ComisionNacionalDeValores #MemoriaHistorica #20DeAgosto #VillaConstitucion #ArgentineHistory #EconomicHistory #CorporateDebt #StateAndBusiness #HistoricalMemory #MendozAntigua
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