18 DE AGOSTO DE 1980: EL MEMORANDO QUE SE PREGUNTÓ SI VIDELA ERA “PRISIONERO” DE LA INTELIGENCIA MILITAR Y LOS OCHO DECRETOS SECRETOS DE AQUEL MISMO DÍA —

El 18 de agosto de 1980, mientras Jorge Rafael Videla ocupaba la presidencia de facto de la Argentina, un funcionario político de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires escribió un memorando que, décadas después, se convertiría en una extraordinaria ventana hacia las luchas internas del régimen militar. El documento llevaba un título tan inquietante como revelador: “Hypothesis — The GOA As Prisoner of Army Intelligence”, es decir, “Hipótesis: el Gobierno argentino como prisionero de la Inteligencia del Ejército”. Su autor, Townsend B. Friedman, no afirmaba haber demostrado semejante situación: planteaba una hipótesis sobre hasta qué punto los niveles políticos del gobierno podían controlar al aparato de inteligencia, especialmente al Batallón de Inteligencia 601. Friedman mencionaba una sucesión de hechos que, a su juicio, estaban causando un serio costo político y diplomático: los secuestros de argentinos ocurridos en Perú, la aparición en Madrid del cadáver de Esther Gianetti de Molfino y la actuación atribuida a los servicios argentinos en Bolivia. El caso peruano había comenzado en junio de 1980, cuando Esther Gianetti de Molfino, María Inés Raverta y Julio César Ramírez fueron secuestrados en Lima; Federico Frías Alberga, capturado previamente, también terminó desaparecido. Documentos estadounidenses posteriores describieron una coordinación entre organismos de inteligencia de Argentina, Perú y Bolivia y vincularon directamente la operación con agentes del Batallón 601. El cuerpo de Gianetti de Molfino apareció semanas después en un departamento de Madrid, episodio que los documentos desclasificados interpretaron como parte de una maniobra destinada a encubrir lo sucedido. El memorando del 18 de agosto contenía además una observación demoledora: para Friedman, continuar asesinando montoneros sin debido proceso ya no podía justificarse siquiera desde un criterio de seguridad y estaba ocasionando un enorme perjuicio a las relaciones internacionales de la Argentina. También se preguntaba si Videla y otros sectores de la conducción militar eran realmente capaces de detener al 601, llegando a especular con que podían haberse convertido en “prisioneros y víctimas” de los propios servicios de inteligencia. Era, insistimos, una interpretación del diplomático estadounidense, pero resulta excepcional por haber quedado escrita dentro de la propia documentación oficial norteamericana de aquellos años. El National Security Archive preserva y publicó ese memorando junto con otros documentos sobre la represión transnacional y la denominada Operación Cóndor. Pero el 18 de agosto de 1980 escondía otra historia igualmente sorprendente. Al revisar la documentación argentina aparecen al menos OCHO decretos secretos o reservados firmados ese mismo día: el 1679/80 y los 1689, 1690, 1692, 1693, 1694, 1695 y 1696/80. El primero modificaba la forma de arresto de dos personas detenidas a disposición del Poder Ejecutivo y les permitía permanecer y desplazarse dentro del ejido urbano de Bahía Blanca bajo control policial; permaneció secreto hasta su publicación en 2013. Los otros siete fueron publicados recién el 4 de marzo de 2015, casi 35 años después de haber sido dictados. Entre ellos aparece uno de los episodios más llamativos: el Decreto Secreto 1689/80 sancionó a un cabo primero músico con seis meses de recargo de servicio, destitución y pérdida de los derechos que poseía frente al Estado como integrante de las Fuerzas Armadas por haber cometido una “primera deserción simple”. El Decreto 1690 castigó con un año de recargo y destitución a un sargento primero mecánico motorista por una segunda deserción simple, mientras que el 1692 impuso tres meses y destitución a un cabo de Infantería. Los restantes revelan otra dimensión del secreto militar: el Decreto 1693 destinó durante 760 días a un capitán de navío al Reino Unido como miembro permanente ante la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental; el 1694 envió también por 760 días al capitán de fragata de Infantería de Marina Rodolfo José Alonso a Ecuador para desempeñarse como asesor de Infantería de Marina de la Armada ecuatoriana; el 1695 elevó de 30.000 a 31.439 dólares un monto previsto en un decreto anterior; y el 1696 destinó personal a Wichita, Kansas, para cursos de mantenimiento de instrumental de los aviones Twin Otter y helicópteros Bell 212, con 12.000 dólares destinados a matrículas. La razón por la cual hoy podemos consultar buena parte de aquel universo documental está vinculada al Decreto 2103/2012, que dejó sin efecto —con determinadas excepciones— el carácter secreto o reservado de miles de decretos y decisiones administrativas anteriores. De allí surgieron sucesivas publicaciones oficiales que permitieron conocer decisiones que durante décadas habían permanecido fuera del alcance público. Así, aquel 18 de agosto de 1980 quedó atravesado por dos mundos paralelos: mientras desde la Embajada estadounidense un diplomático se preguntaba cuánto control conservaba realmente la conducción política de la dictadura sobre su aparato clandestino de inteligencia, dentro del Estado argentino se firmaban decretos que los ciudadanos tardarían entre 33 y 35 años en poder leer. Dos conjuntos documentales diferentes, conservados a miles de kilómetros uno del otro, que hoy permiten observar desde dentro las sombras, contradicciones y mecanismos de poder de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina. #MendozAntigua #HistoriaArgentina #DictaduraArgentina #MemoriaVerdadYJusticia #Batallon601 #DocumentosDesclasificados #ArchivosSecretos #Historia #Argentina1980 #OperacionCondor #DerechosHumanos #DecretosSecretos #JorgeRafaelVidela #ArgentineHistory #DeclassifiedDocuments #DirtyWar #OperationCondor #HumanRights #SecretDocuments #ColdWarHistory #HistoricalArchives