El 1 de agosto de 1973, mientras Raúl Alberto Lastiri ejercía interinamente la Presidencia y el peronismo avanzaba hacia el regreso electoral de Juan Domingo Perón, el Congreso sancionó la Ley 20.520, una de las transformaciones financieras más profundas y discutidas de aquella etapa: la llamada nacionalización o centralización de los depósitos bancarios. La norma dispuso que los bancos comerciales, hipotecarios, de inversión y desarrollo, las compañías financieras, las cajas de crédito y otras entidades transfirieran contablemente al Banco Central de la República Argentina todos los depósitos y las distintas formas de captación de fondos del público. Desde entonces, esas instituciones podían continuar recibiendo clientes, administrando cuentas y efectuando pagos y retiros, pero lo harían como representantes legales del BCRA y no podrían utilizar libremente los recursos depositados para prestar o invertir sin su autorización. No se trataba de trasladar físicamente millones de billetes hacia una enorme bóveda estatal ni de inmovilizar los ahorros de la población. El cambio era jurídico, contable y político: el Banco Central pasaba a controlar el destino general del dinero captado por el sistema financiero y podía devolver recursos a las entidades mediante adelantos y redescuentos, considerando prioridades productivas, sectoriales y regionales. El objetivo era que el crédito dejara de responder solamente a las decisiones comerciales de cada banco y se convirtiera en una herramienta de planificación económica. El BCRA podía favorecer actividades consideradas estratégicas, promover inversiones en determinadas provincias, fijar las tasas pagadas a los ahorristas y establecer condiciones diferentes según la clase de entidad o la región del país. La ley incorporó además una garantía extraordinariamente amplia: la Nación respaldaba el reintegro de la totalidad de los depósitos comprendidos por el régimen, sin límites relacionados con el monto depositado ni con la identidad de sus titulares. Los bancos, por su parte, recibían una comisión del Banco Central por continuar administrando las cuentas y atendiendo al público. La medida formaba parte de la política de fuerte intervención estatal impulsada durante el tercer ciclo de gobiernos peronistas y se relacionaba con el programa económico conducido por José Ber Gelbard, que buscaba orientar el ahorro hacia la producción, fortalecer el mercado interno y coordinar al Estado, los empresarios y los trabajadores mediante el denominado Pacto Social. La transformación no comenzó a funcionar exactamente aquel 1 de agosto: ese día fue aprobada por el Congreso. La ley fue promulgada el 16 de agosto y publicada oficialmente el día 22. El Banco Central debía ponerla en marcha dentro de los 45 días siguientes para los bancos y en un plazo máximo de 180 días para el resto de las entidades financieras. Así, durante uno de los períodos políticos más intensos de la historia argentina, el Estado buscó colocar el corazón del sistema bancario bajo una conducción centralizada. El experimento duraría pocos años: después del golpe de Estado de 1976 y del cambio radical de orientación económica, la Ley 20.520 fue derogada en enero de 1977, dando paso a un sistema financiero mucho más liberalizado. #ArgentineHistory #EconomicHistory #BankingHistory #CentralBank #FinancialHistory #Argentina1973 #JuanDomingoPeron #HistoricEvents #PoliticalHistory #LatinAmericanHistory #OnThisDay #HistoryMatters #HistoriaArgentina #Efemérides #BancoCentral #BCRA #EconomíaArgentina #HistoriaEconómica #Peronismo #RaúlLastiri #JuanDomingoPerón #JoséBerGelbard #SistemaBancario #Argentina1973 #MemoriaHistórica #MendozAntigua
No hay comentarios.:
Publicar un comentario