6 DE AGOSTO DE 2001: EL AJUSTE QUE PARALIZÓ LA JUSTICIA MENDOCINA

El 6 de agosto de 2001, la crisis económica dejó de ser solamente una sucesión de números, recortes y anuncios oficiales: atravesó las puertas de los tribunales y alteró el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado. Ese día, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dictó la Acordada N.º 17.168 bis, mediante la cual declaró inhábiles para el Poder Judicial los días 3 y 6 de agosto. La resolución aclaró que conservarían plena validez los actos procesales que hubieran sido realizados regularmente y fue firmada por el presidente del máximo tribunal, Pedro Jorge Llorente, junto con los ministros Aída Kemelmajer de Carlucci y Carlos Böhm. La interrupción del servicio no fue un episodio aislado. Dos días después, mediante la Acordada N.º 17.171, la Corte también declaró inhábil el 8 de agosto y exhortó a los empleados que participaban en la suspensión de actividades a regresar a sus puestos, bajo advertencia de aplicar las sanciones correspondientes. En apenas una semana, tres jornadas judiciales habían debido ser declaradas inhábiles, reflejando hasta qué punto el conflicto salarial estaba afectando el funcionamiento institucional de Mendoza. El enfrentamiento había estallado en medio de una de las etapas más críticas de la economía argentina. El 24 de julio, el gobernador Roberto Iglesias anunció un ajuste provincial de 88 millones de pesos: 46 millones debían obtenerse mediante reducciones salariales y otros 42 millones a través de menores gastos operativos. Los descuentos afectarían a aproximadamente 39.000 trabajadores estatales que percibían más de 500 pesos y serían progresivos: 9%, 11%, 16% y hasta 20% para los ingresos más elevados. La medida coincidió con la aprobación nacional de la Ley 25.453 de Equilibrio Fiscal, conocida como Ley de Déficit Cero, sancionada el 30 de julio y publicada oficialmente al día siguiente. La disputa alcanzó su punto más delicado dentro del Poder Judicial. Mientras el Ejecutivo reclamaba una reducción del 20% para magistrados y funcionarios, la Suprema Corte propuso que los jueces aportaran voluntariamente el 10% de sus salarios a un fondo solidario. Cerca de 300 magistrados se resistían a una quita mayor, amparándose en la intangibilidad constitucional de sus remuneraciones. Los empleados judiciales alcanzados por el ajuste y los propios ministros de la Corte ofrecieron trabajar una hora adicional cada día para conservar sus ingresos. Desde el Gobierno rechazaron la propuesta con una frase que resumió brutalmente el drama de aquel momento: “lo que falta es plata”. Aquel 6 de agosto no se derrumbó el edificio de Tribunales, pero durante unas horas se paralizó su maquinaria. Expedientes, audiencias y plazos quedaron atrapados en una pelea que enfrentaba la necesidad fiscal del Gobierno, los derechos de los trabajadores y la independencia económica del Poder Judicial. Fue una advertencia anticipada de la tormenta que, pocos meses después, estallaría en toda la Argentina: cuando el dinero desaparece de las cuentas públicas, incluso la Justicia puede verse obligada a detener el reloj. #Mendoza #MendozAntigua #HistoriaDeMendoza #EfemeridesMendocinas #CrisisDel2001 #Argentina2001 #JusticiaMendocina #SupremaCorte #PoderJudicial #RobertoIglesias #DeficitCero #HistoriaArgentina #MemoriaHistorica #MendozaHistory #ArgentinaHistory #EconomicCrisis #JudicialHistory #HistoricalMemory