El 10 de agosto de 1975, más de siete meses antes del golpe de Estado que derrocaría a María Estela Martínez de Perón, comenzó uno de los períodos documentados de encarcelamiento de Pedro Víctor Coria en la Penitenciaría Provincial de Mendoza. La fecha resulta especialmente significativa porque permite observar algo que los juicios por crímenes de lesa humanidad reconstruyeron décadas después: la maquinaria represiva mendocina no apareció de improviso el 24 de marzo de 1976; tenía antecedentes, estructuras, hombres y métodos que ya actuaban durante el gobierno constitucional. El propio Tribunal Oral Federal de Mendoza describió posteriormente una primera etapa del terrorismo estatal provincial que se extendió desde el retorno democrático de 1973 hasta el golpe de 1976 y señaló la actuación de organizaciones parapoliciales surgidas de sectores de la policía local, junto al D-2 de la Policía de Mendoza, la Policía Federal y, posteriormente, las Fuerzas Armadas. Pedro Víctor Coria militaba en la Juventud Peronista. Según documentación difundida oficialmente por el Gobierno de Mendoza a partir de testimonios del denominado Megajuicio, fue detenido por personal policial junto con su hermano Daniel Mario Coria y Daniel Ignacio Paradiso el 29 de julio de 1975. Su testimonio reconstruyó su paso por la Seccional 16 de Las Heras y relató que fue sacado vendado hacia un campo cercano, donde fue interrogado bajo tortura y sometido a picana eléctrica. La documentación provincial registra que el 10 de agosto de 1975 ingresó a la Penitenciaría de Mendoza, donde permaneció en ese primer tramo hasta el 27 de septiembre de 1976. Más tarde volvería a esa prisión en otros períodos, acumulando cerca de cinco años de encierro allí, además de pasar por distintas cárceles y dependencias del país. El episodio adquiere todavía mayor dimensión cuando se lo ubica en la Argentina de aquellos meses. Desde el 7 de noviembre de 1974 todo el territorio nacional se encontraba bajo estado de sitio, dispuesto mediante el Decreto 1368/74. Y el 5 de febrero de 1975, el gobierno de Isabel Perón había firmado el Decreto 261/75, que ordenó al Ejército ejecutar en Tucumán las operaciones militares necesarias para “neutralizar y/o aniquilar” el accionar de las organizaciones consideradas subversivas. Aquella disposición se aplicaba específicamente a Tucumán, pero constituye una pieza fundamental para comprender la creciente militarización de la respuesta estatal durante 1975. Años después, la Justicia Federal establecería al analizar el contexto histórico de Mendoza que secuestros, detenciones clandestinas y mecanismos represivos ya se habían producido antes del golpe, y que en la provincia operaban durante aquella primera fase el Comando Anticomunista Mendoza, el Comando Moralizador Pío XII, el D-2, la Policía Federal y estructuras estatales; hacia fines de 1975 se incorporaría además el Ejército en la conducción de la denominada lucha antisubversiva. El Tribunal señaló incluso que existían personas que ya se encontraban privadas de su libertad en el D-2, unidades militares o la Penitenciaría Provincial antes del 24 de marzo. Por eso, el 10 de agosto de 1975 no es simplemente una fecha dentro del prontuario penitenciario de un detenido. Es una ventana hacia uno de los períodos más turbulentos y dolorosos de la historia argentina: un tiempo de violencia política, organizaciones armadas, atentados, persecuciones y una respuesta estatal que progresivamente atravesó los límites de la legalidad. En el caso de Coria, los tribunales y testimonios reunidos muchos años después permitieron reconstruir detenciones, traslados y denuncias de tortura ocurridos cuando todavía funcionaban las instituciones constitucionales. La dictadura del 24 de marzo de 1976 llevaría esa estructura represiva a una escala sistemática y nacional, pero la historia judicial de Mendoza demuestra que parte de sus antecedentes ya estaba funcionando mucho antes. Esa es quizá la dimensión más inquietante de esta efeméride: recordar que los grandes quiebres históricos rara vez comienzan exactamente el día que aparece en los manuales. #Mendoza #MendozAntigua #HistoriaDeMendoza #HistoriaArgentina #10DeAgosto #PedroVictorCoria #PedroCoria #1975 #Memoria #Historia #DerechosHumanos #MemoriaVerdadYJusticia #TerrorismoDeEstado #DictaduraArgentina #JuventudPeronista #PenitenciariaDeMendoza #NuncaMas #ArgentinaHistory #MendozaHistory #HumanRights #HistoricalMemory #ArgentineHistory #NeverAgain #StateTerrorism
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lunes, 10 de agosto de 2026
TÍTULO: 10 DE AGOSTO DE 1975: LA REPRESIÓN YA HABÍA COMENZADO EN MENDOZA — EL CASO PEDRO CORIA, TORTURAS Y CÁRCELES ANTES DEL GOLPE DEL 24 DE MARZO
El 10 de agosto de 1975, más de siete meses antes del golpe de Estado que derrocaría a María Estela Martínez de Perón, comenzó uno de los períodos documentados de encarcelamiento de Pedro Víctor Coria en la Penitenciaría Provincial de Mendoza. La fecha resulta especialmente significativa porque permite observar algo que los juicios por crímenes de lesa humanidad reconstruyeron décadas después: la maquinaria represiva mendocina no apareció de improviso el 24 de marzo de 1976; tenía antecedentes, estructuras, hombres y métodos que ya actuaban durante el gobierno constitucional. El propio Tribunal Oral Federal de Mendoza describió posteriormente una primera etapa del terrorismo estatal provincial que se extendió desde el retorno democrático de 1973 hasta el golpe de 1976 y señaló la actuación de organizaciones parapoliciales surgidas de sectores de la policía local, junto al D-2 de la Policía de Mendoza, la Policía Federal y, posteriormente, las Fuerzas Armadas. Pedro Víctor Coria militaba en la Juventud Peronista. Según documentación difundida oficialmente por el Gobierno de Mendoza a partir de testimonios del denominado Megajuicio, fue detenido por personal policial junto con su hermano Daniel Mario Coria y Daniel Ignacio Paradiso el 29 de julio de 1975. Su testimonio reconstruyó su paso por la Seccional 16 de Las Heras y relató que fue sacado vendado hacia un campo cercano, donde fue interrogado bajo tortura y sometido a picana eléctrica. La documentación provincial registra que el 10 de agosto de 1975 ingresó a la Penitenciaría de Mendoza, donde permaneció en ese primer tramo hasta el 27 de septiembre de 1976. Más tarde volvería a esa prisión en otros períodos, acumulando cerca de cinco años de encierro allí, además de pasar por distintas cárceles y dependencias del país. El episodio adquiere todavía mayor dimensión cuando se lo ubica en la Argentina de aquellos meses. Desde el 7 de noviembre de 1974 todo el territorio nacional se encontraba bajo estado de sitio, dispuesto mediante el Decreto 1368/74. Y el 5 de febrero de 1975, el gobierno de Isabel Perón había firmado el Decreto 261/75, que ordenó al Ejército ejecutar en Tucumán las operaciones militares necesarias para “neutralizar y/o aniquilar” el accionar de las organizaciones consideradas subversivas. Aquella disposición se aplicaba específicamente a Tucumán, pero constituye una pieza fundamental para comprender la creciente militarización de la respuesta estatal durante 1975. Años después, la Justicia Federal establecería al analizar el contexto histórico de Mendoza que secuestros, detenciones clandestinas y mecanismos represivos ya se habían producido antes del golpe, y que en la provincia operaban durante aquella primera fase el Comando Anticomunista Mendoza, el Comando Moralizador Pío XII, el D-2, la Policía Federal y estructuras estatales; hacia fines de 1975 se incorporaría además el Ejército en la conducción de la denominada lucha antisubversiva. El Tribunal señaló incluso que existían personas que ya se encontraban privadas de su libertad en el D-2, unidades militares o la Penitenciaría Provincial antes del 24 de marzo. Por eso, el 10 de agosto de 1975 no es simplemente una fecha dentro del prontuario penitenciario de un detenido. Es una ventana hacia uno de los períodos más turbulentos y dolorosos de la historia argentina: un tiempo de violencia política, organizaciones armadas, atentados, persecuciones y una respuesta estatal que progresivamente atravesó los límites de la legalidad. En el caso de Coria, los tribunales y testimonios reunidos muchos años después permitieron reconstruir detenciones, traslados y denuncias de tortura ocurridos cuando todavía funcionaban las instituciones constitucionales. La dictadura del 24 de marzo de 1976 llevaría esa estructura represiva a una escala sistemática y nacional, pero la historia judicial de Mendoza demuestra que parte de sus antecedentes ya estaba funcionando mucho antes. Esa es quizá la dimensión más inquietante de esta efeméride: recordar que los grandes quiebres históricos rara vez comienzan exactamente el día que aparece en los manuales. #Mendoza #MendozAntigua #HistoriaDeMendoza #HistoriaArgentina #10DeAgosto #PedroVictorCoria #PedroCoria #1975 #Memoria #Historia #DerechosHumanos #MemoriaVerdadYJusticia #TerrorismoDeEstado #DictaduraArgentina #JuventudPeronista #PenitenciariaDeMendoza #NuncaMas #ArgentinaHistory #MendozaHistory #HumanRights #HistoricalMemory #ArgentineHistory #NeverAgain #StateTerrorism
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