El 8 de agosto de 1997, Santiago de Chile fue escenario de uno de los movimientos jurídicos y políticos más audaces de la integración entre Argentina y Chile. Durante la visita de Estado de Carlos Saúl Menem al presidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ambos gobiernos consagraron un paquete de acuerdos que buscaba transformar una frontera históricamente concebida como línea de separación en un espacio de cooperación. Entre ellos sobresalió el Tratado sobre Controles Integrados de Frontera, un documento de 25 artículos tan particular que, salvando las distancias, podría describirse como una especie de “Constitución operativa de la frontera argentino-chilena”. No fue un acuerdo aislado. La declaración conjunta del 8 de agosto registró también un protocolo de cooperación forestal, un Acuerdo de Cooperación en Materia de Catástrofes, un reglamento para los Comités de Frontera, normas complementarias sobre apertura y cierre de pasos fronterizos y un convenio de intercambio juvenil. En otras palabras, aquella jornada no trató simplemente de acelerar una fila de automóviles ante una aduana: buscaba construir un verdadero entramado institucional entre los dos países. Y Mendoza había ocupado el centro de la escena apenas 24 horas antes. El 7 de agosto de 1997, Menem y Frei inauguraron el gasoducto binacional GasAndes mediante dos ceremonias, una en Mendoza y otra en Santiago. La propia declaración presidencial destacó la inauguración de la conexión energética Mendoza-Santiago como una obra especialmente significativa para la complementación entre ambas economías. Décadas después, la Presidencia argentina volvió a recordar oficialmente aquellas dos ceremonias al celebrarse el primer trillón de pies cúbicos de gas transportado por GasAndes. Fueron, literalmente, unas 48 horas de integración: Mendoza, Cordillera, Santiago y La Moneda. Pero lo más extraordinario estaba escondido en la letra jurídica del tratado. El acuerdo creó las denominadas Áreas de Control Integrado, que podían establecerse completamente de un solo lado de la línea internacional, sobre el propio límite o a ambos lados. Allí, funcionarios argentinos y chilenos podían realizar conjuntamente controles migratorios, aduaneros, sanitarios y de transporte. Y aquí aparece uno de esos datos históricos que parecen increíbles hasta que se lee el documento original: dentro de un Área de Control Integrado ubicada en territorio argentino podían actuar funcionarios chilenos aplicando las disposiciones chilenas correspondientes al control, y exactamente lo mismo podía suceder a la inversa. El artículo 3 estableció que las normas aduaneras, migratorias, sanitarias y de transporte del país limítrofe tendrían plena vigencia dentro del área y que, a esos efectos específicos, la jurisdicción y competencia de sus órganos y funcionarios se considerarían extendidas hasta allí. Eso no significaba entregar soberanía ni ceder territorio. El propio tratado define al “País Sede” como aquel en cuyo territorio se encuentra el Área de Control Integrado. Lo novedoso era otra cosa: permitir que determinadas competencias administrativas cruzaran jurídicamente la frontera para evitar duplicaciones y agilizar el tránsito. Una frontera física seguía existiendo, pero ciertos procedimientos dejaban de estar rígidamente atados a ella. El detalle se vuelve todavía más llamativo. Los funcionarios del país vecino podían entrar al Área de Control Integrado acreditando su identidad y cargo y, cuando correspondiera, debían trabajar con sus propios uniformes nacionales o con una identificación visible de su país. Además, los organismos de cada Estado quedaron autorizados a cobrar allí tributos, tasas y otros gravámenes establecidos por su propia legislación, pudiendo transferir luego directamente esas recaudaciones. Hay incluso otra cláusula sorprendente: si un funcionario del país limítrofe cometía una infracción contra la legislación de su propio Estado mientras actuaba en el Área de Control Integrado, el tratado disponía que podía ser sometido a los tribunales de su país y juzgado conforme a sus propias leyes. Era un sofisticado mecanismo jurídico pensado para hacer funcionar dos administraciones nacionales dentro de un mismo recinto fronterizo sin confundir sus respectivas competencias. La importancia de aquel acuerdo no terminó en los años noventa. Argentina lo incorporó a su derecho interno mediante la Ley 25.229, y normas nacionales posteriores siguieron citándolo como uno de los marcos jurídicos de los controles integrados con Chile. En Mendoza, el Sistema Cristo Redentor continúa siendo el ejemplo emblemático: la información oficial argentina identifica actualmente a Los Horcones como Área de Control Integrado para determinada modalidad de ingreso al país y mantiene al corredor como una de las principales conexiones terrestres entre ambas naciones. Aquellas jornadas del 7 y 8 de agosto de 1997 dejaron así una postal singular de los años noventa: un día, Menem y Frei abrían una válvula para hacer cruzar gas natural debajo de la Cordillera; al siguiente, sus gobiernos avanzaban en un sistema que permitía que funcionarios, controles y hasta determinadas normas administrativas cruzaran jurídicamente esa misma montaña. Mendoza no fue una espectadora de aquella historia: fue una de sus principales puertas de entrada. #MendozAntigua #Mendoza #Argentina #Chile #CarlosMenem #EduardoFrei #HistoriaArgentina #HistoriaDeChile #Efemerides #8DeAgosto #CordilleraDeLosAndes #CristoRedentor #PasoCristoRedentor #GasAndes #IntegracionRegional #Frontera #HistoriaDeMendoza #RelacionesArgentinaChile #PatrimonioHistorico #MemoriaHistorica #ArgentineHistory #ChileanHistory #ArgentinaChile #Andes #BorderHistory #SouthAmericanHistory #LatinAmericanHistory #RegionalIntegration #GasAndes #HistoricalMemory
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